La causa por delitos de lesa humanidad denominada "Ingenio Fronterita" es una de las más importantes en el contexto de nuestra provincia, el NOA y todo el país. Así como el Ingenio Ledesma de Blaquier en Jujuy o La Veloz del Norte de Levin en Salta, en Tucumán juzgamos a los empresarios dueños del Ingenio La Fronterita dónde para el año 1975 se instalo una base que funcionó como centro clandestino de detención y tortura. Por allí pasaron en su mayoría trabajadores y pobladores de las colonias del propio ingenio y alrededores.

Es la primera causa en nuestra provincia que lleva a debate oral la participación de actores económicos en delitos de lesa humanidad durante el Terrorismo de Estado. El avance del juzgamiento de las responsabilidades empresariales por delitos de lesa humanidad constituye uno de los desafíos más importantes del proceso de memoria, verdad y justicia de nuestro país.

Por ello, ANDHES decidió representar a los familiares de Fidel Jacobo Ortiz, trabajador y dirigente gremial del Ingenio La Fronterita, quien fuera secuestrado de su propia casa (ubicada en un predio de propiedad del mismo ingenio) y continúa desaparecido hasta la actualidad.

Contexto Histórico

El Ingenio La Fronterita fue fundado en la década de 1920 por la familia Minetti, que establecieron la fábrica en las afueras de la localidad de Famaillá.

Durante la investigación se logró determinar que a partir del Operativo Independencia (que tuvo lugar en Tucumán, desde principio de febrero de 1975 hasta el 24 de marzo de 1976), el empresariado a cargo del ingenio cedió sus instalaciones para que funcione un centro clandestino de detención, aportó la logística para que allí se instale una base militar que continuó activa en la gran parte de la última dictadura cívico militar. Además puso a su disposición vehículos y dio información a los militares para que llevaran adelante secuestros, homicidios y desapariciones.

El 5 de febrero de 1975, el Poder Ejecutivo Nacional, a cargo de Estela Martínez de Perón, emitió el Decreto secreto N° 261/75, que ordenó al Ejército Argentino ejecutar las acciones necesarias para “neutralizar y/o aniquilar el accionar de los elementos subversivos” en la provincia de Tucumán.

El OI implicó la ocupación del territorio provincial por parte de las fuerzas del Ejército, que tuvieron bajo su control y dirección a la Policía de Tucumán, a la Policía Federal, a la Gendarmería Nacional y a los servicios penitenciarios. Su conducción estuvo a cargo de la V Brigada de Infantería, con asiento en Tucumán, de la cual dependían regimientos de Tucumán, Salta y Jujuy. Estas unidades del Ejército se desplegaron en el territorio provincial, recibiendo apoyo – y presencia efectiva – de regimientos y unidades de Santiago del Estero, La Rioja, Mendoza, y Córdoba, entre otros.

Los imputados Jorge Figueroa Minetti y Eduardo Butori son acusados de ser participes necesarios de violación de domicilio; privación ilegítima de la libertad con apremios y/o vejaciones; torturas; agresiones sexuales agravadas; homicidio triplemente agravado; asociación ilícita en perjuicio de 68 personas, de las cuales 11 continúan desaparecidas. En su mayoría las víctimas fueron trabajadores del ingenio, referentes sindicales y residentes de las colonias cercanas al ingenio.

En este sentido la complicidad empresarial se vio manifestada por medio de actos de colaboración relevantes que permitieron el secuestro, tortura y desaparición de trabajadores y /o habitantes de las colonias del ingenio y alrededores.

Entre otras cosas, los empresarios son acusados de haber cedido las instalaciones de la empresa para que los militares instalaran una base que funcionó como centro clandestino de detención y torturas, de haber aportado vehículos para ejecutar los secuestros y de haber aportado información sobre los obreros vinculados al sindicato para que los militares ejecuten los operativos. Con la eliminación de la militancia sindical y la desarticulación de la organización de los trabajadores en el ámbito del Ingenio, se redujeron los costos laborales y la empresa obtuvo significativos beneficios económicos.

En la causa se imputaron a seis (6) personas: Jorge Alberto Figueroa Minetti, administrador y miembro del directorio de la firma José Minetti y Cia. Ltda. S.A.C.C.I., y los miembros del directorio de la firma para la época Eduardo Buroti, Alfredo José Martínez Minetti, Fernando Cornú de Olmos, José Camilo Bergero y Carlos Alfredo Allende Pinto.

Sin embargo, solo dos (2) de los seis (6) empresarios se encuentran procesados y a la espera de que llegue el juicio oral. Ellos son Jorge Alberto Figueroa Minetti y Eduardo Butori. Debido al paso del tiempo, tres (3) de los acusados fallecieron y uno (1) tuvo que ser apartado de la causa por cuestiones de salud.

La causa empezó a investigarse en el año 2016, luego de que en la Megacausa “Operativo Independencia” se escucharan testimonios claves que fueron aportados por muchas de las víctimas. En el año 2019 el entonces juez federal de la provincia de Tucuman Daniel Bejas dictó la falta de mérito respecto de los imputados. Posteriormente esa resolución fue apelada por la fiscalía y querella en distintas instancias hasta que el año 2021 se logró revertir esa primera resolución y conseguir el procesamiento y la elevación a juicio oral de la causa. Desde entonces se encuentra en el Tribunal Oral Federal (por sus siglas TOF) de la provincia de Tucumán pendiente de que se fije fecha de debate oral. Actualmente el TOF de Tucumán no cuenta con jueces o juezas propias, por eso el próximo 17 de febrero del corriente año el tribunal será presidido por el Sr. Juez Dr. Enrique Lilljelad (de Catamarca) e integrado por el Sr. Juez Dr. Jorge Abelardo Basbus y la Sra. Jueza Dra.  Ana Carina Farias (ambos de Santiago del Estero) y se llevará adelante la audiencia preliminar donde se espera se defina un calendario de audiencias, es decir se fijen las fechas en que se desarrollará el debate oral.

Impacto social y político

Además del interés del caso a nivel nacional e internacional, ya que son muy poco comunes los litigios donde las empresas o empresarios pueden rendir cuenta por sus responsabilidades en la violación de los derechos humanos, en el plano local existe una importante movilización ya no de quienes fueron víctimas sino de todo aquel que vivió en las colonias del ingenio (las cuales ya no existen). Este fue uno de los grandes desafíos de ANDHES durante el transcurrir del expediente, promover ese interés de los habitantes y familiares. 

Estas acciones en la búsqueda del conocimiento y concientización sobre la causa en las comunidades locales, tuvieron como gran hito la señalización como sitio de memoria en el año 2023 del ex Centro Clandestino de Detención (por sus siglas CCD) que funcionó en el ingenio. Previo a esto en articulación con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación se realizaron algunas jornadas con la participación de víctimas, familiares y ex habitantes de la colonia, donde se discutió sobre lugar y forma del acto de señalización.

Estos actos hacen a la memoria colectiva y sirven para reconstruir algo de los lazos sociales destruidos por el terrorismo de Estado en la provincia de Tucumán.

Recordemos que el procesado Jorge Figueroa Minetti fue reconocido por el municipio de Famaillá como “ciudadano ilustre”, de manera llamativa casi al mismo tiempo que la causa judicial tomaba impulso. Actualmente el Ingenio Fronterita (hoy conocido como ingenio Famaillá) pasó a ser propiedad de una las mayores multinacionales del mundo como lo es la Coca Cola. En la actualidad se encuentra en manos de sus subsidiarias, Arca continental y Salta Refrescos a quienes los Minetti vendieron la fábrica en el año 2016. Recientemente un embargo preventivo sobre los terrenos que aún hoy conserva la empresa Minetti, impidió su venta hacia la Coca Cola de la totalidad de las hectáreas lindantes a la fábrica.

Testimonios

Jacobo Fidel Ortiz nació el 18 de diciembre de 1938, en la localidad de La Aguada (a 5 km de Famaillá), también conocida como Colonia 2, y permanece desaparecido desde el 14 de junio de 1976, es decir cuando tenía 37 años, en plena dictadura militar.

Tenía 11 hermanos y otros 2 hermanastros por parte de su padre, siendo Jacobo Fidel el tercero más grande. Su madre era ama de casa y su padre trabajaba en la industria de las cañas desde muy chico.

Jacobo completó sus estudios primarios en la Escuela de La Rinconada (Famaillá). A los 16 años se casó con Isabel de Jesús Ávila, una joven ama de casa santiagueña de 18 años, con quien posteriormente tuvo 8 hijos (Yolanda, Hortensia, Antonia, Fidel, Sara, Julia, Gaspar y Luis). 

Con 18 años comenzó a trabajar de “entrometido” junto a su padre pelando cañas en el Ingenio de la Fronterita. Fue ascendiendo con el pasar de los años hasta llegar a ser Secretario General del Sindicato de Fábrica y Surco del Ingenio La Fronterita entre 1973 y 1975. Siempre mostró una actitud defensora y atenta ante sus pares, a tal punto de recibir en su casa a trabajadores que buscaban su ayuda. Participó activamente en los paros por el aumento de sueldo dentro de los ingenios en 1975. Era visto como un líder, muy dedicado a su trabajo y muy querido por sus colegas y conocidos. Era alguien muy “familiero”, considerado por muchos como el pilar fundamental de la familia, tanto con sus hijos como también con sus padres y hermanos. Hoy en día la gente lo recuerda con una buena imagen, como alguien amable y predispuesto para ayudar. Jacobo era de estatura media, ni muy alto ni muy petiso, con el pelo lacio y negro  y con un tono de piel morena clara. 

En marzo de 1976 se produjo el primer secuestro, donde dos militares ingresaron cerca de las 23 hs y, de forma pacífica y tranquila, se lo llevaron a Jacobo con ellos. 43 días después es liberado en Manantiales, y días después vuelve a su casa. El 14 de junio del mismo año se produjo el segundo secuestro, de carácter más agresivo y con 6 militares a cargo de la operación. Fidel (uno de sus hijos) recuerda haber escuchado un tiro fuera de la casa minutos después del secuestro. Posteriormente, La Fronterita les saca la casa (perteneciente a una colonia del ingenio) y la familia se ve obligada a mudarse. Isabel de Jesús, quien luchó y buscó a su esposo hasta el último día de su vida, falleció con 70 años y sin encontrar a Jacobo. 

Pensar en la complicidad de parte de los actores económicos con el terrorismo de Estado es, en alguna medida, desenmascarar al verdadero poder. Ese que no tiene los focos de la opinión pública, ese que persiste aunque pasen dictaduras o  gobiernos de distintos signos políticos; ese que hasta el día de hoy tiene el privilegio de la impunidad por sus actos.

Fuentes y recursos:

http://basededatos.parquedelamemoria.org.ar/registros/6662/