En la provincia de Jujuy ya se registraron tres femicidios sólo en el mes de mayo; en Tucumán, se contabilizan tres femicidios en lo que va de 2025; y en Salta, a la fecha, hubo tres femicidios judicialmente caratulados, además de al menos cinco muertes violentas o dudosas de mujeres que están siendo investigadas o que fueron desestimadas sin avances judiciales. Estos datos revelan el abandono estatal y la urgencia de respuestas concretas frente a las violencias de género. Frente a un Estado que se retira, volvimos a marchar exigiendo justicia, memoria y políticas públicas que protejan la vida de mujeres y LGBTINB+.

Ahora que estamos juntas ¿ahora que si nos ven?

  Desde hace 10 años cada 3 de Junio nos convocamos en las calles al grito de “Ni Una Menos” en conmemoración de la masiva movilización que se realizó en distintos puntos del país motivada por el femicidio de la adolescente de 14 años Chiara Paez en la localidad de Rufino (Santa Fé), quien se encontraba embarazada y fue atrozmente asesinada por su pareja en complicidad con su familia. Esta fecha marcó un antes y un después en Argentina, como ejemplo en la región y  réplicas a nivel mundial, en la lucha contra los femicidios y las violencias por motivos de género. 

Visibilizando, a su vez, múltiples demandas sociales acerca de la necesidad de concientización sobre los distintos tipos de violencia, su prevención, la generación de herramientas y dificultades para el acceso a la justicia que luego devinieron en políticas públicas aplicadas con mayor o menor éxito. Desde los feminismos sabíamos que el camino para detener la violencia patriarcal era arduo y lleno de reveses, insistimos en que la inversión pública era necesaria y que todos los sectores de la sociedad se vieran involucrados para frenarla.

Hoy, el gobierno nacional se expresa desde una mirada ultraconservadora que niega derechos, reproduce discursos de odio y se sustenta en prejuicios y desinformación. Nos encontramos con medidas que avasallan los derechos conquistados: se eliminaron programas estratégicos de prevención y asistencia inmediata a las víctimas, amenazan permanentemente con la eliminación de contenidos de Educación Sexual Integral en las escuelas, se incumplen leyes de capacitación en perspectiva de género en los distintos niveles del Estado, y así, en una lista interminable de políticas donde el Estado debería acompañar; hoy se encuentra en retirada, dejándonos casi en situación de desamparo. Este vaciamiento no es neutro: tiene consecuencias concretas sobre nuestras vidas, y pone en riesgo los derechos que supimos conquistar.

No son crímenes pasionales, son feminicidios: mientras gritamos ‘’Ni Una Menos’’, las provincias atraviesan meses trágicos. 

En la provincia de Jujuy, tres femicidios en tan solo 21 días. Tres nombres que se suman a la dolorosa lista de mujeres y adolescentes asesinadas en contextos de violencia machista. Tres historias que no pueden ni deben pasar al olvido. En el 2024 se volvió a declarar en la provincia de Jujuy la Emergencia Pública en Materia de Violencias de Género (Ley Iara N° 6388) pero ¿qué significa eso? ¿Se cumple lo que estipula la Ley? ¿Qué políticas concretas y sistematizadas de prevención y asistencia a las víctimas tenemos en localidades del interior como Pampa Blanca y  Fraile Pintado (de dónde eran dos de las tres víctimas de femicidio que tuvimos durante el mes de Mayo en Jujuy)? ¿Cómo, quiénes, con qué recursos y formación se abordan -en el caso que las haya- las políticas de género? ¿Se contempla una perspectiva interseccional e intercultural? ¿Se trabaja con los varones? ¿Cómo? 

Angelina Gonzalez, de 15 años, fue asesinada por su ex-pareja en Pampa Blanca, a plena luz del día. Tenía toda la vida por delante. Su muerte nos enfrenta, otra vez, al abandono, a la desprotección y a una realidad que viven los y las adolescentes: la de los noviazgos violentos, las pocas herramientas y programas de prevención con los que se cuentan para enfrentarlos.

Paola Vargas, una madre de 37 años, en una tarde de domingo paradójicamente de jornada electoral , fue atacada a puñaladas en su casa de Alto Comedero por su ex-pareja, en presencia de sus hijos mientras intentaba protegerlos. Su agresor, acto seguido, se suicidó. Una escena brutal que deja huellas muy difíciles de borrar, y a una sociedad sin respuestas y sin justicia.

Y el último femicidio registrado en la provincia y que tiene conmocionada a toda una sociedad: Tamara Fierro, quien había desaparecido el 24 de mayo en la localidad yungueña de Fraile Pintado. Cinco días después, sólo sus restos calcinados fueron encontrados en un basural. Se la reconoció por un anillo. Tamara era mamá, estudiaba, trabajaba y había denunciado situaciones de acoso. Su familia hizo todo lo posible para buscarla, pero la respuesta estatal fue lenta, dispersa, insuficiente. Hoy, hay dos detenidos, pero eso no nos devuelve su vida, ni el silencio institucional que la rodeó. Toda una comunidad movilizada que además sufrió la represión y violencia policial mientras intentaba marchar por justicia, otra vez interpelando más a la autoridad policial y a la sociedad, si es más importante el dañar una vivienda, que el exigir justicia porque hoy, nos falta una mujer más .

Estos femicidios no son hechos aislados. Son el resultado directo de un Estado que se retira, que direcciona la mirada hacia otro lado,  que desmantela políticas, que incumple leyes, que deja sin recursos los programas de prevención y que no escucha. Es un hecho que sin inversión, sin formación, sin acceso real a la justicia, sin refugios y/o centros de protección, sin políticas de género con anclaje territorial; ser mujeres hoy en Argentina nos cuesta la vida.

El Gobierno provincial jujeño, evidenció su incapacidad para dar respuesta a la situación. El secretario de Seguridad, Juan Manuel Pulleiro, se refirió al femicidio de Tamara como un “crimen pasional”, un término no solo obsoleto, sino negacionista, en línea de la postura del gobierno nacional; que revela no solo una alarmante falta de formación en perspectiva de género,  sensibilidad frente a una problemática; sino que también niega la responsabilidad estatal frente a un hecho de extrema violencia machista. Estos dichos no son casuales, ya que Pulleiro es un funcionario con antecedentes negacionistas, que renunció a su cargo en la vecina provincia de Salta en un contexto marcado, entre otras cuestiones, por múltiples femicidios. Su designación en Jujuy generó una fuerte polémica y rechazo, incluso dentro de las propias fuerzas de seguridad.

La oposición jujeña tampoco se hace eco de estos reclamos y demandas: ninguno de los principales partidos políticos que se presentaron en las elecciones legislativas del pasado 11 de mayo, puso en su plataforma propuestas sobre la emergencia contra la violencia por motivos de género, a pesar de ser un reclamo que atraviesa a todos los sectores de la sociedad.

Entonces nos preguntamos ¿Los Estados provinciales van a seguir mirando para otro lado mientras nos siguen asesinando?¿Cuántas más nos van a faltar?

A 10 años del primer #NiUnaMenos nos organizamos y movilizamos a lo largo y ancho del país. 

Organizaciones feministas, transfeministas, de derechos humanos, sectores sindicales,  instituciones educativas, organizaciones políticas y comunidades enteras conmocionadas, convocaron a marchar como cada 3 de junio al grito de Ni Una Menos en distintos puntos del NOA. 

En la provincia de Jujuy, las movilizaciones se concentraron en la ciudad de San Salvador pero también tuvieron réplicas multitudinarias en localidades como Fraile Pintado, Calilegua, Yuto, Caimancito, entre otras, donde los pedidos de justicia por Tamara, Paola, Angelina y todas las víctimas de femicidio no han cesado.

En Tucumán, la convocatoria del Ni Una Menos en San Miguel de Tucumán incluyó una concentración con actividades artísticas, mate cocido comunitario y radio abierta en la Plaza Yrigoyen, frente a la Corte Suprema de Justicia de la provincia, desde donde partió la columna marchando hacia Plaza Independencia culminando en un acto central.

En Salta, la jornada del Ni Una Menos fue convocada por la Asamblea Lesbotransfeminista e incluyó desde la mañana una concentración frente a Ciudad Judicial, y por la tarde actividades en la Plaza 9 de Julio, con radio abierta, intervenciones artísticas comunitarias, un pañuelazo y un ritual a la Pachamama como gesto de memoria y resistencia. Desde allí partió la columna hacia el centro de la ciudad, en una movilización que cerró con un acto colectivo.

Las movilizaciones coincidieron en sus denuncias y demandas: el desmantelamiento y cierre de programas nacionales y provinciales, la falta de respuesta estatal ante situaciones de violencia extrema, la creciente criminalización de quienes denuncian o exigen justicia, el vaciamiento institucional en el abordaje de las violencias de género, y la impunidad en causas emblemáticas de violencia machista.

Desde ANDHES seguimos acompañando estos reclamos porque no se trata de números, sino de las vidas que perdemos frente a un Estado que no nos escucha y que hoy más que nunca mira hacia otro lado, negando los femicidios y las violencias contra mujeres y LGBTINB+ como producto de una sociedad machista que nos oprime con políticas de ajuste que se traducen en vidas que ya no están. Hoy lloramos por las pérdidas, pero también nos fortalecemos en el encuentro, la organización y la lucha para poder seguir levantando la voz y generar cambios sociales en cada uno de los espacios de los que somos parte. No solo marchamos por las que ya no están. Marchamos también por las que están en peligro, por las que no tienen a dónde ir, por las que piden ayuda y no la encuentran. Porque merecemos memoria, justicia y políticas públicas que estén a la altura de la urgencia que vivimos.