El viernes 13 de junio, la querella en la causa Ingenio La Fronterita solicitó formalmente al Tribunal Oral Federal (TOF) de Tucumán que disponga una fecha para el inicio del juicio oral. Esta causa representa un emblema en la lucha contra la impunidad y la visibilización de la complicidad empresarial con el terrorismo de Estado en la provincia.

El pedido se fundamenta en que ya no existen trámites pendientes en instancias judiciales superiores. La Cámara Federal de Casación Penal confirmó el rechazo del último recurso extraordinario presentado por la defensa de los imputados, lo que despeja cualquier obstáculo para avanzar.

Desde ANDHES, que interviene como querella en representación de la familia de Fidel Jacobo Ortiz —trabajador del surco, secretario general del Sindicato del Ingenio La Fronterita y desaparecido desde la dictadura— se insiste en que el tribunal tiene la obligación de avanzar con urgencia en este juicio, que reviste un carácter histórico.

En el proceso se juzgará la posible responsabilidad penal de los empresarios Jorge Alberto Figueroa Minetti y Eduardo Butori, acusados de haber facilitado y participado en delitos de lesa humanidad cometidos contra trabajadores y pobladores de las ex colonias del Ingenio La Fronterita, en la ciudad de Famaillá. Entre los delitos que se les imputan se encuentran violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad con apremios y vejaciones, torturas, agresiones sexuales agravadas y homicidios. Las víctimas fueron secuestradas en viviendas propiedad de la empresa José Minetti & Cía., y trasladadas al Centro Clandestino de Detención y Tortura (CCDT) instalado dentro del propio ingenio, a pocos metros de la vivienda del administrador y la fábrica.

Cabe recordar que en el predio del ingenio operó una base militar desde 1975, con el inicio del Operativo Independencia, y durante gran parte de la dictadura cívico-militar, funcionando como un CCDT que albergó sistemáticamente a personas perseguidas por su militancia política, gremial o social.

Desde ANDHES advertimos que, como muchas otras causas por delitos de lesa humanidad, esta corre riesgo de caer en la impunidad biológica, producto del paso del tiempo, el envejecimiento de los imputados y la espera prolongada de las víctimas y sus familias, como en el caso de Ortiz, que lleva casi 50 años esperando justicia.

Exigimos que el juicio oral comience sin más dilaciones, con el lugar prioritario que esta causa merece en la agenda judicial tucumana.