El 23 de mayo ingresó a la Cámara de Diputados un proyecto(1) impulsado por el oficialismo que con el argumento de dar más transparencia y publicidad a la gestión de intereses públicos representa una serie de retrocesos en materia de participación democrática. En este marco, en sesiones informativas distintas organizaciones de la sociedad civil del país acercamos argumentos sobre los diferentes puntos problemáticos del proyecto de ley. El punto central es que equiparar la defensa de derechos humanos con el lobby corporativo supone desconocer la función democrática que cumplen las organizaciones sociales. Desde el NOA advertimos que el proyecto de ley no sólo restringe la libertad de asociación y la participación ciudadana, sino que profundiza procesos de disciplinamiento y reducción del espacio cívico en territorios atravesados por conflictos ambientales, desigualdades históricas y creciente concentración del poder. A continuación desarrollamos los puntos presentados.

Sobre la crítica general al proyecto

En primer lugar, entendemos que este proyecto, bajo el argumento de transparentar la gestión de intereses públicos, incorpora nuevas restricciones a la defensa de derechos humanos y amplía el alcance del poder punitivo sobre las organizaciones sociales.

La definición de “gestión de intereses” prevista en el artículo 2 es particularmente problemática porque su amplitud y su ambigüedad, equipara actividades orientadas a la promoción y defensa de derechos, con acciones de lobby desarrolladas por actores económicos que persiguen intereses económicos corporativos, financieros.

A partir de esa definición, el proyecto introduce nuevas restricciones a la tarea de las organizaciones sociales: nuevas cargas administrativas; nuevas formas de vigilancia a nuestra actividad; nuevas estrategias de estigmatización a quienes reciben fondos de cooperación internacional, además de sanciones administrativas y penales ante incumplimientos. En este sentido, el proyecto agrega nuevas herramientas de control y sanción sobre actividades protegidas por la libertad de asociación, la participación democrática y la defensa de derechos.

Ahora bien, el impacto de esta regulación no será igual en todo el país

Una regulación que desconozca las diferencias sustanciales entre quienes buscan obtener beneficios económicos particulares y quienes participan del debate público para promover derechos, ampliar el acceso a la justicia, fortalecer la participación ciudadana o contribuir al control democrático de las instituciones va a profundizar las asimetrías de poder ya existentes. 

Y esto resulta especialmente preocupante en el Noroeste Argentino.

La democracia sustantiva en nuestra región sólo puede comprenderse plenamente si se reconoce la profundidad de las desigualdades estructurales que la atraviesan. Desigualdades históricas —territoriales, étnicas, de género y de clase— que no operan sólo como carencias socioeconómicas, sino como un orden político que define quién puede participar, quién puede ser escuchado y quién queda sistemáticamente relegado de la toma de decisiones. 

Esta matriz de exclusión, anclada en lógicas coloniales de larga data, ubica a las comunidades indígenas y campesinas; a las mujeres y diversidades, a las niñeces y juventudes del NOA en una posición de desventaja frente a los poderes fácticos y económicos que deciden sobre nuestras vidas y nuestros territorios.

En un escenario marcado por el avance del extractivismo, el deterioro institucional y la emergencia climática: la erosión democrática ya es una realidad —manifestada en prácticas de criminalización, concentración de poder, instrumentalización del sistema de justicia y restricción del espacio cívico— que impacta de manera diferenciada en aquellos colectivos históricamente invisibilizados.

En el NOA, los procesos extractivos han configurado nuevas formas de gobierno que desbordan lo económico y se inscriben en una lógica geopolítica de disciplinamiento y control transnacional. El extractivismo opera como una forma de gobierno que concentra poder, desarticula controles institucionales y restringe la participación democrática.

Esta gobernanza extractiva se sostiene en nociones como “desarrollo nacional”, “progreso” o “transición energética justa”, que funcionan como narrativas de legitimación del despojo territorial, y como colonialismo verde. Bajo estos discursos, se producen suspensiones fácticas de derechos como la consulta previa, protesta social, participación informada y ambiente sano que son relativizados frente a los intereses económicos y geopolíticos. 

El NOA ya es una zona de excepción democrática donde ciertas garantías constitucionales ceden ante los imperativos del mercado. El trabajo sostenido en los territorios por las organizaciones sociales y comunitarias ha permitido documentar estas expresiones concretas de esta erosión democrática. 

En el NOA, esta tendencia se expresa de distintas maneras pero con una misma lógica de restricción de derechos y debilitamiento de la participación democrática. En Jujuy, la reforma constitucional de 2023 consolidó un marco restrictivo del derecho a la protesta, seguido por episodios de represión y criminalización de comunidades indígenas y organizaciones, en un contexto donde los conflictos vinculados al litio, la minería y el acceso al agua se superponen con mayores niveles de silenciamiento político. En Tucumán, desde agosto de 2024 se han multiplicado las detenciones masivas y arbitrarias en barrios populares y se ha profundizado la criminalización de la protesta social. En Salta, donde la minería ocupa un lugar central en la agenda provincial, son las organizaciones sociales, indígenas y comunitarias quienes advierten sobre el estrés hídrico, la fragilidad ambiental y los impactos de la actividad extractiva sobre los territorios y áreas protegidas. Estas experiencias muestran cómo, en distintos contextos provinciales, las organizaciones sociales cumplen un papel central en la defensa de derechos frente a procesos crecientes de concentración de poder y restricción del espacio cívico.

La experiencia territorial también evidencia que este proceso tiene una dimensión específica de género: las mujeres indígenas y campesinas; las mujeres políticas referentes de organizaciones populares, las mujeres sindicalistas enfrentan formas específicas de violencia política, que van desde el hostigamiento — amenazas y estigmatización hasta la sobrecarga de tareas comunitarias y familiares— y que operan en última instancia de manera expulsiva de los espacios públicos. Sin embargo, estas defensoras sostienen espacios de diálogo, educación y comunicación popular que reponen la dimensión ética y relacional de la democracia al colocar el cuidado y la vida en el centro de la agenda política.

En este contexto, la experiencia territorial en el norte argentino evidencia que cada espacio de resistencia, deliberación y palabra pública sostenido por comunidades, organizaciones y defensoras constituye una afirmación de la soberanía popular frente a la captura autoritaria del Estado por intereses extractivos. La lucha por el agua, el territorio y la vida revela así una democracia sustantiva y plural que se encarna en las prácticas colectivas que la mantienen viva.

Es en este escenario, donde resulta imprescindible comprender el papel que desempeñan las organizaciones sociales.

Cumplimos una función democrática insustituible: hacemos comunidad, fortalecemos los lazos sociales, promovemos participación política, promovemos ciudadanía y facilitamos el acceso a la justicia de sectores que, de otro modo, quedarían excluidos de los procesos institucionales.

Por eso, cuando se establece un régimen que amplía el control estatal sobre la incidencia pública de la ciudadanía organizada, que estigmatiza determinadas fuentes de financiamiento, que agrega amenazas de sanciones administrativas y penales sobre actividades protegidas por la libertad de asociación, el derecho a peticionar a las autoridades y la participación democrática, no estamos frente a una medida de transparencia. Estamos frente a una nueva restricción del espacio cívico que debilita la participación democrática, profundiza las asimetrías de poder existentes y reduce la capacidad de las comunidades y organizaciones para controlar, cuestionar e incidir sobre las decisiones que afectan sus derechos, sus territorios, y sus vidas.

En definitiva el efecto buscado por esta regulación es el disciplinamiento de organizaciones, comunidades y personas defensoras de derechos humanos. Particularmente en regiones como el NOA, donde las organizaciones cumplimos un rol fundamental para equilibrar profundas asimetrías de poder, la amenaza de criminalización genera un efecto inhibitorio sobre la participación ciudadana y debilita los mecanismos de control democrático.

Por estas razones, entendemos que este proyecto no fortalece la democracia, no amplía la transparencia pública, no busca regular el lobby. Por el contrario, crea nuevas herramientas de vigilancia, control, disciplinamiento y criminalización sobre actores sociales que cumplen una función esencial en la vida democrática y para la vigencia de nuestros derechos. 

Por ello, consideramos que este proyecto debe ser rechazado.

• (1) Proyecto disponible en el siguiente link: https://www.hcdn.gob.ar/proyectos/detalle_tp_adjunto/index.html?id=292179