Ante la decisión del Poder Ejecutivo de Tucumán de avanzar en la creación de un establecimiento para adolescentes dentro del Complejo Penitenciario de Benjamín Paz, desde ANDHES presentamos una acción de hábeas corpus colectivo correctivo y preventivo con el objetivo de evitar el traslado de adolescentes actualmente alojados en el C.R.C.M. Julio Argentino Roca y prevenir un agravamiento ilegítimo de sus condiciones de alojamiento .
La acción judicial se fundamenta en que el traslado dispuesto por el Decreto N.° 112/4 MDS vulnera de manera grave estándares constitucionales y convencionales de derechos humanos que rigen en materia de niñez y adolescencia. Las y los adolescentes son sujetos de derecho en desarrollo y el Estado tiene frente a ellos obligaciones reforzadas de cuidado, protección y acompañamiento, incluso —y especialmente— cuando se encuentran en conflicto con la ley penal.
“El hábeas corpus preventivo colectivo es una herramienta para poner un límite claro a decisiones estatales que agravan el encierro y vulneran derechos antes de que el daño se concrete. Las adolescencias no pueden ser objeto de respuestas punitivas ni de discursos que las estigmaticen: el Estado tiene la obligación de cuidarlas y garantizar políticas socioeducativas acordes a los estándares de derechos humanos”, señaló Florencia Vallino Moyano, directora ejecutiva de ANDHES.
¿Qué es un hábeas corpus preventivo colectivo y por qué se presenta en este caso?
El hábeas corpus preventivo colectivo es una herramienta constitucional destinada a proteger a un grupo de personas frente a una amenaza cierta e inminente de vulneración de derechos, aun cuando el daño no se haya consumado. En este caso, la medida busca evitar que se concrete un traslado forzoso que implicaría un empeoramiento de las condiciones de privación de libertad de un colectivo de adolescentes, exponiéndolos a mayores riesgos para su integridad física, psíquica y emocional.
Desde ANDHES advertimos que el traslado anunciado no persigue fines socioeducativos, sino que se inscribe en una lógica punitiva, públicamente expresada por autoridades provinciales como la necesidad de que los adolescentes “sientan el rigor de la condena”. Este enfoque es incompatible con el principio de especialidad del sistema penal juvenil y con el interés superior del niño, pilares del marco normativo nacional e internacional.
Los puntos centrales del planteo judicial
En la presentación señalamos, entre otros aspectos, que:
• El traslado de adolescentes a un establecimiento ubicado dentro de un complejo penitenciario para personas adultas viola el principio de especialidad del régimen penal juvenil, que exige instituciones, prácticas y equipos específicamente diseñados para adolescentes.
• Se desconoce la prohibición expresa de alojar adolescentes junto a personas adultas, aun bajo la figura de pabellones “separados”, tal como lo establecen la Convención sobre los Derechos del Niño y los organismos internacionales de protección.
• El traslado constituye un agravamiento ilegítimo de las condiciones de alojamiento, reconocido incluso como una práctica que puede configurar malos tratos o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
• El alejamiento del centro de vida de los adolescentes afecta el derecho a mantener vínculos familiares y comunitarios, fundamentales para cualquier proceso socioeducativo.
Por ello, solicitamos de manera cautelar que el Poder Ejecutivo provincial se abstenga de realizar los traslados.
Un posicionamiento institucional sostenido y articulado
Esta acción judicial no es un hecho aislado. Forma parte de un posicionamiento institucional histórico de ANDHES en defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes, y de una concepción de la seguridad ciudadana basada en políticas integrales, democráticas, no regresivas respetuosas de los derechos humanos.
En ese marco, ANDHES integra y articula activamente con la Mesa No a la Baja de la Edad de Punibilidad en Tucumán, un espacio multisectorial que desde hace años aporta al debate público, denuncia retrocesos y promueve alternativas al punitivismo. Desde la Mesa venimos alertando que responder a los conflictos sociales con más encierro y castigo no solo no resuelve los problemas de fondo, sino que profundiza la exclusión y la violencia institucional.
Reafirmamos que las adolescencias necesitan políticas de cuidado, inclusión y acompañamiento, no respuestas basadas en el endurecimiento del encierro. Defender sus derechos es una obligación constitucional y una condición básica para una sociedad más justa y democrática.
