El 14 de marzo de 1978, durante la última dictadura cívico militar, ocurrió la masacre de Pabellón Séptimo, considerada la más grande masacre carcelaria en nuestro país, con aproximadamente 65 muertes y 88 heridos, llevada a cabo con toda la violencia estatal de acción y de omisión. Alrededor de los hechos se creó una cortina comunicacional con encubrimiento institucional en base a un motín denominado ‘’motín de los colchones’’, donde se relataba que tras una protesta se generó un auto incendio. Esta estrategia responsabilizó a las propias víctimas, obstaculizando el conocimiento de la verdad y el juzgamiento de los responsables durante años, y tenía un claro objeto: seleccionar cuáles eran los sujetos que merecían ser víctimas y cuales entonces, fueron empujados a la invisibilización. 

Los sobrevivientes y familiares de las victimas exigieron el debido juicio y visibilización correspondiente a los crímenes del terrorismo de estado, pero la respuesta fue que no catalogaba dentro de tales ya que las víctimas no eran consideradas ‘’presos subversivos’’. Recién en 2014, gracias a la lucha y organización de los sobrevivientes y familiares de víctimas, los hechos fueron denominados como crímenes de Lesa Humanidad enmarcadas dentro del terrorismo de estado y consecuentes de un plan sistemático.  Si no hubiese sido por los testimonios de quienes sobrevivieron y el acompañamiento organizado de profesionales, asociaciones civiles y artistas, la impunidad seguiría vigente y no se podría haber construido el relato verdadero de esa mañana, donde no sólo el fuego fue intencionado por agentes del servicio, sino que, detrás hubo una sistematización institucional de abandono y fusilamientos posteriores.

Tras 47 años de impunidad, con un silencio cómplice y funcional por parte de los medios masivos y de los poderes estatales, el 12 de diciembre de 2025, ocurrió un fallo histórico . Se condenaron por 25 años al ex presidente de la unidad penitenciaria Juan Carlos Ruiz y al ex jefe de la división seguridad interna Horacio Martin Galindez, ambos por coautoría y participación necesaria en la masacre transcurrida en la Cárcel de Devoto.

La sentencia nos obliga a mirar a los establecimientos penitenciarios como lugares donde constantemente se vulneran Derechos Humanos y  que para que esto funcione, a su vez existe una especie de legitimación social de ello. Alrededor en el imaginario sobre los contextos de encierro  gira una estrategia comunicacional donde las personas privadas de libertad nunca pueden ser víctimas, y que el estado mediante prácticas abusivas cumple un rol preventivo y útil para la seguridad social. Condenar la tortura es ponerle nombre a la violencia estatal y a sus operadores, para completar una parte de nuestra historia, visibilizar e indemnizar a las víctimas, pero tambien para revisar nuestro presente y velar por los derechos de todos por igual.

Pasadas casi cinco décadas y en democracia, las cárceles y comisarías siguen siendo lugares de múltiples tipos de castigos para las personas privadas de libertad y para sus familiares. Nombrar y sentenciar la tortura, tras décadas, es un acto político, porque obliga a visibilizar las cárceles no como espacios ajenos, sino como territorios estatales donde deberían regir los mismos derechos como en cualquier otro.

Es importante entender que Pabellón Séptimo no es un caso aislado ni quedado en el tiempo: las cárceles en nuestro país y en nuestra provincia siguen siendo territorios de múltiples castigos y violencia institucional, y que no puede existir ningún aval discursivo que naturalice y celebre el terrible atropello de Derechos Humanos que sufren quienes habitan en ellas, y que, contrario a los dichos, son el Estado y sus operadores quienes deben proteger y garantizar por el cumplimiento de condiciones dignas y asegurar el pleno acceso de derechos.  

La sistematización para el funcionamiento es todavía es la misma: alguien tortura, alguien firma, alguien justifica y alguien elige naturalizar.