Acerca de cómo debería ser un complejo penitenciario respetuoso de derechos.
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Presentamos una carta ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para poner en conocimiento la situación de incitación a la violencia y la promoción de accionar ilegal de las fuerzas de seguridad por parte de funcionarios públicos, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, allanamientos irregulares y el empeoramiento de la crisis carcelaria.
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Desde el área de Seguridad y Derechos Humanos reflexionamos sobre la urgente necesidad de seguir repensando las dinámicas del sistema de justicia penal, las cuales deben estar en línea con los estándares internacionales de derechos humanos y las recomendaciones de los organismos internacionales, asegurando que se respeten los principios de igualdad, no discriminación y protección de los derechos de todas las personas involucradas.
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El Equipo de Seguridad de ANDHES analiza el protocolo antipiquetes que anunció la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. Sus alcances y consecuencias.
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El 18 de septiembre de 2015, Alejandro Díaz fue torturado en la comisaría de Tafí Viejo por el policía Alfredo Jiménez mientras otro efectivo, Omar González, filmaba. El video fue viralizado. En las imágenes se ve claramente como Jiménez le saca las esposas a Díaz, lo golpea en repetidas oportunidades en el rostro y le toma del pelo con fuerza. Mientras le pegan, también lo hostigan: “¿Por qué no me respetás, chango? ¿por qué seguís hinchando las bolas en mi turno?¿por qué no me hacés caso?”,
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Andhes solicitó la incorporación en la investigación a través de la figura de querellante institucional, que en primera instancia fue rechazada por la Fiscalía de Asuntos Complejos, fue otorgada en el día de hoy en audiencia judicial en la que estuvieron presentes las distintas partes involucradas en el proceso. Esta figura permitirá a la organización aportar pruebas y solicitar medidas durante el desarrollo del proceso, desde una perspectiva de derechos humanos.
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Las organizaciones sociales nos encontramos en estado de alerta y preocupación ante un accionar de la Corte que es perjuicioso para fortalecer una sociedad democrática y respetuosa de los Derechos Humanos.
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Se trata del caso de Miguel Reyes Pérez, en el que el agente de la policía motorizada, Mauro Navarro, había sido condenado en primera instancia a cadena perpetua y luego fue absuelto por la Corte Suprema de la provincia.
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