Amnistía Internacional Argentina, junto con la organización Abogadas y Abogados del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales -ANDHES-, presentaron ante el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos una solicitud de llamamiento urgente, en relación con la detención del abogado defensor de derechos humanos Alberto Elias Nallar en la provincia de Jujuy. 

La solicitud se envió también a la Relatoría Especial sobre los derechos a la reunión pacífica y de asociación; a la Relatoría Especial sobre independencia de los magistrados y los abogados y a la Relatoría Especial sobre la liberta de opinión y de expresión de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. 

El procedimiento ante Naciones Unidas

El procedimiento de “acción urgente” se establece para los casos en que haya denuncias suficientemente confiables de que se haya detenido a una persona de manera arbitraria.. 

En este sentido, cuando el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias recibe una solicitud de llamamiento urgente, luego de analizar la información presentada, en el caso de que lo considere oportuno, envía un llamamiento urgente o carta de denuncia al gobierno del Estado interesado por la vía diplomática, solicitando que adopte las medidas para garantizar que se respete el derecho de la persona detenida a no ser privada de la libertad de manera arbitraria y a un justo proceso ante un tribunal independiente e imparcial, así como el derecho a la vida y a la integridad física y mental. 

En la documentación enviada en la presentación, se expuso la situación que atraviesa la Provincia de Jujuy luego de la reciente reforma constitucional sancionada en el mes de junio, y la constante criminalización de las personas que se manifiestan en contra de esta reforma. 

Las organizaciones solicitaron en el llamamiento urgente a los mecanismos internacionales adopten las medidas oportunas ante el Estado Argentino para lograr el respeto de los derechos fundamentales de Alberto Nallar. 

Protestas en Jujuy

El 16 de junio de 2023, la Convención Constituyente de Jujuy aprobó la reforma parcial de la constitución y, según diversos sectores, este proceso se realizó de manera rápida, inconsulta, sin información y sin participación ciudadana ni consulta previa libre e informada a Comunidades y Pueblos Indígenas. A partir de dicha reforma, se profundizaron las protestas que condujeron a represiones policiales. En el accionar de las fuerzas de seguridad se registraron irregularidades y uso excesivo de la fuerza. En la actualidad las protestas continúan. 

Desde que comenzaron las manifestaciones se han detenido al menos a 106 personas y defensores de los derechos humanos. A muchos se les endilgan diversos delitos y contravenciones, que son frecuentemente utilizados para criminalizar personas que ejercen el derecho a la protesta social, tales como sedición, entorpecimiento de la vía pública, incitación a cometer delitos, resistencia a la autoridad, entre otras.

Además, por otro lado, junto con más de 70 organizaciones, Amnistía Internacional realizó una comunicación urgente por graves afectaciones al derecho a la protesta social en la Argentina a la Relatoría sobre el derecho a la libertad de expresión, a la Relatoría sobre derechos de los pueblos indígenas y a la Relatoría sobre la cuestión de las obligaciones de derechos humanos relacionadas con el disfrute de un medio ambiente saludable y sostenible, y al Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas. 

En los diversos allanamientos y detenciones ordenadas recientemente en la provincia de Jujuy, y específicamente en la orden de detención del Sr. Alberto Nallar, imputado del delito de sedición, se identifica la intención de criminalizar la protesta y atemorizar al resto de las personas  defensoras de derechos humanos en Jujuy, vulnerando así su derecho a la protesta y a la libertad de expresión.

Amnistía Internacional llama a poner freno, de modo urgente, a la violencia, represión y criminalización en la provincia y garantizar y respetar el derecho a la protesta en cumplimiento de los estándares internacionales de derechos humanos.