El asesinato de Miguel Reyes Pérez a manos de la policía tucumana, el juicio que revictimizó a su familia y testigos, y la posterior absolución del acusado por parte de la Corte provincial, ponen en evidencia las fallas estructurales del sistema judicial frente a la violencia institucional. Hoy, la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene la oportunidad de revertir una injusticia que nunca debió ocurrir.
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