“El derecho de ser, el derecho de estar: Orgullo y protección internacional”

Las cifras más recientes de ACNUR pintan un panorama alarmante: más de 122 millones de personas en el mundo se han visto obligadas a abandonar sus hogares. Entre esta multitud forzada al éxodo se encuentran miles de personas LGBTIQ+ que huyen de la violencia sistemática y la persecución, buscando no solo seguridad física sino también la posibilidad de tejer nuevos lazos afectivos y comunitarios.

Sin embargo, este año el orgullo LGBTIQ+ se celebra en un contexto particularmente adverso. El mundo está experimentando un preocupante retroceso en materia de derechos fundamentales, especialmente para las personas trans, migrantes y refugiadas. Países que antes se consideraban bastiones de libertad están implementando políticas que criminalizan la existencia misma de estas comunidades y las excluyen de los espacios de participación ciudadana.

Estados Unidos se ha convertido en triste protagonista de esta regresión. Bajo el pretexto de seguridad nacional, ha desarrollado una maquinaria de persecución que incluye desde hostigamiento sistemático hasta deportaciones masivas. El caso de Andry Hernández, un joven gay venezolano, ejemplifica esta cruel realidad. Perseguido en su país por su orientación sexual, buscó refugio en territorio estadounidense solo para ser detenido arbitrariamente -acusado de pertenecer a una organización criminal por el simple hecho de llevar unos tatuajes- y posteriormente desaparecido por las autoridades migratorias antes de ser deportado ilegalmente a El Salvador.

Esta situación no es exclusiva de Norteamérica. En nuestra región, países como Argentina y Chile han endurecido significativamente sus políticas migratorias, estableciendo barreras burocráticas que hacen casi imposible el acceso al derecho de asilo. La CIDH ha expresado su preocupación ante estas medidas, recordando a los Estados su obligación de garantizar el debido proceso y respetar el principio de no devolución.

Frente a este oscuro panorama, emergen algunas luces de esperanza. Brasil ha renovado su compromiso con la protección de personas LGBTIQ+ refugiadas, reconociendo especialmente los casos de quienes provienen de países donde la diversidad sexual es criminalizada. México, por su parte, está impulsando políticas innovadoras de integración social que incluyen el reconocimiento explícito de los derechos políticos de la comunidad migrante LGBTIQ+.

En este contexto, el Mes del Orgullo adquiere una dimensión profundamente política. Como bien lo expresa la consigna de la marcha mexicana este año: "Diversidad sin fronteras: justicia sin fronteras y dignidad". Se trata de un llamado urgente a reconocer que la lucha por los derechos LGBTIQ+ es inseparable de la defensa de los derechos migratorios y del repudio a todas las formas de violencia institucional.

Desde la Red de Protección LGBTIQ+, hacemos un llamado a todas las organizaciones de la región para que en sus demandas colectivas incluyan la protección integral de las personas LGBTIQ+ en situación de movilidad humana. Como bien lo expresó una activista trans colombiana en la marcha del año pasado: "No somos solo colores en una bandera; somos un proyecto de sociedad".

En este orden de ideas, debemos seguir luchando por un mundo donde todas las personas, sin importar su identidad, orientación o lugar de origen, puedan vivir con dignidad y libres de violencia. Un mundo sin fronteras para la justicia ni límites para la solidaridad.

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