La Mesa No a la Baja y la defensa territorial de las adolescencias en Tucumán

Hay decisiones que se toman en segundos y cuyas consecuencias duran años. Un botón que se aprieta en un recinto legislativo. Un decreto que se firma en un despacho. Un traslado que se anuncia para el ”rigor”. Y, del otro lado, adolescentes cuyas vidas quedan marcadas por esas decisiones.

En Tucumán, la decisión de trasladar a adolescentes a un pabellón dentro del Complejo Penitenciario de Benjamín Paz no es una medida descontextualizada. Se inscribe en el mismo clima político que atraviesa hoy el debate nacional por la baja de la edad de punibilidad: un clima de endurecimiento, de respuestas rápidas, de frases como “que sientan el rigor de la condena” o “a delitos de adultos, penas de adultos”, que reducen una problemática compleja a una consigna mediática, simplista y punitiva.

Frente a ese escenario, desde la Mesa No a la Baja Tucumán, espacio multisectorial conformado en 2017 por organizaciones sociales, organismos de derechos humanos, colegios profesionales, sindicatos, espacios académicos, partidos políticos y personas comprometidas con la temática, venimos sosteniendo que bajar la edad de punibilidad no sólo es una medida regresiva y contraria a los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino, sino que además es ineficaz y profundamente injusta.

Del debate nacional al territorio: cuando el discurso se vuelve práctica

Mientras en el Congreso de la Nación el nuevo Régimen Penal Juvenil obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, reforzando un enfoque de endurecimiento, en la provincia se avanzó mediante el Decreto N.º 112/4 MDS en la creación de un pabellón para adolescentes dentro del Complejo Penitenciario de Benjamín Paz.

La contradicción se hace evidente cuando incluso en el debate nacional se ha planteado la prohibición del alojamiento conjunto de adolescentes y adultos como un estándar básico. Sin embargo, en la práctica provincial, esos límites parecen diluirse con una velocidad alarmante.

Desde ANDHES, como organización participante de la mesa, se presentó un hábeas corpus preventivo colectivo para frenar el traslado, advirtiendo que la medida implica un agravamiento ilegítimo de las condiciones de alojamiento y vulnera el principio de especialidad del sistema penal juvenil. La acción judicial busca impedir que adolescentes sean alojados dentro de un complejo penitenciario de adultos, aun bajo la figura de pabellones “separados”.

Porque no es lo mismo un dispositivo socioeducativo que una cárcel. No es lo mismo cuidado que encierro punitivo.

La fuerza de la articulación

La respuesta no fue individual. Fue colectiva.

Desde la Mesa No a la Baja se solicitaron reuniones con el Ministerio de Desarrollo Social, donde se expresó formalmente el rechazo a la medida ante el ministro Federico Masso y su equipo. También se mantuvieron encuentros con la Defensoría Nacional de Niñez, con el Comité Nacional de Prevención Contra la Tortura y con legisladores provinciales y nacionales, buscando activar mecanismos institucionales de control y pronunciamientos públicos.

El saldo de estas acciones no es menor. En un contexto de discursos oficiales que intentan presentar el encierro como “reorganización” o “dispositivo especial”, la Mesa logró instalar el debate en términos de derechos. Logró que se discuta el principio de especialidad, el interés superior del niño, la prohibición de alojar adolescentes en espacios carcelarios de adultos. Logró, sobre todo, que el tema no pase en silencio.

La vigencia de la Mesa es, en sí misma, una estrategia política que implica sostener la articulación en tiempos de fragmentación; sostener la palabra colectiva en tiempos de discursos estigmatizantes; sostener la defensa de derechos cuando se los presenta como obstáculos.

Más castigo no es más seguridad

Proponer la baja de la edad de punibilidad o trasladar adolescentes a cárceles de adultos aparece, cíclicamente, como respuesta a hechos puntuales o como bandera electoral. Es una fórmula vieja. No está respaldada por datos serios que indiquen que endurecer penas reduce el delito juvenil. No aborda las causas estructurales: pobreza, exclusión, falta de acceso a educación, salud, vivienda, trabajo digno, espacios comunitarios.

En nombre de la seguridad, se habilita una política que termina siendo selectiva: criminaliza y estigmatiza a jóvenes de barrios populares, muchos de cuyos derechos ya han sido previamente vulnerados.

La pregunta de fondo es otra: ¿qué tipo de sociedad queremos construir?

Si la respuesta es una sociedad democrática y respetuosa de los derechos humanos, entonces la política pública en materia de niñez no puede centrarse en el castigo. Debe centrarse en el cuidado, la prevención y la inclusión. Debe fortalecer espacios de participación protagónica de niños, niñas y adolescentes. Debe invertir presupuesto real en políticas integrales.

Parar y mirar

Las decisiones políticas suelen ser rápidas. El daño, en cambio, es lento y profundo.

Parar. Analizar. Pensar. Esos tiempos parecen no estar cuando se legisla sobre niñez y adolescencia. Pero son imprescindibles.

Porque aquí no estamos discutiendo estadísticas abstractas. Estamos hablando de vidas en desarrollo. De trayectorias que pueden reconstruirse si hay acompañamiento adecuado. De adolescentes que necesitan políticas socioeducativas, no mensajes de escarmiento.

Desde la Mesa No a la Baja seguimos diciendo lo mismo que en 2017, no queremos más encierro como respuesta automática. Queremos más escuelas, más clubes, más trabajo digno, más salud, más presencia estatal en clave de derechos.

Defender sus derechos no es ingenuidad. Es una obligación constitucional y una condición básica para una sociedad más justa.

En tiempos en que el castigo se presenta como solución rápida, sostener esta posición es un acto de militancia territorial y de responsabilidad democrática.