Con el Decreto 467/2026, el Gobierno nacional redujo mecanismos de transparencia y participación ciudadana en la designación de jueces, fiscales y defensores públicos. Aunque el procedimiento previsto por la Constitución no se modifica, la reforma debilita herramientas que durante más de veinte años fortalecieron el control democrático sobre la selección de quienes administran justicia.
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El problema de la inseguridad existe y es innegable, y a todos nos preocupa lógicamente. Pero frente a esto nos preguntamos: ¿bajando la edad de punibilidad vamos a bajar los índices de violencia y de delitos en nuestra sociedad? La respuesta es indudablemente NO. ¿Bajando la edad vamos a hacer que los NNyA cometan menos delitos? La respuesta es NO.
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