El acceso a la información pública es fundamental para asegurar el efectivo ejercicio de todos los derechos humanos reconocidos por el Estado nacional y provincial, entre ellos, a que las personas puedan acceder libremente a la información en manos del Estado, lo que permite potenciar la participación ciudadana y su influencia en los procesos de toma de decisiones. Este derecho es clave para promover la mejora en la calidad de las políticas públicas y el funcionamiento de los servicios públicos, fomentar el control cívico sobre los actos de gobierno, garantizar la rendición de cuentas de los funcionarios y funcionarias y contribuir a la reducción de la corrupción. Además, permite que quienes ven vulnerados sus derechos más básicos -como la educación, salud y vivienda- puedan conocer cómo se implementan las políticas que deberían garantizar dichos derechos, promoviendo su efectivo ejercicio. Tal como sostuvo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, “el actuar del Estado debe encontrarse regido por los principios de publicidad y transparencia en la gestión pública, lo que hace posible que las personas que se encuentran bajo su jurisdicción ejerzan el control democrático de las gestiones estatales, de forma tal que puedan cuestionar, indagar y considerar si se está dando un adecuado cumplimiento de las funciones públicas. El acceso a la información bajo el control del Estado, que sea de interés público, puede permitir la participación en la gestión pública, a través del control social que se puede ejercer con dicho acceso” (CorteIDH, Caso Claude Reyes y otros vs. Chile, sentencia del 19 de septiembre de 2006, Serie C, 151, párr.92).
