Esta fecha nos invita a reflexionar sobre los retrocesos y desafíos que enfrentamos hoy, especialmente en contextos donde los discursos violentos y misóginos se difunden desde los niveles más altos del poder.
Esta fecha nos invita a reflexionar sobre los retrocesos y desafíos que enfrentamos hoy, especialmente en contextos donde los discursos violentos y misóginos se difunden desde los niveles más altos del poder.
En Argentina, el actual gobierno ha impulsado una agenda que debilita políticas fundamentales vinculadas a los derechos de las mujeres y diversidades. Esto incluye el cuestionamiento de la figura de femicidio, el uso distorsionado de datos para minimizar la violencia de género y el recorte de programas esenciales para la prevención, atención y acompañamiento de mujeres y sus familias en situación de violencia. También se observan retrocesos en el acceso a derechos sexuales y reproductivos y el desmantelamiento de áreas estatales que cumplen un rol clave en la protección social.
Las descalificaciones sistemáticas, insultos, agravios y campañas de desprestigio y hostigamiento orquestadas desde figuras del Poder Ejecutivo —incluido el presidente Javier Milei— y funcionarios y legisladores fieles a los lineamientos de su partido, profundizan la violencia política hacia cualquier persona que se muestre opositora poniendo especial énfasis en mujeres y personas LGBTQ+. Este fenómeno se reproduce con fuerza en redes sociales, donde trolls y cuentas organizadas amplifican discursos de odio hacia quienes manifiestan disidencia política o defienden derechos conquistados. Estos ataques no son aislados ni casuales: buscan disciplinar la participación social y política de colectivos históricamente protagonistas en la conquista de derechos, como el movimiento feminista y las disidencias, que gracias al protagonismo en múltiples procesos organizativos, reivindicativos y de lucha hemos alcanzado importantes logros como la Ley de Aborto Legal, Seguro y Gratuito, la Ley de Matrimonio Igualitario -con el que Argentina se posicionó a la vanguardia en América Latina y el mundo-, o el desarrollo de programas que contemplen la violencia de género como una problemática estructural que atraviesa todos los sectores de la sociedad. También son las mujeres quienes sostienen comedores, merenderos, copas de leche y organizan ferias y trueques en barrios y las comunidades frente al avance de la pobreza y precarización; las que se encuentran resistiendo con su cuerpo y limitados recursos problemáticas que se han agudizado como el consumo problemático de sustancias psicoactivas y situaciones de urgencias subjetivas y las que se enfrentan a los atropellos de mega empresas extractivas que atentan contra la vida de sus territorios y el medio ambiente.
La violencia, cuando se naturaliza e instituye desde el poder, tiene un efecto multiplicador y se expande al resto de la sociedad. Esto se observa en la proliferación de noticias falsas, la estigmatización de organizaciones sociales, la criminalización de la protesta, la persecución judicial y el ensañamiento mediático hacia quienes denuncian injusticias. Creemos que estas prácticas erosionan la calidad democrática y afectan la posibilidad de participación libre, diversa y respetuosa.
Este año, el lema propuesto por Naciones Unidas —“ÚNETE para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas”— enfatiza la urgencia de atender la violencia digital, especialmente aquella que afecta a activistas, referentas territoriales, lideresas comunitarias y figuras políticas. En este contexto, resulta alarmante que Argentina haya sido el único país en votar en contra de una resolución internacional para intensificar esfuerzos contra la violencia hacia mujeres y niñas, que mantenga posiciones de neutralidad o esté ausente en debates globales sobre género y derechos humanos. A ello se suma la difusión de información falsa y la descalificación sistemática a opositoras políticas, ubicando al país en un lugar de señalamiento en la arena internacional.
En el plano regional e internacional podemos observar que el 2025 representa un punto de inflexión desde aquel gran hito histórico y de reconocimiento institucional de la Plataforma de Acción de Beijing del año 1995. Dicha Plataforma propuso el objetivo de consolidar sociedades con igualdad de género comprometiendo a los distintos Estados partes de la comunidad internacional en la creación, promoción, fortalecimiento y evaluación de sociedades conscientes y que ponen en valor el cumplimiento de la justicia social, la cual también fortalece los valores democráticos e incrementa el motor de la economía nacional.
Se cumplen 30 años de la creación de la Plataforma de Acción de Beijing que significó un compromiso internacional para avanzar en la igualdad de género. Sin embargo, el actual contexto mundial —marcado por extremismos, polarización política y conflictos armados— amenaza los avances logrados. Según Naciones Unidas, sólo dos de cada tres países prohíben la violencia doméstica, 37 Estados aún no juzgan a agresores que son cónyuges o parejas de las víctimas y en 49 países no existe legislación contra la violencia doméstica. Aunque algunos países han mostrado resultados positivos; los avances son lentos y desiguales.
Los Estados comprometidos con la igualdad trabajan en múltiples áreas: erradicar la violencia, mejorar el acceso a la salud, garantizar igualdad salarial y laboral, fortalecer el empoderamiento económico, promover la corresponsabilidad en los cuidados, ampliar el acceso a la educación y aumentar la participación política. La premisa es clara: sociedades más igualitarias son también más democráticas, justas y económicamente sólidas.
Desde ANDHES creemos que es necesario alertar sobre el recrudecimiento e impacto de la violencia política hacia mujeres y diversidades ejercida especialmente sobre quienes se organizan para defender derechos conquistados y/o impulsar nuevas agendas de justicia social en Argentina y el resto del mundo. Los derechos de mujeres y niñas son derechos humanos fundamentales, y su protección exige la acción coordinada de los Estados y de toda la sociedad. No podemos permitir que la hostilidad, la desinformación y los discursos de odio se normalicen porque prevenir la violencia es una obligación democrática y un compromiso para construir países más igualitarios, justo y libres. No hay derechos humanos sin igualdad de género. No hay democracia ni libertad si se amenazan nuestros derechos.
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