El 24 de febrero se conoció un fallo del Tribunal Supremo de Tucumán que ordena realizar un nuevo juicio en la causa por el homicidio de Facundo Ferreira, el niño de 12 años asesinado por dos policías. El fallo contó con los votos del presidente de la Corte, Daniel Leiva, junto a los vocales Antonio Estofán y Eduardo Romero Lascano y la disidencia de los magistrados Daniel Posse y Claudia Sbdar.

La sentencia se encuentra en sintonía con lo resuelto recientemente en el caso de Miguel Reyes Pérez, donde el único policía condenado por su homicidio fue directamente absuelto. Allí también el fallo contó con los votos de Leiva y Estofán.

“Ambas resoluciones muestran que la Corte Suprema de Justicia de Tucumán viene dando claras señales de legitimación de la violencia institucional y mensajes de cheque en blanco para los policías, en connivencia con el poder político provincial”, expresaron desde Andhes.

Estos fallos se dan en un contexto de avances de discursos que legitiman el gatillo fácil como herramienta de control social y disciplinamiento de los sectores más vulnerados. Preocupa, además, la violencia institucional que ejerce el poder judicial al no comunicar los fallos a las víctimas involucradas sino que deben enterarse a través de los medios de comunicación o por los abogados de los propios policías condenados.

Las organizaciones sociales nos encontramos en estado de alerta y preocupación ante un accionar de la Corte que es perjuicioso para fortalecer una sociedad democrática y respetuosa de los Derechos Humanos.