Este 16 de enero de 2026 se cumplen diez años de detención arbitraria de la lideresa social y política Milagro Sala, en la provincia de Jujuy.  Su encarcelamiento, en el marco del ejercicio legítimo del derecho a la protesta social durante la manifestación que conocimos como “el acampe”, marcó un hito en la criminalización de la protesta social y constituyó un punto de inflexión en la institucionalidad democrática provincial. Desde entonces quedó en evidencia cuán fácilmente pueden quebrarse el sistema republicano y el Estado de Derecho frente a proyectos de gobierno fuertemente autoritarios, como el iniciado por Gerardo Morales el 10 de diciembre del año 2015. 

Un aniversario más de aquél 16 de enero de 2016, nos encuentra recordando el momento en que comprendimos que el pedido de “Libertad a Milagro Sala”, no era sólo un slogan, sino el inicio de un largo proceso de resistencia frente al avance sin escalas de un punitivismo disciplinador que empezaba a poner en marcha sus engranajes en Jujuy. 

Primero fue sobre Milagro Sala y la Organización Barrial Tupac Amaru. Después sobre otras organizaciones sociales y sus referentes y referentas. Con el paso de los años, entendimos que el punitivismo como forma de gobierno expandía su alcance y fuerza para castigar a la sociedad civil organizada, estigmatizar la disidencia y convertir a la protesta en motivo de represión y criminalización.

Al asumir como gobernador, Gerardo Morales tuvo claridad sobre la estructura de poder que debía garantizar y sobre los obstáculos que debía remover para ejecutar su plan de gobierno. Cada decisión implicó trazar “nuevas reglas”, vulnerando múltiples derechos y corriendo los límites de lo tolerable en una democracia. 

Entre los principales hitos que marcaron el inicio de su gestión podemos mencionar, al menos, tres:

1. Una serie de leyes que modificaron íntegramente el poder judicial. Entre  ellas se destaca la Ley 5878, sancionada el 15 de diciembre de 2015, que modificó la composición del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy, ampliando su integración, pasó de cinco vocales a nueve, habilitando la designación estratégica de aliados políticos del gobernador. Entre ellos pueden mencionarse Pablo Baca y Beatriz Altamirano, diputados que, en funciones votaron esta ley y, que días después renunciaron a sus bancas legislativas para pasar a ocupar cargos en el máximo tribunal. Ello evidenció una escandalosa intromisión del poder ejecutivo en el poder judicial. Lamentablemente, aún hoy seguimos siendo testigos de nombramientos que responden a decisiones políticas y que sólo deterioran la institución judicial, al designar personas sin concursos transparentes y sin antecedentes para ocupar los cargos.
2. La creación del Ministerio Público de la Acusación, mediante Ley 5895 y el nombramiento de Sergio Lello Sánchez como Fiscal General a cargo de dicha institución, quien fue el brazo ejecutor y el autor intelectual de la estrategia punitiva de las causas que se instaron contra Milagro Sala y contra referentes sociales criminalizados, tanto por ejercer el derecho a la protesta social como por su participación en espacios organizados disidentes al gobierno. Dicen que “quien mal anda mal acaba”, en 2025 Lello Sanchez renunció a su cargo envuelto en un escándalo de denuncias que estarían vinculadas a su mal desempeño en la función pública. 
3. La entrada en vigencia del Código Contravencional (Ley 5860, vigente desde el 1 de enero de 2016 y modificado en 2017 por la Ley 5960), que bajo el eufemismo del orden público y la paz social criminaliza formas históricas de ejercer el derecho a la protesta social, sancionando con multas, arresto y trabajo comunitario la “permanencia injustificada en el espacio público” y la “obstrucción del tránsito vehicular y/o peatonal”. Recordemos que la primera vez que se utilizó esta norma fue en el acampe de la Red de Organizaciones Sociales, donde Milagro Sala y la Organización Barrial Tupac Amaru fueron sancionados no solamente con multas dinerarias, sino también con inhabilitaciones y clausuras. 

En este contexto, Jujuy  fue señalada por primera vez en su historia, por diversos organismos internacionales de derechos humanos por violaciones de derechos humanos, por la privación arbitraria de la libertad de Milagro Sala y por la represión y criminalización de la protesta social. 

La gobernabilidad de la gestión provincial de Gerardo Morales se sostuvo en distintas formas de violencia estatal, en el vaciamiento de la participación popular, pero sobre todo en la consolidación de un entramado de poder orientado a garantizar control, disciplinamiento e impunidad, subordinando las instituciones al mandato político del poder ejecutivo. Estas características se sostuvieron hasta el final de su gestión, en diciembre de 2023;  alcanzaron un punto crítico durante el proceso de reforma de la Constitución Provincial en junio de 2023; y todavía hoy se identifican en distintas prácticas gubernamentales del gobierno actual de Carlos Sadir. 

Lamentablemente, y a pesar de que todavía se encuentra vigente la medida provisional dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a favor de Milagro Sala, con el objetivo de garantizar su vida e integridad física, continúa siendo objeto de medidas de persecución penal y judicial. Estas medidas avanzan ignorando el debilitamiento de su salud, materializando una paradoja de la crueldad que la ha posicionado como su principal víctima. 

Como hace 10 años, desde ANDHES seguimos construyendo estrategias para no perder el eje de lucha colectivo, aquél que entendimos prioritario desde nuestros inicios para defender derechos humanos y para garantizar el acceso a la justicia. 

Seguimos sosteniendo que la libertad de Milagro Sala debe ser inmediata; que la vigencia efectiva de los derechos humanos para todas las personas debe ser una premisa en todos los gobiernos; que la protesta es esencial para la democracia; el derecho no puede aplicarse de manera selectiva ni direccionarse contra personas catalogadas como “enemigos” por los gobiernos de turno; y sobre todo; que no puede haber democracias reales con presos y presas políticos. 

AUTORAS: Malka Manestar y Elena Chavez.