En la causa encontramos que la Fiscalía utiliza como estrategia de criminalización , la existencia de un episodio colectivo (la protesta del 20 de junio de 2023 día de la jura de la nueva Constitución) para atribuir responsabilidad penal a todos los imputados, sin distinguir suficientemente las conductas individuales. Para el órgano acusador, todos los que participaron de la protesta son coautores porque todos hicieron todas las conductas descritas ( arrojaron piedras , incendiaron la legislatura y rompieron mobiliario, lesionaron policías, prendieron fuego a autos estacionados, dañaron el ascensor urbano, etc). También se han planteado cuestionamientos sobre las garantías procesales y las condiciones en que debía desarrollarse el debate oral.