A través de una nota dirigida a las autoridades competentes, la Mesa solicitó una reunión institucional urgente para exponer los graves impactos que esta medida tendría sobre los derechos de las adolescencias.

Desde la Mesa se advierte que la decisión constituye un retroceso en materia de políticas públicas de niñez y adolescencia, ya que profundiza lógicas punitivas incompatibles con los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos. Las niñas, niños y adolescentes son sujetos en desarrollo y requieren políticas de cuidado, protección y acompañamiento, no respuestas basadas en el castigo y el encierro.

Entre los principales cuestionamientos, las organizaciones señalan que:

• La medida vulnera el principio de especialidad del sistema penal juvenil, consagrado en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la legislación nacional y provincial.

• Desconoce la prohibición expresa de alojar adolescentes en cárceles de adultos, aun cuando se trate de pabellones “separados”.

• El Complejo Penitenciario de Benjamín Paz fue diseñado para personas adultas y presenta condiciones estructurales y prácticas institucionales incompatibles con un abordaje socioeducativo, exponiendo a los adolescentes a situaciones de extrema vulnerabilidad.

• El traslado desde el Instituto Roca implica un agravamiento de las condiciones de alojamiento y una afectación directa al derecho a mantener vínculos familiares y comunitarios.

Asimismo, la Mesa alerta sobre el clima discursivo que acompaña este tipo de anuncios oficiales, donde se deslegitiman las políticas socioeducativas y se refuerzan miradas estigmatizantes sobre las adolescencias de los sectores más empobrecidos, sin abordar las causas estructurales de la violencia y la exclusión.

“Encerrar adolescentes en una cárcel de adultos no resuelve los problemas de seguridad: los agrava. Lo que está en juego no es solo una medida administrativa, sino el modelo de sociedad que se construye cuando el Estado renuncia a su obligación de cuidar”, señalaron desde la Mesa.

Por todo ello, las organizaciones reiteran la necesidad de abrir un espacio de diálogo democrático, escuchar a los organismos especializados y construir alternativas respetuosas del interés superior de niñas, niños y adolescentes, del Estado de Derecho y de los compromisos internacionales asumidos por la Argentina.

La Mesa No a la Baja de la Edad de Punibilidad de Tucumán está integrada por organizaciones sociales, religiosas, comunitarias, profesionales y de derechos humanos de la provincia, entre ellas: Fundación Dibujando Sonrisas, ANDHES – Abogadas y Abogados del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales, La Ulloa, MTE, Patria Grande, Hogares de Cristo Tucumán, Colegio de Profesionales en Trabajo Social de Tucumán, Abrojos Colectivo de Educación Popular, Proyecto MAP, Patria Amiga y el Colegio de Psicólogos de Tucumán, junto a personas y colectivos que trabajan cotidianamente en la defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes.