Desde ANDHES denunciamos que el Gobierno de Tucumán comenzó a trasladar adolescentes al pabellón designado dentro del Complejo Penitenciario de Benjamín Paz, a pesar de la acción de hábeas corpus correctivo colectivo preventivo presentada el 12 de febrero ante la Corte Suprema de Justicia de Tucumán para evitar un agravamiento ilegítimo de sus condiciones de alojamiento. En el marco de dicha acción se presentaron distintos expertos para advertir por qué la medida vulnera derechos humanos, así la Defensoría Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes; el Comité Nacional de Prevención de la Tortura y organizaciones sociales como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Asociación para la Promoción y Protección de Derechos Humanos XUMEK.

La medida implica alojar adolescentes dentro de un complejo penitenciario destinado a personas adultas, lo que constituye un retroceso grave en materia de derechos humanos y contradice estándares internacionales que rigen la protección de niñas, niños y adolescentes.

El traslado se realiza en tiempos precipitados sin que exista una fundamentación clara sobre su urgencia o necesidad, y bajo un enfoque punitivo que desnaturaliza el sentido socioeducativo que debe tener cualquier intervención estatal frente a adolescentes en conflicto con la ley penal.

Desde ANDHES advertimos que esta decisión vulnera el principio de especialidad del sistema penal juvenil, reconocido en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la normativa nacional vigente. Este principio establece que los adolescentes deben ser alojados en dispositivos especializados, con equipos interdisciplinarios y abordajes socioeducativos, y no dentro de establecimientos penitenciarios pensados para personas adultas.

Además, el traslado agrava las condiciones de alojamiento, expone a los adolescentes a mayores riesgos institucionales y debilita los vínculos familiares y comunitarios (por la enorme distancia con sus domicilios) que son fundamentales para cualquier proceso de acompañamiento y reintegración social.

La privación de libertad de adolescentes debe ser una medida excepcional, con finalidad socioeducativa y orientada a la restitución de derechos, y no una forma de castigo o disciplinamiento.

La falta de respuesta de la Corte Suprema provincial a la acción de hábeas corpus, a casi un mes de su presentación y tratándose de una acción urgente, avala la medida de traslado dispuesta por el poder ejecutivo y legitima una grave vulneración de derechos. Si el poder judicial no pone un límite al accionar ilegal del Estado, la República y la división de poderes que establece nuestra Constitución Nacional se convierte en una ficción. 

El operativo desplegado para concretar esta decisión resultó además completamente desproporcionado y carente de perspectiva de derechos de niñas, niños y adolescentes. Se movilizaron numerosos recursos del Estado para trasladar a 7 adolescentes, priorizando la exhibición de las fuerzas policiales, lejos de garantizar protección para los  adolescentes.  

Hacemos responsables al gobierno provincial por la vulneración directa de derechos que implica el traslado de adolescentes al complejo penitenciario de adultos de Benjamín Paz. Esta decisión evidencia una política regresiva que coloca en riesgo sus derechos y su integridad.

El accionar de la Justicia y la afectación en la división de poderes  

Resulta especialmente preocupante el accionar del Poder Judicial  (Jueces de Menores y Corte Suprema) que por acción u omisión hoy permitieron esta vulneración de derechos. El silencio, la demora y la falta de control judicial efectivo frente a una medida claramente cuestionada colocan hoy a la justicia en una posición de responsabilidad frente a este grave atropello, que podría generar consecuencias para el Estado argentino en el marco de los compromisos internacionales asumidos en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes.   En el último tiempo, venimos detectando una seria afectación  en  la división de poderes, ya que no observamos un debido control judicial de diversas acciones del Poder Ejecutivo que vienen afectando derechos de la ciudadanía.   

Organismos nacionales y organizaciones de derechos humanos se presentaron como amicus curiae  

En el marco del hábeas corpus presentado por ANDHES, diversas organizaciones e instituciones especializadas en derechos humanos se presentaron ante la Corte Suprema de Justicia de Tucumán como amicus curiae, aportando argumentos jurídicos y estándares internacionales que advierten sobre la gravedad de la medida.

Entre ellas se encuentran Xumek, la Defensoría Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT).

Las presentaciones señalan que el traslado agrava de forma ilegítima las condiciones de alojamiento de los adolescentes y vulnera el principio de especialidad del sistema penal juvenil, además de afectar gravemente el interés superior del niño, ya que la decisión gubernamental no explica cuál sería la urgencia que justificaría los traslados.

Las intervenciones como amicus curiae permiten que organizaciones con trayectoria en la defensa de derechos humanos aporten evidencia, estándares internacionales y análisis especializado en causas de interés público.

Desde ANDHES reiteramos que la política de “mano dura” no puede imponerse por encima de la ley ni de los derechos de las adolescencias.

Seguiremos utilizando todas las herramientas jurídicas e institucionales disponibles para defender los derechos de niñas, niños y adolescentes en Tucumán y prevenir retrocesos en materia de derechos humanos.