“Sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio en momentos difíciles”.
“Sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio en momentos difíciles”.
Estas palabras de Rodolfo Walsh, en su Carta Abierta a la Junta Militar del 24 de marzo de 1977, pertenecen a un contexto histórico aunque distinto del presente, que sin embargo, conserva una pregunta que atraviesa a toda democracia y que hoy vuelve a adquirir relevancia frente a los reiterados ataques, violencias y estigmatizaciones hacia la prensa, periodistas y comunicadores sociales ¿qué condiciones existen para que quienes investigan, preguntan y comunican puedan hacerlo sin miedo?
En ese sentido, en tiempos en los que los trabajadores de la prensa son señalados desde el poder, la democracia también se pone en tensión. En una sociedad democrática, el ejercicio del periodismo y la comunicación implica mucho más que informar: supone garantizar el derecho de la ciudadanía a acceder a información plural, crítica y diversa. Por eso, cuando desde el poder se descalifica, estigmatiza o expone a quienes ejercen la profesión, no se trata únicamente de una disputa entre un gobierno y determinados medios o periodistas. Lo que está en juego son las condiciones en las que se ejerce la libertad de expresión.
En este contexto, durante 2025, el Monitoreo de Libertad de Expresión de FOPEA registró 278 ataques contra periodistas y la libertad de expresión en Argentina, la cifra más alta desde el comienzo del registro en 2008 y un 55% superior a la de 2024. El dato permite advertir que no estamos únicamente frente a conflictos particulares entre periodistas y actores de poder, sino ante un deterioro más amplio de las condiciones institucionales en las que circula la información.
A su vez, las modalidades son diversas: estigmatización pública, agresiones, hostigamiento judicial, restricciones al acceso a la información y censura. FOPEA advierte, además, que existe un subregistro especialmente importante en las provincias, donde determinadas presiones no llegan a denunciarse por temor, naturalización o dependencia económica.
Por lo tanto, la libertad de expresión debe ser leída, entonces, más allá de la posibilidad formal de publicar. También exige condiciones materiales e institucionales para hacerlo sin represalias, disciplinamientos ni amenazas capaces de producir silencio o autocensura. Cuando esas condiciones se erosionan, no sólo se restringe un derecho individual: se debilita la posibilidad colectiva de controlar al poder y participar informadamente de la vida democrática.
Durante el gobierno de Javier Milei, esta discusión adquirió nuevas dimensiones, sobre todo por la circulación de discursos en un terreno más complejo que los precedentes: un ecosistema mediático-digital con audiencias fragmentadas y una alta circulación de desinformación. Ante este escenario, se profundiza una fuerte polarización en la disputa por el sentido sobre la función social del periodismo y los medios de comunicación de nuestro país.
En este sentido, desde el oficialismo se han expresado en múltiples oportunidades discursos que contribuyen al desprestigio de los periodistas, construyendo al periodismo como adversario político e inscribiéndolo en un registro de ilegalidad e inmoralidad.
Expresiones como “mandriles”, “basura mentirosa” o señalar que “la gente no odia lo suficiente a estos sicarios con credencial de supuestos periodistas” expresan no solo la descalificación de la prensa, sino también la construcción del periodismo como enemigo político. El problema, entonces, trasciende el agravio: cuando el poder político instala de manera sistemática la idea de que quienes informan son adversarios, mentirosos o actores ilegítimos, contribuye a erosionar la confianza social en el periodismo y a deteriorar las condiciones necesarias para el ejercicio de la libertad de expresión. Esta problemática no es ajena al NOA.
Jujuy como territorio testigo
El 17 de julio de 2026, personas desconocidas ingresaron por la fuerza al domicilio de la periodista jujeña Mariana Mamaní. Se llevaron únicamente una computadora y una cámara fotográfica, dos herramientas centrales para su trabajo. No sustrajeron dinero ni otros bienes de valor. En la vivienda dejaron expuesto un ejemplar de la Constitución de Jujuy reformada en 2023. Mariana describió el episodio como una invasión a su casa y “un mensaje a mi tarea periodística”.
El hecho fue señalado por Periodistas Unidxs Autoconvocadxs de Jujuy como un acto de intimidación hacia su labor. La agenda de Mariana incluye conflictos por la tierra, comunidades indígenas, desalojos, luchas feministas, derechos humanos y persecución de voces disidentes: temas que, según sus colegas, muchas veces quedan fuera del circuito dominante de información provincial.
Todavía no hay elementos que permitan señalar quién estuvo detrás del hecho. Mientras la investigación sigue su curso, lo ocurrido no deja de tener una gravedad institucional. Frente a una intimidación que la propia periodista vincula con su actividad, el Estado tiene la responsabilidad de investigar de manera seria y efectiva, garantizar su seguridad y evitar que este hecho genere miedo, modifique rutinas, limite el contacto con fuentes, frene investigaciones o provoque autocensura, produciendo así un efecto disciplinador sobre ella o sobre otras personas que ejercen el periodismo.
El derecho colectivo a saber
Frente a este escenario, defender la libertad de expresión no solo significa defender a un medio o a un periodista. Supone garantizar condiciones materiales, económicas, institucionales y de seguridad para que periodistas y comunicadores puedan investigar, producir, preguntar, recibir información y publicar sin represalias. También implica que el Estado actúe con debida diligencia frente a amenazas o intimidaciones vinculadas al ejercicio de la profesión. Los 278 ataques relevados por FOPEA permiten dimensionar que no estamos ante hechos aislados, mientras que el caso de Mariana Mamaní muestra cómo estas tensiones pueden adquirir formas concretas en los territorios.
En tiempos difíciles, como aquellos en los que Walsh decidió “dar testimonio", garantizar que quienes comunican puedan hacerlo sin miedo también es una responsabilidad democrática. Cuando informar genera temor, cuando preguntar tiene costos o cuando investigar puede convertirse en un riesgo, el daño no termina en quien recibe la amenaza: se restringe la circulación de información, se empobrece el debate público y se debilita la capacidad de la sociedad para controlar a quienes ejercen poder. Por eso, defender a quienes informan es defender el derecho de toda la sociedad a saber; y es también, defender la democracia.
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