Mes de lucha contra la violencia policial. La brutalidad como respuesta Estatal. Una mirada desde el NOA

En el mes de lucha contra la violencia policial, un recorrido para pensar desde dónde venimos, en qué estado estamos y con qué herramientas contamos para incidir en las políticas públicas de seguridad. Una mirada desde el norte argentino.

El noroeste argentino fue históricamente territorio de prueba en reformas de profundo carácter punitivista y represivo, en muchas oportunidades como contracara de brutales ajustes económicos, que impactan de manera diferenciada y recrudecen la vulnerabilidad de las personas en situación de vulnerabilidad y favorecen el nivel de violencia, en otras simplemente como una promesa vacía de respuesta simple a una problemática que es compleja, pero siempre con el señalamiento y construcción de un “otro” peligroso, indeseable, desechable para el Estado - indígena, adolescente, joven, pobre, mujer, disidencia, etc - y con la puesta en marcha de los recursos estatales para la criminalización de ese “otro”. En una reconstrucción más lejana en el tiempo, podemos citar el Operativo Independencia en Tucumán en el año 1975, a través del cuál se pusieron en marcha prácticas de terrorismo de estado que luego las fuerzas armadas y de seguridad replicarían de forma masiva durante la última dictadura cívico-militar, a partir del año 1976. 

En la provincia de Jujuy se vivió, durante el año 2023, una reforma constitucional provincial que, además de ser realizada mediante un proceso ilegítimo por la falta de consulta previa a las comunidades, estuvo acompañada de megaoperativos de represión de la protesta pacífica, que se desarrollaron entre el 17 y 20 de junio de 2023, utilizando todo el aparato estatal y poder punitivo para el disciplinamiento de los referentes de organizaciones sociales, dirigentes, comuneros y ciudadanos que se movilizaron para reclamar participación. Este proceso dejó como saldo más de un centenar de personas detenidas, algunas gravemente heridas y el recuerdo colectivo del “Jujeñazo”, como movimiento de resistencia frente al atropello estatal. 

En Tucumán, desde agosto de 2024, todas las semanas, barrios de las afueras del microcentro tucumano son territorio de espectaculares - y lamentables - megaoperativos: durante horas, policías ocupan y recorren las calles en largas filas de vehículos levantando a cualquier persona que transite por la calle. Estos operativos son popularmente conocidos como “trencitos”. También se observa un avance en las lógicas de violencia institucional en graves hechos de violencia policial y uso desproporcionado de la fuerza, como lo que le sucedió a Franco Almirón, quien perdió la vista de un ojo a causa de un disparo realizado en un operativo irregular de tres agentes de la policía motorizada. Sobre este hecho, el Juzgado de Impugnación resolvió exhortar al Ministro de Seguridad Provincial, a profundizar la capacitación brindada a los agentes policiales en prácticas adecuadas para el uso legítimo de la fuerza y armas de fuego letales y menos letales, como fue solicitado por ANDHES en su rol de Querella Institucional.

Finalmente, en Salta tramita desde el año 2025 un habeas corpus colectivo, correctivo y preventivo iniciado por la Asociación Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina contra la Policía de la Provincia de Salta, el Centro de Contraventores y el Estado provincial. En el marco de esta causa nos presentamos este año como amicus aportando estándares internacionales de derechos humanos y evidencia empírica obtenida mediante un pedido de acceso a la información pública sobre denuncias por violencia institucional. Los datos aportados dan cuenta de las dificultades estructurales para garantizar una respuesta estatal efectiva frente a hechos de violencia institucional. Si bien existen mecanismos formales de denuncia y servicios de asistencia a víctimas, el volumen de archivos y la limitada apertura de investigaciones evidencian obstáculos persistentes en el acceso real a la justicia. También se encuentra en trámite, desde el año 2021 la acción de Hábeas Corpus Colectivo Preventivo Correctivo “Expediente N° 749433/21- DEFENSORA DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, vs. MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LA PROVINCIA DE SALTA s/HABEAS CORPUS COLECTIVO, PREVENTIVO Y CORRECTIVO”, por la detención de niños, niñas y adolescentes no punibles, habilitada por el art. 2 de la Ley local 8207 y 8266 en tanto disponen la aplicación de los artículos 8 y 12 de la Ley 8097/2008 y el art. 35 de la Ley 7716. Si bien estas lógicas de intervención penal por debajo de la edad mínima de responsabilidad van a ser legales -aunque inconstitucionales- a partir de septiembre y en virtud de la entrada en vigencia del nuevo Régimen Penal Juvenil, en Salta son una lamentable realidad desde hace mucho tiempo.

¿Qué hacemos frente a este avance represivo?

Democratizar el saber, poner a disposición herramientas para el resguardo, la prevención, y construcción colectiva de estrategias de cuidado, como estos manuales

Encontrarnos en los territorios para discutir, sacar el velo a la violencia de los operativos policiales, visibilizar lo que sucede en las periferias y generar datos y recursos para incidir en las discusiones sobre políticas públicas de seguridad. En este sentido, en este mes de lucha contra la violencia institucional, relanzamos la estrategia del Mapa de la Policía, como herramienta de contrapoder, para el registro y visibilización de la violencia policial. 

Cruzar lecturas desde distintos sectores y territorios. Hacer agenda común, que también sea regional y nacional. Todavía estás a tiempo de participar en el “Conversatorio Violencia institucional, punitivismo y reforma juvenil: tensiones y desafíos” que sucederá este jueves 28 de mayo a las 18:00 Horas. Inscribite aquí. Este espacio tiene como finalidad intercambiar lecturas sobre la violencia institucional, con mirada regional y federal, para el inicio de la construcción de esa agenda común, que sirva de recurso para seguir pensando estrategias de resguardo y protección frente a la brutalidad policial.

Monitorear al estado para pensar estrategias de acuerdo a estas agendas comunes. Sobre este punto periódicamente hacemos aportes al mecanismos de seguimiento a la Convención contra la Tortura y presentamos informes ante el Comité contra la Tortura. De hecho en su último exámen a la Argentina, puso énfasis en situaciones que suceden en el Noroeste Argentino 

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