En la mañana del 29 de agosto del 2024, Franco ALMIRÓN, un joven de 31 años, fue víctima de un gravísimo hecho de violencia policial. Tres agentes del Grupo Especial de Apoyo Motorizado (GEAM) encapuchados y con el rostro totalmente cubierto por un pasamontañas, le dispararon a quemarropa a la cara. Luego se retiraron del lugar sin prestarle auxilio ni dar aviso a las autoridades, como si nada hubiera pasado.
Franco se encontraba en la avenida Martín Berho al 2000 de la Ciudad de San Miguel junto a dos amigos. Fueron ellos y sus familiares quienes, ante la inacción policial, lo trasladaron al Centro de Salud para ser atendido. Allí le salvaron la vida pero perdió un ojo y su visión quedó afectada de manera irreversible.
Este hecho sucedió en el marco de un contexto de recrudecimiento de la violencia policial en Tucumán, donde se ha vuelto una práctica sistemática el uso abusivo, irracional e innecesario de la fuerza. Donde cotidianamente vemos el despliegue violento de las fuerzas en los barrios señalados como peligrosos, con detenciones arbitrarias masivas que conocemos como trencitos, con allanamientos plagados de irregularidades y con un patrón de prácticas abusivas por parte de los agentes.
ANDHES asumió la querella institucional en la causa porque se trata de un caso testigo de una práctica de violencia policial generalizada que viene caracterizando la política de seguridad de la provincia. No se trata de excesos, errores individuales o de un hecho aislado, se trata de la propuesta central del Poder Ejecutivo provincial para gestionar la seguridad pública en Tucumán, en sintonía con lineamientos nacionales.
Una política de seguridad en la provincia que lejos de ajustarse a los estándares y límites que marca el derecho internacional de los derechos humanos, lejos de poner en el centro el cuidado de las personas, se caracteriza por el uso innecesario de la violencia, el despliegue irracional del poder y el uso desproporcionado de armas directamente contra la vida y la integridad de los y las vecinas de nuestra provincia. Por supuesto no de todos, sino centralmente de aquellos jóvenes pobres de los sectores populares, que otra vez son los descartables del sistema.
Los límites que deberían caracterizar el uso de armas de fuego y el uso de la fuerza en un contexto democrático están marcados claramente por normas nacionales e internacionales. Sin embargo, cuando desde el Poder Ejecutivo se alienta lo contrario, cuando el propio Jefe de Policía insinúa que hay vidas que valen más que otras, se habilita un mensaje peligroso: que el rol de las fuerzas es limpiar la ciudad, disparando primero, investigando después.
Para ANDHES es fundamental el cese de estas prácticas ilegales y violentas, por eso creemos que resulta indispensable que en el marco de la causa que se investiga, se dicten medidas para garantizar la no repetición de este tipo de casos y por lo tanto se exhorte la implementación de políticas de seguridad respetuosas de los derechos humanos y de la dignidad de todas las personas.
