En un marzo atravesado por el 8M y los 50 años del golpe de Estado, el debate sobre la participación de la sociedad civil en espacios institucionales cobra una dimensión estratégica. En un contexto nacional de retrocesos, discursos de odio y desfinanciamiento de políticas de género, sostener la presencia organizada en ámbitos como el Consejo Asesor de la Ley “Iara” no es un gesto simbólico: es una forma más de defender derechos.
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