Aunque en Jujuy se identificaron al menos 22 lugares que funcionaron durante la última dictadura cívico militar como ex centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, no contamos con ningún sitio de memoria  abierto y activo. La infraestructura sobre la que se materializó el circuito represivo genocida permanece oculta y silenciada, como si allí no se hubieran cometido los crímenes más graves  contra la humanidad. Sin señalización, resguardo o una política pública que se atreva a nombrarlos. Esta ausencia no es casual, forma parte de lo que vamos a  llamar las políticas de la (des)memoria: un entramado de decisiones, omisiones y violencias simbólicas que combinan silencios, olvidos y negaciones del Estado en una provincia donde la  empresa Ledesma S.A.A.I. sigue conservando un poder capaz de garantizar su impunidad.  

La crónica que escribo intenta recuperar algo de lo que nos fue arrebatado, una  memoria que se construye y persiste a pesar del abandono estatal. Nuestros recorridos por estos espacios, donde la memoria debería ser una bandera pero  parecería imperar el olvido, son siempre por afuera, por los bordes y con la sensación de estar mirando una herida que nunca se cerró. En Jujuy todavía no se nos ha  concedido el derecho de hacer de esos espacios un lugar para la memoria activa. 

Cada 24 de marzo, la marcha por el “Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia” recorre más de  cuatro kilómetros desde el Parque de la Memoria hasta el centro de la ciudad, terminando en la Plaza Belgrano de San Salvador de Jujuy. Caminamos, algunos años bajo el sol, otros bajo la lluvia que parece despedir el verano. Caminamos, tal vez, porque todavía no tenemos un lugar donde quedarnos; porque esa memoria viva, en constante movimiento, todavía sigue buscando un anclaje físico, un lugar que materialice tantos años de  lucha, un Sitio de la Memoria. 

Todos los años la marcha en San Salvador de Jujuy hace dos paradas, la primera en el Centro  Clandestino de Detención que funcionó en el Penal de Gorriti y la segunda en el Centro  Clandestino de Detención que funcionó en el Cabildo de Jujuy, el Ex Comando Radioeléctrico. 

Al Penal de Gorriti ingresé en algunas oportunidades en el marco de visitas de monitoreo para la  prevención de la tortura que realizamos con ANDHES. En uno de esos recorridos un agente penitenciario mencionó: "en este sector estaban los detenidos de la dictadura".  Fue una frase fugaz que me dejó helada. Yo no lo sabía. Me pregunté ¿Aquí, lejos de existir un  Sitio de la Memoria, todavía se siguen violando derechos humanos?.

Frente al ingreso del Penal, en una rotonda hay un pequeño monolito. En una de sus caras puede leerse: “En este penal funcionó un campo de tortura y muerte durante la última dictadura  militar”. En otra: “Son 30 mil”. El monolito fue realizado por una organización social, una de esas que el gobierno provincial se ha empeñado en criminalizar y que, como en tantos otros casos, intentó llenar el vacío que deja la ausencia de políticas públicas, resistiendo los embates de la (des)memoria junto a los organismos de derechos humanos.  

En la puerta del Penal, cada año se realiza un acto, cargado de palabras emotivas pronunciadas por compañeras y  compañeros, ex presos políticos detenidos y torturados en ese mismo lugar. El Penal, suele esperarnos con sus portones metálicos cerrados y con guardias que observan y registran  nuestros movimientos apostados en las dos torres panópticas que custodian el ingreso. En algunas oportunidades, casi como una escena de justicia popular ante el olvido  estatal y la impunidad judicial, algún manifestante se anima a intervenir esas murallas con un grafiti que señala: “Aquí se cometieron delitos de lesa humanidad”. 

Luego de ese acto, la marcha continúa su recorrido por las calles céntricas de la ciudad hasta llegar a otro punto clave, el Cabildo de Jujuy. En ese edificio, funcionó el Comando Radioeléctrico, un centro clandestino de detención y tortura, aunque lamentablemente esto muchos jujeños y jujeñas no lo saben. Probablemente, el Cabildo sea el caso más emblemático de las políticas de la (des)memoria en Jujuy. Por su ubicación céntrica y  por su enorme valor histórico y simbólico, ese edificio podría haberse convertido en un sitio de memoria fundamental para la provincia. Sin embargo, eso no ocurrió. 

En el año 2022, en el marco de un proyecto de restauración y “puesta en valor” del Cabildo donde durante años funcionó la Central de Policía, se inició una obra que destruyó este sitio. Las máquinas excavadoras y demoledoras arrasaron con parte del  edificio y del patrimonio, vulnerando la Ley Nacional de Sitios de la Memoria. La situación generó un conflicto entre el Estado provincial y los organismos locales de derechos humanos, que denunciaron penalmente la destrucción de este sitio. Este conflicto, que se tramita  en la justicia federal, aún no está resuelto.  

Por el Comando Radioeléctrico pasaron prácticamente todas las víctimas del genocidio en  Jujuy. Fue un punto neurálgico dentro del circuito represivo local. Cientos de testimonios, de  víctimas sobrevivientes y de familiares, recabados en los juicios por delitos de lesa humanidad  dan cuenta del dolor y el sufrimiento vividos en ese lugar. 

El 23 de agosto de 2023, día en que se conmemora el Éxodo Jujeño, se inauguró oficialmente  el Cabildo de Jujuy. El acto estuvo encabezado por la vicepresidenta de la Nación, señalada por sus vínculos con militares y genocidas, y el  gobernador de la provincia. Casi como una prueba concreta del negacionismo que impera,  ningún organismo de derechos humanos fue invitado a participar de ese acto. 

Sin embargo, los organismos de derechos humanos de Jujuy decidimos hacernos  presentes, y aunque el edificio estaba vallado, logramos encender la memoria. Cubrimos  esas vallas con pañuelos blancos, con carteles y mensajes que decían,  una y otra vez, que son 30 mil, que fue un genocidio y que allí funcionó un centro clandestino de detención y tortura, 

En el edificio actualmente funciona un museo, una biblioteca, el Archivo Histórico Provincial, una confitería, y otros salones de usos múltiples. A casi dos años de haber sido inaugurado el Cabildo, todavía no existe ningún tipo de señalización que indique lo qué pasó ahí y peor aún hoy está siendo usado como un depósito de materiales de construcción, que podrían provocar aún más daño.

El año pasado cuando la marcha del 24 llegó al Cabildo, lo hicimos con los pies mojados y cansados  por la larga caminata, pero también con la fuerza intacta. El cierre fue profundamente  emotivo. Carteles rodearon el lugar, dejando en claro, una vez más, que allí funcionó un centro clandestino de detención y tortura. Fue una manera de señalar lo que todavía no fue señalado oficialmente, de nombrar lo que muchos prefieren seguir callando. 

A 50 años del inicio del último golpe cívico, militar y eclesial, estos actos siguen siendo una prueba viva de que los organismos de derechos humanos, quienes sostuvieron con coraje y persistencia la lucha contra la impunidad y el olvido en este país, seguirán  haciéndolo. Porque mientras exista una injusticia sin nombrar, una verdad silenciada, y mientras no podamos recorrer un sitio en nuestra provincia seguiremos ahí, con la memoria como bandera.