Hasta que alguien levanta la mano.

Y con ese gesto, aparentemente simple, se juega mucho más que una intervención: se pone en manifiesto el derecho a participar.

Quienes trabajamos en la garantía de derechos sabemos que el desafío ya no es únicamente normativo. Si bien la participación adolescente está reconocida en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Ley 26.061, el desafío pendiente sigue estando en su implementación… ¿cómo se construyen, en la práctica cotidiana de los gobiernos locales, condiciones reales para que esa participación sea significativa, protagónica e incida efectivamente en las políticas públicas?.

En el marco de la iniciativa MUNA —Municipio Unido por la Niñez y la Adolescencia— una iniciativa de UNICEF Argentina, esta pregunta atraviesa de manera permanente el trabajo territorial. MUNA propone fortalecer las capacidades de gestión municipal para diseñar e implementar políticas públicas orientadas a niñas, niños y adolescentes desde una perspectiva integral de derechos, partiendo de una premisa concreta: es en el nivel local donde las políticas públicas se vuelven experiencia cotidiana.

Desde hace 3 años, de manera ininterrumpida, ANDHES formó parte del equipo de tutores de la línea de participación adolescente de esta iniciativa. Acompañamos a los municipios en el diseño, fortalecimiento e institucionalización de espacios de participación a través de talleres, capacitaciones, encuentros intermunicipales y tutorías mensuales. Ese acompañamiento evidenció que muchas veces aquello que aparece claramente formulado en la normativa encuentra obstáculos al momento de traducirse en prácticas concretas de gestión.

Cuando las y los adolescentes toman la palabra, inexorablemente aparecen temas vinculados a salud mental, violencias, consumos problemáticos, ambiente o accesibilidad. Y con ellos surge una pregunta más contundente: ¿cómo responde institucionalmente el municipio frente a esas demandas?

Los municipios son la escala territorial donde se manifiestan las complejidades de las problemáticas en la niñez y adolescencia y el espacio donde se despliegan las políticas públicas como forma de dar respuestas y soluciones de proximidad a temas estructurales. En ese marco, la gestión de políticas orientadas a niñas, niños y adolescentes presenta diferentes desafíos, entre ellos, impulsar procesos de gestión intersectorial e interjurisdiccional; involucrar a la comunidad y promover la participación activa de las chicas y los chicos para que sus voces sean tenidas en cuenta a la hora de elaborar políticas públicas.

Es allí donde la iniciativa MUNA permite advertir que hablar de participación también es hablar del funcionamiento real del Sistema de Protección Integral.

Acompañar a los municipios desde esta iniciativa nos permitió observar que la participación adolescente no se debe limitar simplemente a la creación de un espacio de encuentro. Puso en evidencia que el Sistema de Protección Integral no se expresa solamente en la existencia de normas o áreas específicas, sino en la capacidad efectiva de articular respuestas entre actores institucionales, comunitarios y estatales frente a situaciones que atraviesan las niñas, niños y adolescentes. Es por ello que, a través de la participación adolescente, analizamos si esa red existe realmente, cómo funciona y cuáles son sus cuellos de botella.

Porque con cada intervención de los adolescentes, pone en evidencia capacidades estatales concretas sobre qué áreas intervienen, cómo articulan entre sí, qué dispositivos existen en el territorio, qué respuestas se obtienen y si las mismas son o no suficientes. La participación deja entonces de ser una instancia aislada y se convierte en una vía concreta para leer cómo opera el entramado local de protección de derechos.

Por eso, una parte central de nuestro trabajo consistió en aportar herramientas metodológicas y pedagógicas que fortalecieron habilidades de los equipos municipales para construir espacios sostenidos, reconocer qué condiciones hacen posible una participación significativa y revisar qué lugar ocupan las adolescencias dentro de sus estructuras institucionales.

Estos espacios, que suelen estar alojados en áreas de niñez, juventudes, cultura o desarrollo social, funcionan como lugares de encuentro, diálogo, incidencia e intercambio, donde las y los adolescentes pueden expresar sus miradas sobre las problemáticas que los atraviesan y construir propuestas colectivas. En algunos municipios, llevan está línea el mismo servicio local, sin embargo, también observamos que al expandir la perspectiva de participación en otras áreas del municipio, ésta se expande y se va intercalando en las diferentes formas de trabajo, lo cual lleva a movilizar y transformar otros espacios.

Dichos espacios adoptan múltiples formatos: consejos de adolescentes, mesas de diálogo, parlamentos juveniles, asambleas, red de jóvenes, mesa de centros de estudiantes, consejería de adolescentes o foros. Su diversidad refleja tanto la identidad de cada territorio como el grado de institucionalización que la participación adolescente va alcanzando dentro de los gobiernos locales, pero todas con un mismo objetivo: incidir en las políticas públicas locales, entablar diálogos con los referentes municipales y construir desde la participación adolescente.

El reconocimiento de los adolescentes y jóvenes como sujetos de derechos interpela directamente a la práctica democrática en el nivel local. Cuando un municipio decide habilitar la voz adolescente, no solo amplía los márgenes de la participación, sino que redefine las propias prácticas internas y el diseño de cada gestión.

A partir de este recorrido, una de las constataciones más claras que logramos identificar es que los municipios que logran sostener la participación protagónica, entendida en clave de derechos, son aquellos en donde existe una decisión política de asumir la participación como dimensión constitutiva de la gestión pública. Pero también supone reconocer que persisten otros obstáculos vinculados al desconocimiento de este derecho, la falta de formación y capacitación en materia de niñez y adolescencia, entre otras dificultades institucionales. Por eso, sostener estos procesos implica destinar recursos, generar instancias de formación, revisar normativas, planificar con enfoque intersectorial e interdisciplinario y construir canales estables y sostenidos de comunicación entre adolescentes y funcionarios.

Cuando eso ocurre, también se transforma el vínculo entre generaciones. Los equipos municipales revisan prácticas adultocéntricas, cuestionan formas tradicionales de autoridad y comienzan a reconocer que las voces adolescentes pueden fortalecer el diseño de las políticas públicas. Al mismo tiempo, las y los adolescentes se acercan al funcionamiento del Estado, comprenden sus tiempos, sus límites y sus posibilidades de incidencia.

Este vínculo intergeneracional se convierte, así, en una práctica concreta de corresponsabilidad, uno de los principios centrales del Sistema de Protección Integral. La Ley 26.061 establece que la garantía de derechos de niñas, niños y adolescentes es una obligación compartida entre familia, comunidad, sociedad y Estado. En los espacios de participación, esta corresponsabilidad se materializa en el diálogo, los adultos que gestionan y deciden y los adolescentes que demandan y proponen, y de esta forma logran construir juntos una agenda en los temas que les conciernen a sus propios receptores (los adolescentes). Esta garantía, no debe depender de un único actor ni de un área específica, sino de una red de instituciones capaces de escuchar, articular y construir respuestas integrales frente a las demandas de los y las adolescentes.

La experiencia territorial en MUNA nos mostró que cuando las adolescencias participan, el Estado también se fortalece. Porque escuchar ordena prioridades estatales y vuelve más sostenibles las políticas públicas locales. La participación adolescente no solo amplía derechos, sino que también permite leer la capacidad real del Estado local para sostener el Sistema de Protección Integral.

Desde ANDHES, como organización social de derechos humanos, acompañar estos procesos implico sostener un doble ejercicio. Por un lado, articular y construir en conjunto con las instituciones estatales y, por otro lado, constituirnos como agentes que monitorean desde una mirada crítica con el fin de seguir ampliando y repensando cuales tienen que ser las condiciones reales que deben existir en los gobiernos locales para que los derechos de los NNyA logren traducirse en prácticas concretas dentro de cada territorio.

A veinte años de la ley 26.061, si bien hubo muchos avances en las políticas públicas sobre el derecho a la participación adolescente, aún queda mucho por recorrer, garantizar y proteger. 

A razón de nuestro trabajo sostenido en la línea de participación de la iniciativa MUNA, podemos decir que efectivamente la democracia se fortalece cuando las adolescencias son parte activa del Estado. Cuando los gobiernos locales garantizan y promueven el derecho de los y las adolescentes a participar protagónicamente. 

La participación protagónica implica una manera de comprender el territorio y constituye una apuesta concreta de cada gestión de gobierno.

Las siguientes imágenes forman parte del recorrido territorial desarrollado en las 9 provincias que forman parte de la Iniciativa MUNA, impulsada por UNICEF, las cuales fueron acompañadas por el equipo de tutores de la Línea de Participación.