El martes 10 de marzo, a las 13:30 conocimos el decreto que ordenaba la suspensión del inicio del debate oral en la causa Fronterita prevista para el día siguiente, el 11 de marzo a las 9:30 horas. Un debate cuyas fechas de audiencia se fijaron en febrero de este año, después de más de diez años de trámite judicial.

Los motivos de la suspensión incluyeron por un lado un planteo de recusación formulado por la defensa de los imputados a dos de las juezas que integran el tribunal y la realización de nuevas pericias médicas para constatar que los imputados se encuentran en condiciones de afrontar un debate oral. 

Al respecto, en fecha 17 de marzo, la Cámara Federal confirmó al tribunal a cargo del debate, resolviendo no hacer lugar a la recusación. Quedó constituido entonces por el Juez Enrique Lilljelad (Catamarca); la jueza Dra. Cristina Giordano (Córdoba); y la jueza Dra. Ana Carina Farias (Santiago del Estero).

Termina el mes de marzo sin que las pericias médicas indicadas se hayan realizado en su totalidad. Todavía no sabemos si los imputados están en condiciones de atravesar el debate ni sobre cuándo se fijará una nueva fecha de inicio. Esta falta de celeridad en la realización de las medidas genera una incertidumbre que agrava una situación ya crítica: el paso del tiempo sigue operando en contra de la posibilidad de acceder a la justicia de manera efectiva.

El proceso llega a esta instancia profundamente afectado por las demoras estructurales. De los seis empresarios inicialmente imputados, solo dos —Jorge Alberto Figueroa Minetti y Eduardo Butori— permanecen hoy en condiciones de ser juzgados, luego de fallecimientos y apartamientos por razones de salud ocurridos a lo largo de todos estos años. Este escenario, como lo venimos señalando, coloca a la causa en el límite de la impunidad biológica, donde la falta de respuestas judiciales oportunas amenaza con tornar ilusorio el acceso a la justicia.

Se trata además, como lo venimos señalando, de un juicio de carácter histórico para nuestra provincia, nuestra región NOA y nuestro país: es el primer juicio en Tucumán que busca analizar la responsabilidad de actores empresariales en el terrorismo de Estado, un aspecto clave para comprender la dimensión económica y civil del aparato represivo.

A más de 50 años de los hechos, las víctimas y sus familiares siguen esperando justicia. Cada nueva dilación no es solo una demora procesal: es una forma de negación de esa justicia. Frente a este escenario, exigir el inicio inmediato del debate oral no es solo un reclamo jurídico, sino una condición indispensable para que el proceso de memoria, verdad y justicia no se siga siendo erosionado por el paso del tiempo.