El escrito busca aportar argumentos jurídicos, doctrinarios y contextuales desde una perspectiva de derechos humanos e interculturalidad, a fin de fortalecer el análisis de la Fiscalía en un caso que expone la criminalización de una comunera indígena por el ejercicio legítimo de derechos territoriales reconocidos por la Constitución Nacional, la Constitución de Tucumán y diversos instrumentos internacionales con jerarquía constitucional.
Una causa que pone en cuestión el derecho al territorio y la identidad indígena
El amicus subraya que la imputación penal desconoce derechos fundamentales reconocidos a los pueblos indígenas, entre ellos el derecho a la posesión y propiedad comunitaria de las tierras tradicionalmente ocupadas, el principio de no regresividad, y el reconocimiento de la identidad y pertenencia cultural.
Las organizaciones remarcan que el territorio en cuestión forma parte de la superficie relevada por el Programa Nacional de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas (Ley 26.160), cuyo objetivo es precisamente garantizar el reconocimiento y la protección jurídica de los territorios indígenas, así como la suspensión de desalojos.
En ese marco, ANDHES, APDH y La Ciega sostienen que la intervención penal en este tipo de conflictos vulnera compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino y reproduce prácticas de criminalización que afectan la identidad, la dignidad y la integridad psicosocial de los pueblos indígenas. Sin embargo reconocemos que son instancias donde el poder judicial puede aplicar estándares de DDHH de los Pueblos Indígenas, y los aportes realizados tienen esa finalidad.
La figura del amicus curiae y el compromiso de las organizaciones
El amicus curiae, o “amigo del tribunal”, es una herramienta reconocida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación que permite a organizaciones especializadas en derechos humanos aportar información relevante en causas de interés público. En este caso, la presentación busca contribuir a una resolución ajustada a derecho y promover la incorporación de una perspectiva intercultural en el sistema de justicia provincial.
Desde ANDHES se destaca que este tipo de intervenciones refuerzan el compromiso histórico de la organización con la defensa de los derechos de los pueblos indígenas en el Noroeste Argentino y con la necesidad de avanzar hacia un acceso a la justicia con enfoque de derechos colectivos.
“La criminalización de comuneras y comuneros indígenas por ejercer derechos reconocidos constitucionalmente no sólo es injusta, sino que reproduce desigualdades históricas. Apostamos a que la justicia de Tucumán incorpore una mirada intercultural que reconozca la preexistencia y los derechos de los pueblos indígenas”, expresó Florencia Vallino, directora ejecutiva de ANDHES.
Descargar el amicus curiae completo aquí:
