En el banquillo estarán Javier Nicolás Medina Quintana, acusado de homicidio agravado en grado de tentativa, y Héctor Luis Lobo, imputado por encubrimiento agravado. El caso será juzgado en la Sala III del fuero penal.

Los hechos

En la noche del 29 de agosto de 2024, Franco —entonces de 31 años— se encontraba en la vereda de Av. Martín Berho al 2000 junto a dos amigos. Tres agentes del Grupo Especial de Apoyo Motorizado (GEAM) llegaron al lugar encapuchados, sin identificarse ni dar voz de alto, y uno de ellos disparó a quemarropa a su rostro con una escopeta calibre 12/70.

Tras el disparo, los agentes se retiraron sin brindarle asistencia ni dar aviso a sus superiores. Franco fue trasladado por sus amigos y familiares a un centro de salud, donde permaneció 22 días internado en estado crítico. Sobrevivió, pero perdió un ojo y sufrió una reducción severa de la visión en el otro, con secuelas irreversibles.

Un hecho enmarcado en un patrón de violencia institucional

Para ANDHES, el caso de Franco Almirón no es un hecho aislado, sino parte de un patrón sistemático de violencia policial en Tucumán, legitimado desde la cúpula policial y política.

Apenas un día antes del ataque, el Jefe de Policía de Tucumán, Joaquín Girvau, había declarado públicamente:

“Nacieron delincuentes, morirán delincuentes (…) hagan reuniones a favor de la víctima”

Días después, frente a otro caso letal, reafirmó:

“El delincuente que se enfrenta a un policía debe terminar muerto, porque así debe ser”.

Estas expresiones, sumadas a un contexto de allanamientos ilegales, detenciones arbitrarias y uso desproporcionado de la fuerza, configuran un marco de legitimación y promoción de la violencia letal por parte de las fuerzas de seguridad.

Desde ANDHES sostenemos que:

• La política de seguridad de la provincia debe adecuarse a estándares internacionales de derechos humanos, garantizando el uso racional, necesario y proporcional de la fuerza.
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• El caso de Franco exige justicia y sanción efectiva a los responsables materiales y encubridores, así como medidas para prevenir la repetición de hechos similares.
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• Las declaraciones y prácticas que incitan al uso letal de la fuerza deben cesar de inmediato. La función policial debe orientarse a proteger la vida y la integridad de todas las personas, sin distinción.

“Mientras la máxima autoridad policial sostenga que matar está bien, la policía no nos estará cuidando: estará poniéndonos en riesgo. El juicio por Franco Almirón es una oportunidad para que la justicia marque un límite claro a la violencia institucional en Tucumán”, señaló nuestra Directora Florencia Vallino.

La primera audiencia del debate oral y público se llevó a cabo el lunes 18 de agosto. Luego de los alegatos de apertura de cada una de las partes del proceso, declaró en primer lugar Franco y luego agentes de la fuerza que realizaron medidas investigativas e intervinieron en los primeros momentos después de los hechos.

“Quiero justicia. Me dejaron infeliz, ahora solo ando a los tropezones” dijo Franco al finalizar sus declaraciones en la primera jornada del juicio. La Justicia tucumana tiene la oportunidad de escuchar ese reclamo y de marcar un límite claro a la violencia policial. Un fallo ejemplar no sólo puede reparar en parte el daño sufrido por Franco, sino también enviar un mensaje contundente: en Tucumán, el accionar policial debe ajustarse a los límites previstos por la ley.

Las audiencias se extienden hasta el 28 de agosto que esperamos sucedan los alegatos de clausura y el lunes 1 de septiembre esperamos conocer la sentencia del juez interviniente.