Este viernes 9 de octubre conocimos un nuevo fallo del más alto tribunal de la provincia que una vez más muestra de manera clara su alineación complaciente con la política de estado represiva, de violencia policial y vulneración de derechos, que lleva adelante el Poder Ejecutivo.
Desde la asunción del actual jefe de policía y del actual gobernador, la política de seguridad se viene endureciendo cada vez más. Desde trencitos, detenciones masivas y arbitrarias, presiones y amedrentamiento policial a adolescentes, allanamientos ilegales a operativos “preventivos” violentos y arbitrarios en festejos por partidos de fútbol o en convocatorias populares para homenajear a ídolos como el Indio. Ahora más recientemente se suman Benjamín Paz y un nuevo régimen penal juvenil que castiga a cada vez más temprana edad.
Sin embargo esa violencia se viene manifestando ya hace tiempo. En particular las ejecuciones extrajudiciales en nuestra provincia son, lamentablemente de larga data. En ese marco, el caso de Facundo Ferreira, un niño de tan solo 12 años fue un hito en ese uso excesivo, arbitrario y desproporcionado de la fuerza. Facundo volvía a su casa con un amigo, cuando dos agentes de las fuerzas de seguridad de Tucumán lo identificaron como sospechoso, lo persiguieron y lo ejecutaron por la espalda con balas de goma y plomo.
En su caso dos veces se condenó a los agentes responsables del asesinato de Facundo, en un proceso que lleva 8 años de trámite, por quedar probado que los policías ejercieron de forma abusiva su función e incumplieron con los deberes de funcionario público. En este punto el rol de la Corte Suprema provincial adopta una nueva interpretación de los hechos, que se centra en legitimar el accionar de los agentes que dispararon por la espalda a Facundo, por considerar que había elementos suficientes que justificaban su accionar. Esta decisión abona la versión de los policías, que ubicaba a Facundo como como atacante y que sostuvo que la intervención policial inició porque el niño “circulaba de manera sospechosa”. Los estándares sobre el uso de la fuerza en la materia son claros, y están vigentes en nuestro país y nuestra provincia, más allá de que Tucumán decida incumplirlos sistemáticamente y sostener su política de estado en el avasallamiento de las fuerzas de seguridad.
Para ANDHES este fallo se inscribe en un preocupante retroceso democrático que viene transitando nuestra provincia, donde las libertades y garantías fundamentales se ven cada vez más restringidas. Se evidencia un deterioro de la independencia y equilibrio entre los poderes del Estado. Donde los rasgos autoritarios y de mano dura se profundizan. Este fallo lanza un mensaje claro de impunidad de los hechos de violencia policial, que pone a la sociedad en una posición de desprotección y a las fuerzas de seguridad bajo un manto de protección para actuar fuera de la ley.
Ratificamos de manera contundente el sostén a sus allegados y nuestra firme convicción en la exigencia inquebrantable de justicia. La integridad de las infancias y juventudes demanda el amparo absoluto de las instituciones estatales, las cuales jamás debieran transformarse en la fuente de amenaza a través de los estamentos orientados a resguardarlas
