A tres años del levantamiento popular que enfrentó la ilegítima y regresiva reforma constitucional impulsada por Gerardo Morales, las denuncias por graves violaciones a los derechos humanos —represión, uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias, allanamientos ilegales y heridos con lesiones permanentes, entre otras— continúan sin esclarecimiento ni sanción a los responsables.
Este escenario obliga a formular una pregunta incómoda: ¿qué ocurre cuando la justicia interviene, pero no para investigar la violencia estatal sufrida? ¿Puede la memoria convertirse entonces en un espacio de verdad y reparación frente a aquello que permanece sin juzgar?
En contraste, quienes participaron de aquellas movilizaciones sí enfrentan respuestas judiciales concretas: diecinueve manifestantes y referentes de distintas organizaciones sociales avanzan hacia un juicio oral, confirmando la persistencia de mecanismos de criminalización de la protesta social como una herramienta de disciplinamiento político.
El jujeñazo y las consecuencias de la reforma no deben entenderse como un mero hecho del pasado, hoy persisten víctimas y daños que requieren una reparación integral. La gravedad institucional de lo ocurrido no tiene precedentes y nos interpela sobre cuáles son los mecanismos de naturalización que operan en la sociedad jujeña, impidiendo visibilizar la magnitud de las violaciones de derechos humanos ocurridas.
La memoria como herramienta
Nuestra propia historia reciente argentina demuestra que sí. Durante años, las leyes de Punto Final y Obediencia Debida intentaron clausurar la investigación y el juzgamiento de los crímenes cometidos por la última dictadura cívico-militar, consagrando la impunidad como política de Estado. Sin embargo, fueron las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, los organismos de derechos humanos, los y las sobrevivientes y sus familiares quienes, con una lucha sostenida, mantuvieron viva la memoria del horror e impidieron que esa impunidad se convirtiera en olvido. Fue esa persistencia colectiva la que, décadas más tarde, abrió el camino para la reapertura de los Juicios de lesa humanidad.
Como sostiene Elizabeth Jelin, la memoria no consiste en conservar intacto el pasado, sino en disputar públicamente el sentido de lo ocurrido. Es un campo de conflicto frente a las narrativas oficiales. Allí donde el poder pretende imponer relatos que relativizan o silencian las violaciones a los derechos humanos, la memoria emerge como una forma de resistencia y de defensa de la verdad.
Vincular el jujeñazo a los procesos de memoria, verdad y justicia es esencial. El aprendizaje democrático de los ultimos 50 años frente al terrorismo de estado funciona como guía para frenar la impunidad que hoy aún impera en la provincia. No se trata entonces, solo de recordar, sino de utilizar esa experiencia histórica como motor contra el olvido.
La realidad de jujuy y el umbral del dolor
Por eso, recordar lo sucedido en Jujuy durante aquel amargo junio de 2023 trasciende la mera reconstrucción de un episodio de la historia reciente provincial, se vuelve una exigencia. Implica asumir una de las lecciones más profundas que la democracia argentina ha forjado a lo largo de cuatro décadas: ninguna violación grave a los derechos humanos puede quedar relegada ni sustraída de la conciencia pública. La memoria colectiva constituye entonces, el espacio donde las voces de las víctimas desafían los intentos de cesar la discusión sobre la violencia estatal.
Recordar es también un acto de justicia. No porque sustituya la responsabilidad de los tribunales, sino porque preserva la verdad de lo ocurrido cuando las respuestas institucionales resultan insuficientes, tardías o no existen. Al mismo tiempo opera como una garantía de no repetición: porque allí donde el olvido favorece la impunidad, se crean las condiciones para que las mismas prácticas vuelvan a desplegarse bajo nuevas formas.
¿Qué nos falta para que la justicia sea efectiva? Es evidente la falta de voluntad judicial, marcada por una relación de sumisión histórica hacia el Poder Ejecutivo, y a ello se suma una insuficiente presión social. Debemos preguntarnos: ¿estamos en una etapa de acumulación silenciosa o en un momento de agotamiento social? La injusticia se vuelve “tolerable” cuando el Estado, con la complicidad del cerco mediático, logra convencer a la sociedad de que sus derechos fundamentales son en realidad, privilegios. Como ya señalamos en nuestra nota anterior, las consecuencias de estas estrategias son tan profundas que buscan intimidad y lesionar al activismo. De esta manera se deja abierta la incógnita sobre cuál será el evento que simbolice el “chispazo” que transforme la memoria en movilización y acción política.
La acción
En este sentido, la persistencia del recuerdo colectivo interpela éticamente la acción judicial. La justicia jujeña tiene el deber de transformar esas memorias, testimonios, y denuncias en verdad judicial efectiva, identificando y sancionando a los responsables.
Se lo debemos a Joel, a Misael y a todas las personas que resistieron en las rutas y en las calles defendiendo sus derechos. Porque una democracia que renuncia a investigar su propia violencia compromete también su futuro.
Entonces, es esencial trascender el ejercicio del recuerdo y reflexionar sobre la responsabilidad que nos corresponde como colectivo. Debemos ser conscientes de que la reparación integral “no vendrá desde arriba”, deberá ser traccionada como siempre por nosotras y nosotros mismos, por nuestra propia capacidad de organización y por una comunidad que se niega a olvidar.
Autoras: Natacha Freijo - Paula Vega - Asistentes de la Línea de Defensa y litigio estratégico
