En esta primera edición, Florencia Rodríguez,  Julia Ballesteros Kempf y Elena Burgo de Chazal del equipo de Género de ANDHES Tucumán nos acerca un dato clave para comprender los desafíos actuales en materia de derechos de las mujeres y LGBTINB+.

En el marco del Día Internacional por la Salud de las Mujeres, Amnistía Internacional presentó un informe que analiza el retroceso en el acceso al aborto en Argentina, a cuatro años de la sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (Ley 27.610). Uno de los datos más alarmantes que denuncia el informe es el aumento del 275% en las consultas, denuncias y pedidos de asesoramiento por dificultades en el acceso a este derecho, en comparación con el año 2023.

Los causantes de este indice preocupantemente elevado son variados, entre ellos se destacan: falta de insumos médicos y de información sobre el derecho al aborto, la presencia de actores que desinforman o disuaden de abortar, las dilaciones y/o retardos injustificados en los distintos niveles del sector de salud y los malos tratos por parte de su personal. 

En el último año, las políticas públicas se orientaron a debilitar los tres pilares sostenidos por la campaña: educación sexual integral, anticonceptivos y aborto legal. En este sentido, el gobierno desfinanció el “Plan ENIA” (prevención del embarazo no intencional en la adolescencia), redujo en un 81% la provisión de anticonceptivos y test de embarazo e interrumpió la compra y distribución de insumos. Conforme surge del informe de Amnistía, en 2024 no se entregaron insumos ni equipamiento para la realización de la práctica  a las provincias. 

Ante lo planteado no podemos evitar preguntarnos: ¿Cómo podemos ejercer nuestros derechos si desconocemos las maneras de acceder a ellos?, ¿Cómo podemos ejercerlos si el mismo Estado optó por incumplir y desmantelar una ley vigente?  En muchas provincias, las barreras económicas y geográficas dificultan el acceso al aborto, al punto de que en muchos casos implica pagar, a pesar de que la ley establece su gratuidad como un principio fundamental. A esto se suma la desinformación, que se convierte en un instrumento estratégico para quienes buscan obstaculizar el acceso a este derecho. Esta falta de información genera un terreno fértil para los prejuicios, la estigmatización y la manipulación, debilitando aún más las posibilidades de ejercerlo. Muchas personas que se acercan a los centros de salud desconocen si pueden acceder a un aborto legal y, en caso de poder hacerlo, no saben cómo proceder.

A las condiciones materiales y económicas se adiciona la conducta adoptada por el personal de salud que pretende dilatar y/o retrasar injustificadamente el tratamiento, incurriendo en una conducta anti ética que constituye una directa violación de los derechos de sus pacientes (Ley 26.529, 27.610, 26.150, entre otras). 

Por esta razón, las redes de acompañamiento y el activismo se convierten en actores esenciales para garantizar derechos. Sin embargo, asegurar el acceso a información clara, precisa y oportuna sigue siendo una obligación indelegable del Estado.

La vulnerabilidad se ve agravada por la violencia discursiva perpetrada por miembros de los más altos cargos del Ejecutivo, que sólo aumenta el temor, la culpa y el padecimiento de quienes se realizan un aborto. Discursos que en todo caso sólo denotan la falta de precisión técnica de quienes los pronuncian: el aborto nunca fue tipificado como un asesinato, incluso cuando su práctica se encontraba penalizada se enmarcaba en un tipo penal diferenciado. Sostener lo contrario refuerza el estigma social y criminaliza una práctica que hoy encuentra un amplio marco normativo de protección. 

La conducta adoptada hoy en dia por el Estado y por distintos profesionales de salud significa un enorme retroceso en materia de derechos humanos y se presenta como una injerencia indebida en la vida privada de las personas gestantes, pretendiendo imponer un proyecto de vida propio y juzgar, desde una subjetividad determinada, su vida sexual.