La Conferencia adquiere especial relevancia porque permite volver sobre los compromisos asumidos por los Estados de América Latina y el Caribe en el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, adoptado en 2013, y analizar cuánto se ha avanzado en su implementación, qué desafíos persisten y qué respuestas requieren los contextos actuales.

Trece años después, este debate resulta fundamental para poner en diálogo los compromisos regionales con las condiciones concretas en las que hoy se ejercen los derechos. No se trata solamente de revisar los acuerdos alcanzados, sino de preguntarnos ¿cómo se traducen los compromisos regionales en políticas públicas, recursos y capacidades estatales que garanticen efectivamente derechos?

Participar de este espacio regional fue una oportunidad para encontrarnos e incidir junto a organizaciones de toda América Latina y el Caribe, poniendo en diálogo los compromisos asumidos con los desafíos que atraviesan hoy nuestros territorios. En un contexto marcado por profundas desigualdades y por la precarización de las condiciones materiales y económicas que sostienen la vida, avanzar en la agenda de población y desarrollo exige colocar en el centro los derechos, la autonomía y las posibilidades reales de mujeres, LGBTIQ+, niñas, adolescentes y jóvenes, en sus diversas intersecciones, de construir y sostener sus proyectos de vida.

Esta discusión adquiere especial relevancia frente a las transformaciones demográficas que atraviesa la región. La disminución de la fecundidad y el envejecimiento poblacional conviven con embarazos no intencionales, maternidades forzadas, barreras para acceder a derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos, y desigualdades en la distribución de los cuidados. 

El problema aparece cuando frente a un fenómeno social, económico y demográfico complejo, las respuestas no pueden volver a colocar la responsabilidad sobre los cuerpos y las decisiones de las mujeres y personas con capacidad de gestar. 

En Argentina ya vimos instalarse discursos que responsabilizan a la interrupción voluntaria del embarazo por la caída de la natalidad, aun cuando el descenso de los nacimientos comenzó varios años antes de la sanción de la Ley 27.610. Estas narrativas no aparecen de manera aislada. Se inscriben en un contexto más amplio de avance de discursos y políticas antigénero que cuestionan derechos conquistados, individualizan problemas estructurales y desplazan las responsabilidades del Estado hacia las decisiones de las personas. Mientras se instala la preocupación por cuántos nacimientos hay, se debilitan políticas de salud sexual y reproductiva, cuidados, Educación Sexual Integral y prevención de embarazos no intencionales: justamente aquellas que construyen las condiciones para decidir libremente.

Uno de los debates que atravesó la Conferencia fue cómo responder a estas transformaciones sin responsabilizar a las mujeres y personas con capacidad de gestar por las tendencias demográficas. Desde las organizaciones de la sociedad civil, propusimos cambiar el punto de partida: la pregunta no puede ser solamente cuántos nacimientos hay, sino en qué condiciones las personas toman sus decisiones reproductivas y qué políticas garantizan que puedan hacerlo libremente.

Pudimos participar de diferentes espacios en el marco de la Conferencia. Por un lado, en el Foro de Sociedad Civil “Line Bareiro”, junto a organizaciones y movimientos de la región, donde se discutió diferentes ejes de la agenda y se construyó una declaración colectiva que reafirmó la vigencia y la importancia del Consenso de Montevideo, planteando la necesidad de preservar lo acordado, implementar lo pendiente y avanzar sobre lo conquistado, fortaleciendo los sistemas públicos de protección social, salud, participación y cuidados.

Por otro lado, participamos en el panel del evento paralelo “Redes que cuidan: la autonomía reproductiva frente a la transición demográfica. Derechos, cuidados y respuestas desde la sociedad civil en Argentina”, organizado junto a CELS, CEDES, REDAAS y la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Allí llevamos la experiencia desde el NOA para mostrar cómo las desigualdades territoriales condicionan el ejercicio de la autonomía reproductiva y las respuestas y experiencias que se construyen desde los territorios a través de las redes comunitarias de cuidado. Presentamos la experiencia de la Red Regional de Orientadoras Legales Comunitarias de Tucumán y Jujuy. Esta red lleva adelante una enorme tarea de cuidado comunitario frente al recrudecimiento de la violencia, informan, orientan, acompañan, identifican barreras y articulan con instituciones y organizaciones, transformando problemas que aparecen como individuales en conocimiento, estrategias y demandas colectivas.

Su trabajo muestra la potencia de la organización comunitaria y feminista, pero también una tensión que llevamos al debate regional: cuando las políticas públicas se debilitan, las tareas necesarias para sostener derechos recaen cada vez más sobre las organizaciones feministas, redes y referentas territoriales, profundizando la sobrecarga de tareas de acompañamiento, orientación y cuidado, muchas veces sin los recursos necesarios. A esta precarización se suman situaciones de hostigamiento, persecución y criminalización hacia quienes se organizan, acompañan y defienden derechos en sus territorios.

Participar de la Conferencia fue una oportunidad para conectar estas experiencias con las discusiones regionales sobre población y desarrollo y reafirmar una cuestión central: las redes sostienen, acompañan y construyen respuestas, pero no reemplazan al Estado. Son los Estados quienes tienen la obligación de garantizar derechos y construir políticas públicas y abordajes integrales capaces de responder a la complejidad de las realidades territoriales.