El día 5 de marzo, el gobernador y el ministro de Justicia y Seguridad de la Provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro y Pablo Cococcioni, compartieron por redes sociales una serie de fotografías en las que se ven personas privadas de su libertad semidesnudas y sentadas en fila en el suelo bajo la vigilancia de agentes penitenciarios con sus rostros cubiertos, sin identificar, y munidos de armas largas, tal como establece la nueva ley de ejecución provincial.
El texto que acompaña a estas imágenes lleva como título “CADA VEZ LA VAN A PASAR PEOR”, y menciona que el Gobierno provincial cuenta con un “plan de Seguridad”.
Genera preocupación que la referida política criminal se limite a esta espectacularización del castigo, lo cual da cuenta de una respuesta poco seria y muy ligera a un problema sumamente grave como el que atraviesa la Provincia en esta materia.
Este tipo de publicaciones reivindican el derecho del personal penitenciario a “molestar a los presos” sin ser apercibidos, como supuestamente ocurría en el pasado.
Denunciar la gravedad de esos hechos no implica en modo alguno una defensa de la criminalidad organizada y violenta que azota a santafesinos y santafesinas desde hace años. Pero quienes trabajamos y estudiamos hace años estas temáticas, sabemos que la ficción de que la seguridad aumenta en la misma proporción en que se les inflige sufrimiento a las personas presas es una estafa, que no tiene relación alguna con la construcción de una sociedad más segura. Es más, estas puestas en escena de falsas copias del bukelismo, que fueron celebradas por el Ministerio de Seguridad de la Nación comandado por Patricia Bullrich, impiden construir políticas sólidas, eficaces y sostenidas en el tiempo que, con mucha razón, demandan quienes viven en la Provincia de Santa Fe. Esto va de la mano con la propuesta oficial de legislar una política de detenciones masivas, arbitrarias y sin control judicial a través de una reforma del Código Procesal Penal. Nuevamente, si lo que se pretende es eficacia, debe promoverse una política criminal orientada a desbaratar la enorme rentabilidad de los mercados criminales (de armas, de drogas, entre otros) y sus complicidades estatales, que explican buena parte de la violencia en Rosario, y que hoy siguen gozando mayormente de impunidad. Lógicamente, una política criminal verdaderamente eficaz implica afectar intereses mucho más poderosos que los que afecta la propaganda carcelaria grotesca e inconducente. Proponemos un debate que busque políticas eficaces y no mediáticas que solo encuentran sustento en posiciones hiperideologizadas que en nada aportan a la solución real.
Las autoridades anuncian que no van a “aceptar ninguna extorsión” mientras que de esta manera extorsionan a las y los santafesinos, dando a entender que solo así se conseguirá Seguridad.
Si efectivamente la intención es gestionar una política exitosa de convivencia, que garantice el derecho de los habitantes de la Provincia a desarrollar sus proyectos de vida en un marco de seguridad, este no vendrá de la mano del menoscabo del Estado de derecho y la vida democrática. La violencia espirala, escala, se reproduce y crece. La pedagogía de la crueldad con su exhibición obscena de la humillación de las personas, cualquiera sea su condición, empeora la ruptura de los códigos básicos de convivencia en sociedad. Este tipo de publicaciones oficiales, habilitan políticas que expanden el marco para institucionalizar prácticas violentas y humillantes, degradantes de la dignidad de cualquier persona.
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