Entre el 5 y el 7 de noviembre el Comité contra la Tortura de la ONU examinó el séptimo informe periódico de la Argentina. Al concluir la evaluación, el Comité expresó su preocupación por el aumento de los hechos de torturas y los malos tratos en la Argentina. También alertó sobre el aumento de la sobrepoblación, el uso de las dependencias policiales como lugares de alojamiento en las cárceles, y las resoluciones ministeriales que permiten interpretar una protesta como delito flagrante

El Comité pidió adoptar una política de tolerancia cero frente a la tortura, exigió que el Estado Argentino afirme de manera pública que la tortura y los malos tratos no son tolerados bajo ninguna circunstancia, y llamó a que los derechos humanos de todas las personas en Argentina sean plenamente respetados. 

Las organizaciones firmantes vemos con gran preocupación el posicionamiento del Estado argentino durante el diálogo con el CAT y en el comunicado oficial luego de emitidas las observaciones, dado que hizo uso de una narrativa que intentó invalidar la información presentada por organizaciones de la sociedad civil, que cooperan con este órgano de tratado ratificado por el Estado desde 1986. Expresamos nuestro firme rechazo frente al discurso negacionista del gobierno actual y sus intentos de deslegitimación a las organizaciones de la sociedad civil. Asimismo, nos resultan sumamente graves los intentos por subordinar las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos del Estado a las narrativas partidistas de los gobiernos de turno, que impiden atender las raíces sistémicas de la tortura en Argentina. 

Observaciones del CAT sobre la situación de la tortura y los malos tratos en la Argentina

En su informe de observaciones finales, el CAT recomendó con carácter de urgencia poner fin al uso de dependencias policiales para la privación de libertad de larga duración y a los actos de violencia policial. Las personas no deben quedar alojadas en esos espacios después de que se hayan presentado cargos. El Comité también expresó preocupación por los regímenes de “alto perfil” ya que implican severas condiciones de vida a las que son sometidas las personas privadas de libertad, entre ellas el aislamiento en celdas durante más de 20 horas diarias de encierro, e instó a revisar la forma de implementación de estos regímenes. Alertó sobre los retrocesos en políticas de salud mental e instó a la supervisión de los centros de salud mental. 

El CAT pidió, además, revisar lo dispuesto en las resoluciones sobre uso de armas menos letales, uso de armas de fuego y regulación de la protesta, y alinearlas a los estándares internacionales de legalidad, necesidad, proporcionalidad, precaución y no discriminación en el uso de la fuerza. 

De igual forma, el CAT recomendó al Estado argentino designar inmediamatemente a los nuevos miembros del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, establecer comités locales que gocen de autonomía y garantizar la participación de la sociedad civil en el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura, incluyendo la posibilidad de realizar visitas a lugares de detención de todo el país. 

Por tanto, solicitamos al Estado argentino:

1) Tomar las medidas necesarias para cumplir con las recomendaciones del CAT, especialmente en lo que refiere a las recomendaciones de seguimiento, para las cuales debe reportar avances en noviembre de 2026, encaminadas a cesar las detenciones largas en las dependencias policiales, alinear el uso de la fuerza en el contexto de protestas con los estándares internacionales, garantizar el adecuado funcionamiento del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura y los comités locales, y poner en marcha una política de tolerancia cero frente a la tortura;

2) Cumplir con sus obligaciones internacionales de derechos humanos; en particular, fortalecer su colaboración con el CAT, así como con las organizaciones de la sociedad civil de derechos humanos, para prevenir, sancionar y erradicar la tortura en Argentina; 

3) Poner fin de manera inmediata a todos los actos de estigmatización contra las organizaciones de la sociedad civil argentinas y reconocer y apoyar la labor de defensa de derechos humanos que realizan en el país. 

Organizaciones firmantes:

• Asociación Civil de Familiares de Detenidos (ACIFAD)

• Asociación contra la Violencia Institucional (ACVI)

• ANDHES (Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales)

• Asociación de Penalistas Litigantes Independientes (APLI)

• Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)

• Colectivo Salud Mental 

• Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP)

• Red Abrir la Prisión (Santa Fe)

• Red de Derechos Humanos en contextos de encierro (Córdoba)

• Xumek, Asociación para la promoción y protección de los Derechos Humanos