Un fallo reciente revierte la absolución en el caso de Franco Almirón y reconoce la responsabilidad policial y estatal en un hecho de extrema violencia. La sentencia no solo condena a los agentes involucrados, sino que marca un precedente clave al cuestionar prácticas estructurales, exigir reparación y señalar la urgencia de transformar el accionar de las fuerzas de seguridad bajo estándares de derechos humanos.
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La causa por Franco Almirón llega a juicio. El debate se realizará del 18 al 27 de agosto y se juzgará a Javier Nicolas Medina Quintana por Homicidio Agravado en grado de Tentativa y a Héctor Luis Lobo por Encubrimiento Agravado. El hecho que casi le quita la vida a Franco no es un caso aislado, evidencia una realidad cotidiana en Tucumán, parte de la política de estado: el uso sistemático de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad contra los habitantes de barrios populares.
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