En el actual escenario legislativo argentino, la agenda pública se ha visto copada por un debate centrado en la sospecha: la propuesta de endurecer las penas contra las "falsas denuncias" a través del Proyecto de Ley S-0228/2025. Sin embargo, desde una perspectiva de Derechos Humanos, resulta imperativo contrastar este discurso con una certeza masiva y judicialmente comprobada que desangra el tejido social: el incumplimiento sistémico de los deberes alimentarios, una de las formas más extendidas
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El Poder Ejecutivo introdujo en el decreto reglamentario de la Ley 27.275 disposiciones que retroceden en la garantía del derecho de acceso a la información pública, lo que hace peligrar este derecho que garantiza la transparencia y la rendición de cuentas en una sociedad democrática. El acceso a la información permite conocer las decisiones y acciones de las autoridades, lo que contribuye al control del poder.
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