El modelo extractivista ha sido impulsado fuertemente a nivel nacional consolidándose con la sanción de la Ley de Bases y el RIGI en el año 2024 . Las comunidades indígenas del Noroeste Argentino sufren los ataques constantes a sus derechos humanos más elementales, a través de acciones de desalojo a familias indígenas y campesinas en procedimientos cada vez más violentos e irregulares.
Para el caso jujeño la avanzada contra los sectores históricamente vulnerados se ha intensificado con la reforma parcial de la Constitución Provincial provincial del año 2023 que generó un amplio rechazo de la sociedad civil por ser inconsulta y contradecir los propios principios de la constitución nacional así como los estándares internacionales en materia de derecho indígena y consulta libre, previa e informada. Agravándose en cuanto a limitar y criminalizar el derecho de protesta en una provincia caracterizada por sus movimientos y luchas sociales, como mecanismos de resistencia ante sus coyunturas opresoras.
En Jujuy los desalojos que se han producido son sobre familias de comunidades indígenas que han demostrado la posesión tradicional de sus territorios ocupados por distintas generaciones. La inexistencia de una ley de propiedad territorial indígena comunitaria fue y sigue siendo una deuda histórica cada vez más difícil de saldar en Argentina. Con un gobierno nacional que derogó la ley 26.160 el año pasado, que frenaba los desalojos arbitrarios sobre comunidades que no hayan finalizado sus relevamientos territoriales, se vive un clima de vacío y desprotección acuciantes.
Desde los últimos cinco años podemos nombrar algunos ejemplos de desalojos sufridos en las diferentes regiones de la provincia. Por ej: en agosto de 2024 la Comunidad Tusca Pacha de Palpalá sufrió 3 intentos de desalojo por parte del empresario González con apoyo del gobierno provincial(1) y en la zona de los Perilagos se intentó la venta de un loteo en plena cuarentena del año 2020 con sus familias viviendo dentro(2), ambos imputados por intereses inmobiliarios; los intentos de desalojos y amedrentamientos por parte de la empresa maderera Piuquenes hacia familias de la comunidad de Las Capillas del pueblo Ocloya(3), el desalojo de la familia de la comunidad de Guerrero con una abuela de 99 años a cargo por parte de los funcionarios públicos Jenefes-Quevedo(4). Mencionando al pasar los desalojos producidos a fines de 2023 y principios de 2024 de las familias que vivían tradicionalmente en el barrio Estación de Tilcara y en Tumbaya, producidos por la puesta en marcha del tan cuestionado “Tren Solar” del gobierno Morales-Sadir(5). Los dos últimos casos más recientes que han tenido amplia difusión en las redes sociales son: el de la comunidad de Cueva del Inca de Tilcara y el de las familias de la Finca El Pongo en Perico.
La comunidad indígena Cueva del Inca se encuentra ubicada en el departamento de Tilcara y lleva casi veinte años de lucha y resistencia frente al interés de avance inmobiliario en expansión por parte del Hotel Canto del Viento cuyos dueños son la familia Mendoza. Las familias vienen aguantando diferentes situaciones de atropellos, denuncias y medidas cautelares en detrimentos de sus condiciones mínimas de salubridad, ataques, despojos y agresiones por parte de no sólo de los dueños de este hotel turístico sino que además de la policía local, juez de paz, jueces y fiscales a cargo que lejos de garantizar sus derechos como pueblos preexistentes al Estado nacional se encargan de defender y resguardar al sector empresarial y a los intereses económicos asociados(6). La comunidad ha resistido en tiempos de pandemia cumpliendo con una medida cautelar injusta de “no innovar” por la que se encontraban imposibilitados de construir y ampliar sus viviendas, llegando muchas familias a vivir en serias condiciones de hacinamiento. Durante los años de pandemia, esta medida les imposibilitó incluso la conexión del servicio de agua potable para la higiene y evitar el contagio y la propagación del virus. Los niños y las niñas no podían acceder a sus clases virtuales ya que muchas familias no contaban con electricidad domiciliaria ni conexión de Wifi.
Las familias campesinas de la finca El Pongo también han sufrido el despojo de sus territorios por parte del gobierno provincial principalmente desde la instalación del Parque Industrial chino de la empresa Tsinshang Mining Development S.A que busca expandirse cada vez más de forma ilegal sobre territorio campesino indígena. Se trata de cuatro generaciones de familias de productores agrícolas y ganaderas que han vivido siempre de sus tierras, en condiciones de precariedad ya que el gobierno provincial nunca les ha provisto de los servicios básicos de agua potable y red eléctrica(7).
Las injusticias y los despojos se reparten de forma pareja en todo nuestro Noroeste, los gobiernos provinciales accionan mayormente perjudicando al sector que sufre cargas históricas de abandono y desprotección, reforzando un sistema judicial viciado que representa un flagelo contra el Estado de derecho.
En Tucumán en abril de este año varias familias de la comunidad Indio Colalao fueron desalojadas en Tafí del Valle por decreto del gobernador Osvaldo Jalo, en una maniobra teñida de intereses inmobiliarios que hicieron revuelo en las redes sociales por la gravedad de la falta de investigación sobre el caso que desconoce tanto la personería jurídica de la comunidad así como sus relevamientos catastrales que dan cuenta de su ocupación de larga data(8). Los daños son irreparables en la vida y reproducción diaria de las familias indígenasa, no sólo quedan sin lugar donde vivir sus familias sino también sus animales que tanto trabajo les cuesta mantener. Para afrontar los costes judiciales se ven obligadas a rematar sus haciendas, y de paso poder comprar un poco de pasturas sin tener un espacio físico seguro donde llevar su ganado.
En Salta los pueblos Wichí, Guaraní, Tapieté, Chorote, Coya y Toba también protestan reclamando al gobierno provincial que garantice sus derechos como pueblos indígenas. Así como en otras provincias la expansión de la frontera agrícola para destinarla a los monocultivos como la soja y el poroto también se está convirtiendo en una sería problemática. A los desalojos forzosos se suma la utilización descontrolada de plaguicidas y agrotóxicos. Familias Wichí y Chorocotes denuncian que los fumigan con avionetas por vivir próximos a los cultivos. Sus niños y niñas ya manifiestan problemas respiratorios y de la piel, con defensas muy bajas sumado a los altos índices de desnutrición, quedando a merced de poder conseguir atención hospitalaria o morir(9).
Hasta aquí sólo se han nombrado algunos de los tantos casos de ataques y desprotección hacia comunidades indígenas y campesinas que sólo luchan y resisten a un sistema de extractivismo y despojo que nos remite a los oscuros tiempos de la colonia. Son los intereses políticos y económicos puestos en los recursos naturales de nuestros territorios los que continúan impulsando cada vez más los desalojos sin importar las consecuencias.
Desde Andhes repudiamos el accionar del Estado Nacional y de los gobiernos provinciales que desprotege y ataca a nuestros pueblos indígenas. Exigimos que se tomen las medidas necesarias para garantizar el Estado de derecho que merecemos conforme el art. 75 Inc. 17 y 22 de nuestra Constitución Nacional, el art. 69 de la OIT; la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU y demás estándares internacionales. Es fundamental que los procesos judiciales sean tomados con seriedad y objetividad, investigando a fondo la real situación de cada comunidad indígena afectada, la correcta evaluación de los informes de impacto socioambiental que cada empresa involucrada presenta y el cumplimiento de la participación a través de la consulta libre, previa e informada.
En el mes de la Pachamama no sólo basta con rendirle homenaje y agradecerle la vida, sino que además estas fechas nos interpelan a tomar conciencia de su cuidado como hijos e hijas de la tierra. La defensa territorial ante el avance extractivista de la megaminería, la industria maderera, los negocios inmobiliarios, los monocultivos y agrotóxicos también representan una lucha necesaria por el agua y por la vida, como un legado histórico que nuestros abuelos y abuelas han sabido defender y preservar para nuestras generaciones.
