Con una resolución que elude todo análisis sobre la responsabilidad estatal en casos de violencia institucional, la Corte Suprema de Justicia rechazó tratar el recurso por el crimen de Miguel Reyes. La omisión sienta un precedente alarmante y desconoce estándares básicos del sistema interamericano de derechos humanos.
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El asesinato de Miguel Reyes Pérez a manos de la policía tucumana, el juicio que revictimizó a su familia y testigos, y la posterior absolución del acusado por parte de la Corte provincial, ponen en evidencia las fallas estructurales del sistema judicial frente a la violencia institucional. Hoy, la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene la oportunidad de revertir una injusticia que nunca debió ocurrir.
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