El escenario global muestra una creciente hostilidad hacia importantes sectores de la población, cuyos derechos, fruto de prolongadas e intensas luchas históricas, se ven cada vez más vulnerados o relegados. Dentro de estos grupos nos encontramos los pueblos indígenas, arrastrando las consecuencias de la violencia estructural instaurada desde el periodo colonial hasta nuestros días. Allí se han conjugado diferentes sistemas opresores cargados fuertemente de un racismo que transversaliza cualquier enfoque de análisis: histórico, étnico, cultural, económico, de género, etc. 

El Estado argentino no ha sido la excepción a la reproducción de esta matriz colonial. A través de distintos dispositivos continuó operando en territorios indígenas de manera violenta, o con políticas asimilacionistas y de incorporación de la población indigena a la nueva nación que se proyectaba: una Argentina blanca, homogénea, monocultural y monolingüística. Sin embargo, no podemos ver estos acontecimientos como parte de un pasado lejano, ya que se enmarcan en un proceso genocida que tiene incidencia en el presente, por medio de diversas formas. Una de ellas es la decisión reciente del actual gobierno nacional, encabezado por Javier Milei, de modificar la denominación del 12 de octubre, que pasó de “Día de la diversidad cultural” a “Día de la Raza”. Este término, por un lado, va en detrimento de quienes venimos luchando por una reparación histórica de nuestros pueblos y no hace más que profundizar la política de despojo estructural que el Estado argentino ha sostenido históricamente, intensificando su ofensiva contra los pueblos indígenas, legítimos poseedores del territorio. Pero, además, por otro lado, el concepto de raza no tiene un fundamento biológico ni científico: más bien, fue una construcción ideológica surgida en el marco del colonialismo europeo, especialmente durante los siglos XVIII y XIX. Su función principal fue justificar la dominación, el saqueo y el exterminio de pueblos considerados “inferiores” según parámetros impuestos por las potencias coloniales. Así, la idea de raza sirvió para legitimar la esclavitud, el despojo de territorios, el genocidio de poblaciones indígenas y la imposición de una jerarquía social basada en la supremacía blanca. Aún hoy, sus efectos persisten en las estructuras de poder, en las desigualdades y en los discursos que intentan naturalizar la exclusión y la violencia sobre los pueblos racializados. 

Si hacemos una revisión histórica del término, fue en al año 1917 que el presidente Hipólito Yrigoyen acuñó tal fecha como el Día de la Raza, una denominación que celebraba la “hermandad hispanoamericana” y la herencia europea, invisibilizando la violencia colonial y el genocidio indígena. Sin embargo, tras décadas de revisión crítica impulsada por movimientos indígenas, afrodescendientes y organizaciones sociales, en 2010 el decreto presidencial N.º 1584 cambió su nombre por Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Esta modificación no fue meramente nominal: representó un gesto político y simbólico hacia la construcción de una memoria más justa, que reconoce la pluralidad de identidades y la resistencia de los pueblos que han sido históricamente oprimidos.

Retomar la noción de raza hoy, en el discurso oficial, implica un retroceso en el reconocimiento de esa historia y una reafirmación de las lógicas coloniales que aún persisten. Nombrar no es un acto inocente: es definir desde dónde se mira el mundo y a quién se le concede voz y humanidad. Por eso no vemos casual que un gobierno neoliberal como el actual se realice esta modificación en el calendario federal, dejando en claro su postura antiderechos que viene profesando desde que asumió en 2023.