El 02 de octubre, el Presidente Javier Milei y la Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, presentaron -sentados frente al Penal de Ezeiza- el proyecto de reforma del Código Penal de la Nación, como parte de las reformas que llamaron “Plan Nacional de Tolerancia Cero”. Durante la presentación, el presidente expresó que estas son las reformas necesarias para “una sociedad segura para los argentinos de bien” y volvió a repetir el eslogan que caracteriza su política de seguridad, “el que las hace las paga”.

Es así que en un contexto de campaña electoral signada por los escándalos de corrupción, crisis económica creciente y el aumento del uso de la fuerza para reprimir las protestas pacíficas, aparece nuevamente la promesa de “mano dura” frente al delito, como solución mágica para los problemas de seguridad que aquejan a las personas. Lamentablemente, esto no es más que una promesa de resultados con reformas que no van orientadas a prevenir el delito (porque la cárcel no previene el delito), sino a reforzar la criminalización penal, especialmente la de los sectores más vulnerables de la población. 

Este proyecto se enmarca en las políticas de seguridad punitivistas que viene implementando el gobierno nacional desde el inicio de su gestión, cuando a tan solo 8 días de asumir, se sancionó el llamado “protocolo Bullrich”, que legitimaba la criminalización y represión de manifestantes. Posteriormente se ampliaron las facultades de las fuerzas de seguridad federales por decreto, para que puedan ejercer acciones de inteligencia, monitorear los espacios digitales (redes sociales y páginas web) y realizar requisas sin órden judicial; y más recientemente se creó la figura del “peligro de reiterancia delictiva” como nueva causal para el dictado de prisión preventiva, a través de la sanción de la Ley N° 27785.

Paralelamente y también desde el comienzo de la gestión Mileista se buscó introducir cambios en la legislación penal a través de la llamada “ley ómnibus”, mediante los cuales se pretendia facilitar la represión de la protesta social, castigando con especial severidad aquella que incluyera cortes de rutas o calles y dotando de mayores atribuciones a la policía y fuerzas de seguridad a fin de facilitar la acción represiva, lo cual provocó el rechazo de un grupo importante de juristas1.  

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1. https://www.lanacion.com.ar/politica/juristas-rechazaron-la-reforma-penal-de-la-ley-omnibus-por-limitar-la-protesta-nid17012024/