Miguel tenía 26 años y vivía en el barrio San Cayetano, en San Miguel de Tucumán. Trabajaba en la economía popular y era padre de una niña. Durante años atravesó una situación de consumo problemático de sustancias, en la que buscó distintas formas de recuperarse sin lograrlo. Su historia, como la de tantos jóvenes de sectores populares, refleja un contexto de vulneración de derechos que el Estado no atendió.

El 24 de diciembre de 2016, Miguel fue perseguido y baleado por la espalda por un agente de la Policía de Tucumán, mientras intentaba huir hacia su casa. El disparo, efectuado con una escopeta reglamentaria, impactó en su cabeza a una distancia de pocos metros. Miguel agonizó durante 23 días y falleció el 16 de enero de 2017. Según los testimonios del juicio, después del disparo el agente lo golpeó con la culata del arma mientras estaba en el suelo. Desde entonces, su madre, Ana Reales, viene sosteniendo una búsqueda incansable por justicia, acompañada por ANDHES.

En 2021, el tribunal de primera instancia condenó al policía responsable por homicidio agravado; sin embargo, un año después la Corte Suprema de Tucumán revocó esa sentencia y absolvió al agente, argumentando que actuó en “legítima defensa”. La decisión fue confirmada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cerrando toda posibilidad de revisión interna.

Ante esta situación, ANDHES presentó una petición ante la CIDH denunciando la violación de los derechos a la vida, la integridad personal, las garantías judiciales, la igualdad ante la ley y la protección judicial, en los términos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La organización también señaló la responsabilidad del Estado argentino por no contar con protocolos adecuados de uso de la fuerza policial y de armas menos letales, y por la persistencia de patrones estructurales de impunidad frente a la violencia institucional.

Una acción internacional para no bajar los brazos

Frente al agotamiento de la vía judicial argentina, ANDHES presentó la petición “Reyes vs. Argentina” ante la CIDH, denunciando la violación de los derechos a la vida, la integridad personal, las garantías judiciales, la igualdad ante la ley y la protección judicial, consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

“No bajamos los brazos. Esta presentación es una forma de seguir exigiendo verdad y justicia por Miguel, y de acompañar a su madre Ana, que ha resistido durante todos estos años sin dejar de reclamar. Si el Estado provincial no escucha, agotaremos todas las instancias que sean necesarias”, expresó la Directora Ejecutiva de ANDHES Florencia Vallino.

La presentación internacional busca no solo obtener justicia en este caso, sino también visibilizar la necesidad de reformar las prácticas policiales y judiciales en Tucumán para prevenir nuevos hechos de violencia estatal.