La reciente confirmación de la Cámara de Casación Penal de Argentina del procesamiento de Jorge Alberto Figueroa Minetti (nacido el 10/05/1939); Eduardo Butori (nacido el 17/02/1939);  que habilita el inicio del juicio oral de la causa conocida como La Fronterita marca un avance histórico en la lucha contra la impunidad empresarial. En esta instancia del proceso judicial, según sostenemos como querellantes de la familia del líder sindical Jacobo Fidel Ortiz, se encuentra probada la participación de directivos del ingenio azucarero en delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar en Tucumán. Estos delitos incluyeron secuestros, torturas y desapariciones de trabajadores que reclamaban por sus derechos laborales y sindicales.

Tres elementos deben tenerse en cuenta para dimensionar la trascendencia de esta causa:

Primero, no debe verse como un caso aislado. Forma parte de un conjunto de causas que buscan avanzar en la rendición de cuentas de los actores económicos que colaboraron activamente con el terrorismo de estado y los gobiernos autoritarios en todo el mundo. Como dan cuenta activistas, académicos e intelectuales de Argentina y de diferentes países, el terrorismo de estado tiene una dimensión económica estructural que en su aspecto más explícito se manifiesta en el hecho que ciertos actores económicos no fueron simples beneficiarios de la violencia estatal, sino que participaron sustantivamente en el diseño, sostenimiento e implementación del terrorismo de estado para disciplinar a la clase trabajadora y garantizar sus ganancias en un contexto de neoliberalismo autoritario.

En este sentido, esta causa representa mucho más que un expediente judicial. Es una oportunidad para que la democracia argentina demuestre que puede ser compatible con un sistema económico que respete los derechos humanos. Bajo esta perspectiva, este proceso representa un intento para que nuestra democracia no sea rehén de los poderes económicos, sino que los someta a las reglas del Estado de Derecho y los Derechos Humanos. La rendición de cuentas de los empresarios de La Fronterita puede sentar un precedente que fortalezca una democracia donde los derechos no se subordinan al mercado ni a la lógica del lucro a cualquier costo.

Segundo, este proceso es un ejemplo más de la importancia de la lucha de las organizaciones sociales, especialmente los grupos de derechos humanos y de trabajadores, para avanzar en la justicia y la verdad respecto del terrorismo de estado. Si bien las causas de lesa humanidad han avanzado sustantivamente en nuestro país, aquellas donde se toca la dimensión económica del fenómeno avanzan lentamente y se enfrentan a obstáculos aún mayores. Asimismo, las barreras fácticas y jurídicas a las que nos enfrentamos en las provincias donde los vínculos entre las élites económicas, políticas y judiciales son aún más estrechos.

No obstante, la persistencia de los sobrevivientes, de las familias de las víctimas, de las organizaciones de derechos humanos y del apoyo internacional permitió que hoy estemos cerca del juicio oral. El reclamo sostenido de la familia Ortiz viene siendo respaldado cada 24 de marzo en la conmemoración del día de la Memoria la Verdad y la Justicia y ha ingresado en la agenda de los organismos de derechos humanos, de instituciones académicas y de agencias de noticias de la provincia y el país. De hecho, en la causa se ha presentado como amicus curiae el Centro de Estudios Legales y Sociales.

El movimiento internacional de derechos humanos también viene apoyando este reclamo. Por ejemplo, a inicios del 2024 más de 20 personalidades de organizaciones de América Latina y Europa firmaron una declaración de apoyo a esta causa, destacando su importancia como un caso paradigmático para el avance de la justicia y la verdad. Organizaciones internacionales como Amnistía Internacional y el Centro Europeo por los Derechos Humanos y los Derechos Constitucionales son parte de la causa como amigos del tribunal.

En tercer lugar, a pesar de los avances, demasiado lentos en los últimos años, este proceso judicial enfrenta una amenaza cada vez más latente: la impunidad biológica. La avanzada edad de los imputados y la lentitud del poder judicial ponen en riesgo la posibilidad de llegar a una sentencia. En diversas oportunidades, desde ANDHES y otros organismos hemos advertido que la dilación judicial es funcional a los intereses de quienes buscan que estos crímenes queden sin condena efectiva, esperando que el paso del tiempo haga su trabajo. En este aspecto, la justicia es responsable de esta dilación y debe asumir su responsabilidad histórica.

Sin dudas, la causa La Fronterita puede ser una bisagra para consolidar una democracia donde convivan mercado con justicia social y derechos humanos. Pero esto solo será posible si el poder judicial sale de su letargo y actúa con la celeridad que la gravedad de estos crímenes exige. La historia nos enseña que cuando el derecho llega tarde, suele ser funcional a la impunidad. Por eso, hoy más que nunca, es necesario que la sociedad civil y los organismos de derechos humanos sigamos exigiendo que estos empresarios sean juzgados y que las víctimas y sus familias encuentren la justicia que llevan esperando por más de cuatro décadas.