La Corte Suprema evitó pronunciarse sobre la constitucionalidad de la derogación de la Ley de Tierras por el DNU 70/2023 y resolvió el caso por una cuestión de legitimación. Así, dejó vigente el DNU, que habilita nuevamente la adquisición de tierras rurales por extranjeros, y se apartó de criterios previos sobre legitimación ciudadana para defender bienes colectivos. La decisión reabre el debate sobre tierras, agua y soberanía.
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