Planteamos una reflexión crítica y desde los territorios frente a la modificación de la denominación del feriado del 12 de Octubre como “Día de la Raza”. Lejos de ser una modificación sutil o ingenua, es una acción enmarcada en un plan sistemático del gobierno nacional de atacar y establecer en el sentido común de la ciudadanía argentina un enemigo interno: el indígena. Esto tiene consecuencias directas en los cuerpos y territorios de quienes habitamos en las Comunidades Indígenas vinculadas al despojo y la inseguridad jurídica. Todo esto avalado y motorizado por los Poderes del Estado, en particular el poder judicial que avala esta violencia estatal sistemática, en connivencia con las empresas transnacionales que operan en los territorios. Por último buscamos plantear qué nos puede ofrecer el discurso legalista y qué podemos reivindicar desde los territorios para seguir resistiendo.



Introducción

La reciente decisión de modificar la denominación del feriado del 12 de octubre para que vuelva a llamarse oficialmente “Día de la Raza” constituye un preocupante retroceso en la política de derechos humanos y un claro gesto de negacionismo hacia la diversidad cultural que conforma la identidad argentina. Este giro de 180 grados abandona el marco del "Día del Respeto a la Diversidad Cultural", que se había utilizado desde 2010 precisamente para dejar atrás el concepto de "raza" y fomentar un diálogo intercultural y una reflexión histórica, reconociendo a los pueblos originarios.

El concepto de "raza" está intrínsecamente ligado a la lógica colonial y a la violencia que desde la conquista y colonización se ejerce sobre los pueblos de lo que hoy se conoce como América. Con el mito del “crisol de razas” a través de los mecanismos del Estado Nacional, impusieron una identidad nacional efectiva que provocó la invisibilidad étnica originaria siendo los inmigrantes europeos la diversidad aceptada en esa construcción. Lejos de ser un mero término histórico, es activamente reivindicado por el Estado, oficializando un simbólico retroceso en materia de derechos y un gesto de negacionismo hacia la diversidad cultural. 

Este acto refuerza un racismo que no es aislado, sino un componente transversal que se manifiesta en la falta de implementación de derechos y en los conflictos territoriales. La lógica colonial del Estado se materializa en prácticas destinadas al “borramiento” de las formas de vida indígenas. La identidad y la vida, tal como las entienden políticamente los pueblos indígenas, son el "blanco a apuntar" por parte del gobierno, buscando aniquilar los cuerpos, identidades, territorios y vivencias. Somos espectadores de esta lógica estatal que ubica a los pueblos indígenas como destinatarios de los DDO (discursos de odio) cuya efervescencia se ha incrementado notablemente desde la asunción de este nuevo gobierno nacional. 

Las realidades contemporáneas de las comunidades indígenas demuestran que el sistema de extractivismo y despojo actual "nos remite a los oscuros tiempos de la colonia" . De hecho, el llamado "extractivismo verde" (como la expansión del litio o los megaproyectos renovables) reproduce estas mismas lógicas coloniales.

La Continuidad de la Violencia Histórica

El vínculo entre la fecha y la violencia racista no es meramente simbólico. Un trágico ejemplo es el asesinato del comunero Javier Chocobar (Comunidad Chuschagasta) el 12 de octubre de 2009, quien fue asesinado mientras defendía su territorio. El martirio de la comunidad para lograr justicia demoró nueve años, y dicho proceso judicial estuvo sesgado de racismo y discriminación, empleando practicas netamente coloniales y sin perspectiva intercultural por parte de los operadores judiciales. Hoy, la opresión se mantiene a través de mecanismos estatales y económicos que priorizan el lucro individual y los intereses extranjeros. 

El avance de estos intereses y el modelo extractivista, consolidado con leyes como la Ley de Bases y el RIGI en 2024, impulsaron los desalojos de comunidades indígenas del Noroeste Argentino (NOA). Los intereses políticos y económicos puestos en los recursos naturales son los que continúan impulsando los desalojos. Se ha profundizado el hostigamiento hacia comunidades indígenas, con acciones de desalojo cada vez más violentas e irregulares. Esto se agravó con la derogación de la Ley de Emergencia Territorial Indígena (26.160) en 2024, que suspendía los desalojos. 

La derogación de la Ley 26.160 creó un clima de desprotección para las comunidades, reforzando la discriminación y la vulneración histórica de derechos. Esta acción contradice los estándares internacionales, como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. El poder judicial, en general, se caracteriza por su escaso avance en materia de aplicación y protección de derechos de los pueblos indígenas, mostrando una falta de enfoque intercultural competente. Esto se evidencia en sentencias que condenan a comuneros por usurpar el territorio donde siempre vivieron o en casos donde los jueces defienden y resguardan al sector empresarial y los intereses económicos asociados, en lugar de garantizar los derechos de los pueblos preexistentes. ¿Será que la propiedad comunitaria atenta al corazón del sistema republicano colonial? la lógica de la siempre resguardada propiedad privada, donde el racismo se dirige como el discurso del hombre blanco, hegemónico y propietario.

El Racismo como Herramienta Política

El racismo se manifiesta también en los discursos que sostienen y justifican estas políticas de despojo. Existe una estructura colonial que históricamente excluyó a las comunidades indígenas de los debates políticos, y que se alimenta de discursos de odio racial y negacionismo. Declaraciones tales como "los indios no existen" o que "son falsos, se agrupan para apropiarse de tierras fiscales" crecen en el sentido común. Este decir de la desinformación es funcional, ya que otorga un aval al poder político para "poder aniquilar los cuerpos, identidades, territorios, vivencias" de los pueblos indígenas y que esto no tenga una consecuencia sobre quienes avasallan la identidad y territorialidad indígena. 

Los términos del Estado occidental no representan la realidad indígena. La justicia, tal como la conocen los pueblos indígenas, no emana del Estado, sino de la reivindicación de su autogobierno, su autodeterminación y la soberanía alimentaria. 

El retorno al “Día de la Raza” es un intento de revivir un lenguaje que intenta "colonizarnos con papeles" reivndicando la política de desprecio y discriminación. Ignorando que el territorio para los pueblos indígenas es vida y que los pueblos indígenas siguen existiendo y resistiendo. Ni la tierra ni los indígenas son recursos o material muerto ni zona de sacrificio, emergen con resistencia frente a la violencia colonial estatal. El territorio como sujeto político de la mano de la cosmovisión indígena es una concepción que incomoda a los negocios de las grandes empresas y que busca ser silenciada en cada reivindicación de la naturaleza como ser vivo con quien se debe convivir en armonía.

Frente a la regresión de derechos y la violencia estructural, es imperioso que los Estados garanticen el Estado de derecho conforme a la Constitución Nacional (Art. 75 Inc. 17 y 22) y a los estándares internacionales, asegurando la consulta libre, previa e informada, e investigando a fondo la real situación de las comunidades. Es necesario reforzar la lucha colectiva para que los procesos de decisión respeten las voces y los derechos de los pueblos indígenas.

La "raza" es el andamio ideológico que permitió construir Estados nación cohesionados sobre una base profundamente excluyente. Reivindicar este concepto hoy es desenterrar una herida histórica y política que sigue determinando el acceso al territorio, la justicia, la educación y los recursos naturales de nuestros pueblos. En este día debemos recordar que la nación no fue un sueño inclusivo para todos, sino un proyecto que, para incluir a algunos, necesitó racializar y excluir a muchos otros. La lucha actual no es por la raza, sino contra el racismo estructural que aún persiste y que en época de retrocesos democráticos se impone. Y frente a la complicidad de los Estados latinoamericanos con la lógica colonial extractivista, las comunidades indígenas seguirán en un proceso constante de reorganización y resistencia. Las organizaciones de la sociedad civil deben acuerpar estas luchas comunitarias y democráticas, en contraposición a las lógicas individualistas que pretenden la extracción que promueven el despojo y la acumulación de capital, y que ven el territorio como un espacio disponible para el sacrificio, en lugar de reconocerlo como vida.

Colaboradora: Virginia Gareca - Voluntaria del área Derechos de los Pueblos Indígenas de ANDHES Oficina Jujuy

Fuentes:

https://www.filo.news/noticia/2025/10/06/el-gobierno-modifico-el-nombre-del-feriado-del-12-de-octubre-y-volvera-a-llamarse-dia-de-la-raza

https://www.andhes.org.ar/contenido/246/agosto-y-pachamama-desalojos-comunidades-indigenas-noa-politica-despojo-sin-fin.html

https://www.andhes.org.ar/contenido/232/nueva-opinion-consultiva-corte-interamericana-herramienta-para-continuar-defensa-ambiental-nuestros-territorios.html

Javier Chocobar fue un comunero Chuschagasta asesinado el 12 de Octubre en 2009, por el empresario Darío Amín, en complicidad con los ex policías Humberto “Niño” Gómez y Eduardo José del Milagro Valdivieso Sassi en el Paraje El Chorro, mientras defendía su territorio.