La presentación aporta estándares internacionales de derechos humanos y evidencia empírica obtenida mediante un pedido de acceso a la información pública sobre denuncias por violencia institucional.
La presentación aporta estándares internacionales de derechos humanos y evidencia empírica obtenida mediante un pedido de acceso a la información pública sobre denuncias por violencia institucional.
La acción judicial fue promovida en relación con habitantes y transeúntes de la ciudad de Salta, especialmente personas en situación de vulnerabilidad socioeconómica y/o en situación de calle, así como aquellas alcanzadas por el denominado “operativo trapito”, quienes —según se denuncia— son habitualmente detenidas por la policía sin orden judicial y trasladadas al Centro de Contraventores. El escrito pone el foco en el impacto de estas prácticas sobre personas en situación de vulnerabilidad y advierte sobre la persistencia de detenciones arbitrarias, la amplitud normativa que las habilita y las debilidades en la respuesta estatal frente a las denuncias contra fuerzas de seguridad.
En particular, la presentación de ANDHES tuvo como objetivo aportar estándares jurídicos nacionales e internacionales en materia de derechos humanos para contribuir al análisis del caso y fortalecer el debate sobre la constitucionalidad de las detenciones policiales sin orden judicial, en particular respecto del artículo 18 inciso c) de la Ley Orgánica de la Policía de Salta.
En el amicus, ANDHES desarrolla estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos sobre detenciones policiales, destacando los principios de necesidad y proporcionalidad, legalidad y tipicidad, control judicial efectivo e igualdad y no discriminación. En ese marco, se advierte que las normas amplias o ambiguas que habilitan detenciones sin orden judicial facilitan prácticas arbitrarias y discriminatorias, especialmente contra grupos históricamente criminalizados.
La presentación también recupera antecedentes de litigio estratégico impulsados por ANDHES, como la causa “Nuñez” en Tucumán, en la que la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad del régimen contravencional aplicado, por afectar el derecho a la libertad personal, la defensa en juicio y el debido proceso.
Información clave obtenida por pedido de información pública
Uno de los aportes centrales del amicus surge de un pedido de acceso a la información pública realizado por ANDHES ante la Procuración General de Salta, destinado a conocer la respuesta estatal frente a denuncias por violencia institucional.
El dato más significativo es que de los 1735 ingresos totales en la Fiscalía de Derechos Humanos, solo se encuentran abiertos 18 Legajos de Investigación, lo que representa apenas el 1.03% del total de denuncias.
Los datos oficiales revelan:
La propia Fiscalía informó que no cuenta con un sistema que permita identificar con precisión el seguimiento específico de las denuncias web una vez incorporadas al sistema penal.
A partir de esta información, la presentación advierte sobre las dificultades estructurales para garantizar una respuesta estatal efectiva frente a hechos de violencia institucional. Si bien existen mecanismos formales de denuncia y servicios de asistencia a víctimas, el volumen de archivos y la limitada apertura de investigaciones evidencian obstáculos persistentes en el acceso real a la justicia.
A través de esta intervención, ANDHES busca contribuir al respeto y protección integral de los derechos de personas en situación de vulnerabilidad y promover que el análisis judicial del caso incorpore los estándares mínimos de protección de derechos humanos aplicables frente a prácticas de privación de libertad sin control judicial, que a su turno revelan un patrón de impunidad.
Directora Ejecutiva de ANDHES, abogada graduada de la UNT, aspirante a la docencia en la Cátedra A de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la UNT, consultora en derechos humanos de niñas, niños y adolescentes.
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