Marzo no es un mes más. El 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, nos encuentra en un escenario regresivo en materia de derechos humanos, con un gobierno nacional que relativiza consensos básicos construidos en las últimas décadas y habilita discursos negacionistas y de odio. A ello se suma los 50 años del golpe militar, que nos recuerda que los derechos no son concesiones estáticas sino conquistas históricas, en permanente disputa.
En este contexto, la participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil en espacios institucionales se vuelve una estrategia central. Desde ANDHES después de haber atravesado un proceso público de postulación, formamos parte del Consejo Asesor Ad-Honorem del Consejo Provincial de las Mujeres, Igualdad de Género y Respeto a las Diversidades en la provincia de Jujuy, durante el periodo 2024-2025. Esto en el marco de lo estipulado en la Ley Provincial N.º 6.388 —conocida como Ley “Iara” en conmemoración de la joven palpaleña víctima de un femicidio Iara Rueda — sancionada en el año 2020 (Ley N° 6.186) y prorrogada en el año 2024; ley que declaró la Emergencia Pública en Materia de Violencia de Género en todo el territorio de la provincia de Jujuy y que continúa en vigencia.
Cabe recordar que la sanción de esta ley no fue una reacción espontánea del poder político, sino el resultado de una lucha colectiva del movimiento de mujeres y disidencias y de una fuerte demanda social. Nuestra participación en el Consejo Asesor se inscribe en esa tradición de incidencia colectiva y atiende un rol clave en tanto tiene "la función de asesoramiento permanente y participación en la elaboración de un Plan Estratégico para la Prevención y Erradicación de la Violencia de Género y Diversidad (PEVGD)" (Art. 19, Ley 6388, 2024) a implementarse desde el 2026 y por un lapso de 2 (dos) años.
Con la convicción de que los espacios institucionales también son territorios estratégicos para la incidencia y la transformación social; que no son neutrales ni están garantizados sino que requieren presencia, diálogo político, constancia y articulación en un escenario donde el ajuste impacta con mayor fuerza sobre mujeres y diversidades —a través de reformas laborales regresivas, precarización del trabajo y avance extractivista sobre los territorios— la disputa por las políticas públicas es también una disputa por las tramas de cuidado y por el sostenimiento de la vida.
Desde ANDHES sostenemos que el anclaje territorial es una condición indispensable para la construcción de políticas públicas efectivas. Nuestra presencia en Puna, Quebrada, Valles y Yungas, y el trabajo articulado con mujeres indígenas, campesinas, migrantes, sindicalistas y privadas de libertad, nos permitió durante este año de participación, llevar al Consejo voces, experiencias y demandas que histórica y estructuralmente han sido excluidas de los procesos de planificación estatal.
Sabemos que la sociedad civil organizada no reemplaza al Estado: lo interpela y le exige coherencia con sus obligaciones en materia de derechos humanos. Nuestra experiencia en el Consejo Asesor permitió hacer aportes concretos con gran impacto, entre ellos la extensión de las consultas públicas en el marco de la elaboración del Plan Estratégico Provincial para la Prevención y Erradicación de la Violencia de Género y Diversidad (PEVGD) a mujeres y disidencias privadas de libertad en nuestra provincia y el fortalecimiento de una perspectiva interseccional e intercultural que contemple en el PEVGD dimensiones y experiencias como los cuidados en clave comunitaria.
En tiempos donde se deslegitiman las políticas de género, la insistencia en formar parte de estos espacios es una forma de resistencia institucional. No se trata solo de ocupar un lugar, sino de disputar sentidos, aportar evidencia, fortalecer redes y sostener la memoria de las luchas que hicieron posible ampliar nuestros derechos como la Ley “Iara” en la provincia de Jujuy y las leyes sobre Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y atención postaborto No. 27.610 y sobre protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales No. 26.485 en todo el territorio nacional.
Defender la democracia también es defender los espacios donde se diseñan las políticas que garantizan derechos. Es por ello que reafirmamos que la organización colectiva y la incidencia institucional son herramientas fundamentales para enfrentar el retroceso y seguir construyendo una provincia más justa, diversa y democrática.
Autoras: Luciana Citterio y Ariadna Espíndola Pinela
