Una tragedia evitable

El 2 de septiembre de 2021, en la Unidad de la Brigada Femenina Sur de la ciudad de Concepción, se desató un incendio en el sector de detención.

En el lugar se encontraban alojadas Mailén Macarena Salinas, de 22 años y madre de una niña de seis años; Janet Jaqueline Saquilán, Micaela Rocío Mendoza y María José Saravia, todas privadas de su libertad bajo custodia de la Policía de la Provincia de Tucumán.

En un contexto marcado por el deterioro de las condiciones de encierro y reclamos que no fueron atendidos, se inició la quema de un colchón en el sector norte de la celda.

Ante los pedidos de auxilio de las jóvenes, las agentes que se encontraban de guardia no lograron abrir la reja a tiempo ni brindar una respuesta adecuada frente a la emergencia.

La rápida propagación del humo y de gases tóxicos, sumada a las altas temperaturas y a las condiciones inadecuadas del recinto, provocó la muerte de las cuatro mujeres por asfixia e intoxicación con monóxido de carbono.

Desde ANDHES asumimos la querella penal en representación de la familia de Macarena Salinas y, posteriormente, promovimos la acción civil en representación de Ariel Cardozo y Yanina Cardozo, tíos maternos y tutores legales de su hija menor de edad.

La causa penal: una exhortación al Estado provincial

En la causa penal caratulada “Lazarte María Fernanda y otras s/ Apremios ilegales, abandono de persona y otros delitos” (Legajo N.º C-006827/2021), el Tribunal del Colegio de Jueces Penales de Concepción dictó sentencia el 12 de abril de 2024.

Si bien las agentes policiales fueron absueltas por aplicación del beneficio de la duda, el tribunal realizó consideraciones contundentes sobre las condiciones en las que se encontraban alojadas las jóvenes y sobre las deficiencias estructurales del lugar de detención.

La sentencia señaló que las mujeres se encontraban alojadas en una dependencia policial que no reunía condiciones adecuadas para la detención permanente, y advirtió sobre la falta de capacitación específica del personal y de protocolos adecuados para actuar ante situaciones de emergencia.

Por este motivo, el tribunal exhortó al Estado provincial y al Poder Ejecutivo a implementar de manera urgente políticas públicas destinadas a garantizar la seguridad y condiciones dignas de alojamiento de las personas privadas de libertad, de acuerdo con las obligaciones establecidas por el artículo 18 de la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos, entre ellos la Convención Americana sobre Derechos Humanos y las Reglas Mandela.

La Justicia Contencioso Administrativa reconoció la responsabilidad del Estado

En el marco del juicio por daños y perjuicios (Expte. N.º 401/24), promovido por ANDHES en representación de los tutores legales de la hija de Macarena Salinas, la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo dictó una sentencia condenatoria contra el Superior Gobierno de la Provincia de Tucumán.

El tribunal ordenó el pago de $30.801.870,12 en concepto de indemnización por daño patrimonial y daño moral.

La sentencia consideró acreditada una falta de servicio por parte del Estado provincial, vinculada con el incumplimiento de sus deberes de seguridad y custodia respecto de las personas privadas de libertad bajo su responsabilidad.

Entre los elementos considerados por el tribunal se destacan:

• Elementos de seguridad vencidos: se constató que los matafuegos de la dependencia se encontraban vencidos desde agosto de 2019, más de dos años antes del incendio, y que el lugar no contaba con sistemas adecuados de extinción de incendios ni hidrantes.

• Infraestructura inadecuada: el establecimiento contaba con techos de madera de machimbre y lana de vidrio y las celdas no disponían de colchones ignífugos, condiciones que favorecieron la rápida propagación del fuego, el humo y los gases tóxicos.

• Incumplimiento del deber de custodia: el tribunal también consideró las deficiencias vinculadas con las requisas y el control de los elementos que ingresaban al lugar, en el marco del deber estatal de proteger la integridad física de las personas que se encuentran bajo su custodia.

El Estado es responsable

La condena judicial constituye un nuevo reconocimiento de una responsabilidad estatal que ANDHES y las familias de las víctimas vienen señalando desde el momento de la tragedia.

Las muertes de Macarena, Janet, Micaela y María José ocurrieron mientras se encontraban bajo custodia del Estado y en un espacio que no reunía las condiciones necesarias para garantizar su seguridad. El fallo vuelve a poner en evidencia que las condiciones de detención no son una cuestión secundaria: cuando el Estado priva a una persona de su libertad, asume también la obligación de proteger su vida y su integridad.

El uso de comisarías y dependencias policiales como lugares de detención permanente, sin infraestructura adecuada, sin medidas de prevención de incendios y sin condiciones dignas de alojamiento, constituye una vulneración de derechos que no puede naturalizarse.

La indemnización reconocida judicialmente constituye una forma de reparación para la hija de Macarena y su familia. Pero ninguna suma puede reparar la pérdida de una vida.

La reparación integral exige también que el Estado provincial adopte las medidas necesarias para que hechos como este no vuelvan a ocurrir: garantizar condiciones dignas de detención, adecuar la infraestructura, capacitar al personal y cumplir con los estándares nacionales e internacionales de derechos humanos.

Por Macarena Salinas, Janet Saquilán, Micaela Mendoza y María José Saravia. Las personas privadas de libertad tienen derechos. El Estado tiene el deber de garantizarlos.