Con una resolución que elude todo análisis sobre la responsabilidad estatal en casos de violencia institucional, la Corte Suprema de Justicia rechazó tratar el recurso por el crimen de Miguel Reyes. La omisión sienta un precedente alarmante y desconoce estándares básicos del sistema interamericano de derechos humanos.
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Organismos de derechos humanos y comunidades indígenas le solicitamos a la Corte Suprema que revise el artículo que prohíbe cortes de calles y de rutas, lo que afecta de manera directa el ejercicio de la protesta social.
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