El actual diputado de la provincia de Buenos Aires, Miguel Ángel Pichetto, presentó el día 20 de marzo del 2024 un proyecto de ley llamado “Derogación de la prórroga de entrega de tierras a comunidades indígenas y nulidad de lo actuado” por el que busca derogar la Ley 26.160 de emergencia en materia de pueblos originarios e incorporar un texto a la Ley 23.302 sobre Política Indígena por la cual modifica algunas de las competencias y facultades del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). ¿Qué implicancias tiene hacia las comunidades indígenas esta propuesta en términos materiales y simbólicos en este contexto?.

Es necesario comenzar remarcando que el título del proyecto de ley no es ingenuo, sino más bien disparador de un sentido común, ya que Ley 26.160 no es una ley que tiene como objetivo “entregar” las tierras a los y las indígenas. Esto genera condiciones de posibilidad para distintas interpretaciones discursivas, con el riesgo de profundizar los discursos racistas, desviar la mirada sobre lo que realmente sucede en la vida de los pueblos indígenas (con cada vez menos posibilidades de ejercer nuestros derechos) y, en definitiva, corren el eje del debate sobre la importancia y la falta de cumplimiento de ciertos derechos como la propiedad comunitaria y la participación de los pueblos indígenas en la agenda política del Estado. 

Más allá de la dudosa técnica legislativa empleada en esta propuesta (su redacción es confusa y además dispone la retroactividad cuando la regla es la no retroactividad de las leyes) queremos analizar algunos puntos claves en relación al impacto de ciertas medidas y acciones que se vienen llevando a cabo en este contexto, y a la vez desempolvar viejos debates saldados y consensos establecidos en materia de derechos humanos de los pueblos indígenas, que, ante esta situación, cobra nuevamente importancia.

Para eso, vamos a hacer una reconstrucción cronológica de estos 140 días desde que asumió el nuevo gobierno, con hechos y medidas dispuestas relacionadas a los pueblos indígenas. Esto nos permite entender este proyecto dentro de un determinado contexto, mirando sucesos nacionales y provinciales. Luego vamos a traer algunos debates en relación a los derechos reconocidos de los pueblos indígenas, para seguir diciendo que el Estado se encuentra aún en mora en relación al cumplimiento de ellos. Por último vamos a poner el foco en la importancia de la participación de los pueblos indígenas en la definición de la agenda política del Estado. 

Crónica de un negacionismo anunciado

El proyecto del diputado Pichetto no es una propuesta aislada, existe una cronología de sucesos que aquí exponemos que nos permite introducirnos y exponer el sistemático plan de negación hacia nosotres, los pueblos indígenas. Esta reconstrucción la hacemos con hechos nacionales y de la provincia de Tucumán que dan cuenta de que sí existe una agenda política definida para los pueblos indígenas y es adoptar y profundizar su negación sistemática. 

• 26/01 Tucumán: el decreto 37/2024, publicado en el Boletín Oficial establece que Javier Miguel Critto, es el nuevo director del Archivo Histórico de la Provincia con la máxima categoría de la administración pública, más un adicional salarial del 100% dispuesto por el ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, invocando el decreto acuerdo N° 39/1-99. (Fuente: La Gaceta https://www.lagaceta.com.ar/nota/1029216/opinion/supremos-audios-pedicone.html). Critto es uno de los terratenientes con mayores denuncias por parte de las comunidades indígenas. 
• 3/04 Casa Rosada. CABA. Por orden de la Secretaría General de Presidencia, Karina Milei, se cambia el nombre del Salón de los Pueblos Originarios del Palacio por el de Salón Héroes de Malvinas. (Fuente: Casa rosada https://www.casarosada.gob.ar/slider-principal/50421-el-gobierno-nacional-nombro-heroes-de-malvinas-a-un-salon-historico-de-la-casa-rosada )
• 7/04 Parque Los Andes. CABA. Amanece vandalizado el Monumento del Malón de la Paz. En ese lugar descansaron nuestros ancestros del primer Malón de la Paz en 1946.
• 10/04 Tucumán. Se conoce la noticia de la designación de José María Posse como nuevo director del Museo Nacional Casa Histórica de Tucumán. Durante la gestión anterior bajo la dirección de Cecilia Guerra Orozco, se posibilitó un salón para la historia de los Pueblos Indígenas de Tucumán, el cual dejará de existir. Esta decisión responde a un pedido del actual legislador por Fuerza Republicana, Ricardo Bussi (hijo de un genocida) que fue denunciado de acoso sexual por una colaboradora de su partido, reconocido por sus posiciones conservadoras y negacionistas. (Fuente: La Palta https://lapalta.com.ar/palta-expres/jos-maria-posse-casa-historica).

Esta cronología nos permite seguir una definición de política desde las oficinas estatales de gobierno, tanto a nivel nacional como provincial, marcada por el negacionismo, retrotrayéndose a las viejas políticas de exterminio y asimilacionismo cultural. 

Sobre la ley 26.160 y el INAI

Las competencias que tiene el INAI como órgano del Estado destinado a regular en materia indígena, si bien fueron definidas en la Ley 23.302, su articulado nació con las fallas de las políticas de sesgo asimilacionistas y luego fue interpretada e implementada a la luz del desarrollo normativo sobre el contenido y alcance de los derechos humanos de los pueblos indígenas como consecuencia de la incorporación de los instrumentos de derechos humanos en nuestra constitución nacional luego de la reforma del año 1994. 

La Ley 26.160 ordenó un relevamiento jurídico, técnico y catastral que permite identificar los territorios que poseen las comunidades indígenas en Argentina. Por lo tanto, este proceso solo se limita a relevar e identificar esos territorios que las comunidades indígenas, de manera actual, tradicional y pública ocupan. Este proceso de relevamiento da como resultado una carpeta técnica que permite identificar no solo el territorio que es sujeto de esa posesión actual, tradicional y pública por parte de las comunidades indígenas, sino también el recorrido histórico de esa comunidad en esos territorios. La Ley 26.160 no otorga título de propiedad, no es su propósito, sin perjuicio de que, además, tampoco se finalizó con el proceso de relevamiento de todas las comunidades indígenas de nuestro país (hasta ahora, según datos del INAI, el 78% del territorio de las comunidades indígenas se encuentra relevado).

Es decir que estas leyes no cumplieron con las demandas del movimiento indígena en términos de derechos ni con las obligaciones del Estado en esa línea, en el sentido de proceder a la titulación y regulación de la propiedad comunitaria indígena. En ese marco, proponer su derogación o incorporar modificaciones que impacten en el reconocimiento y acceso a derechos, profundiza una situación de desigualdad y discriminación ante los pequeños y únicos avances que dió nuestro país. 

Además hay un tema central que trae esta propuesta y que nos parece importante resaltar: el debate sobre la personería  jurídica que no es menor porque se cruza y tiene que ver con nuestra identidad cultural como pueblos, con nuestra autodeterminación y autonomía. El Estado no puede decir y decidir quién es indígena y quién no, en qué momentos, cómo y cuánto serlo. Si bien en términos materiales esto sucede, la finalidad del reconocimiento de derechos, en relación a la personería jurídica, es declarativa y no constitutiva de derechos, porque sino atentaría con el reconocimiento de la preexistencia y a la vez con nuestra identidad cultural.  

Hasta aquí vemos que el Estado en su conjunto - más allá de sus gobiernos y el tiempo transcurrido- tiene obligaciones específicas en materia de derechos humanos de los pueblos indígenas y en estos términos sigue en mora en relación a ellos, especialmente en relación a los derechos territoriales. Entonces es necesario poner énfasis en que no es casual que surjan este tipo de propuestas ante este panorama, donde se vuelvan a instalar discursos racistas que niegan y retrasan aún más el acceso a nuestros derechos. 

La importancia de la participación política de las comunidades indígenas en este contexto

Al igual que el sistema occidental, las comunidades indígenas hemos aprendido a vivir con discursos de saberes que hoy se consideran dentro de las categorías de autogobierno, “autodeterminación” de los pueblos. Este saber ha sido, durante los históricos procesos que se encuentran bajo la lupa de este negacionismo expuesto, puestos en cuestión, socavados, desordenados. Sin embargo continúa persistiendo y existiendo pese a este avasallamiento histórico. Al igual que las generaciones más nuevas que convivimos en el mundo occidental, los pueblos indígenas hemos impulsado un reconocimiento dentro del sistema occidental una vez que se instalaron los estados modernos, de ello da cuenta el marco de estándares internacionales que regulan la vida material en los territorios.

Al igual que la lucha por el reconocimiento dentro de los derechos humanos, su implementación y aplicación es lo que nos ocupa y preocupa en nuestros territorios, y en estos tiempos. 

El contexto que nos encuentra hoy, nos avoca nuevamente a volver a insistir en todos estos tratados que vienen legitimando y valorándose por distintas organizaciones estatales, OSC, ONG 's, etc. Este contexto que permite volver a ponernos como enemigo interno es lo que posibilita el texto de Pichetto que permite mencionar no solo que los indígenas tenemos una ley de “entrega de tierras”. Luchamos todos los días por validar que aquí vivimos, aquí seguimos, que pertenecemos a este lugar. Todo el tiempo estamos validando nuestra existencia, y cada vez que lo hacemos tenemos que dar cuenta de que es digna, debemos demostrar que dignificamos.

En este contexto donde se debe tener la guardia alta, hoy más que nunca tenemos que estar alertas. Ahora se redobla la apuesta de la vieja llegada en el siglo XV: la fiebre del oro ahora es fiebre del litio y se lleva puestos ahora en lo discursivo los derechos de los pueblos indígenas, pero nuestras vidas siempre se vieron comprometidas no sólo individual sino colectivamente, no sólo presente sino hacia el futuro, y no sólo en cuerpo e integridad física sino también en nuestra espiritualidad, en nuestra cultura, en nuestra posteridad para las generaciones venideras.

La alarma que despierta Pichetto con su presentación de proyecto y en especial con ese titulo mal intencionado como si fuese  que hay una ley que entrega tierras a las comunidades, lo que provoca una oleada de violencia sobre nosotres; es además una alarma donde los pueblos de nuevo responden señalando que las acciones estatales tienen miramiento desde sus territorios, desde su vida tan ajena a la lógica occidental del Estado Moderno. Y eso también pone sobre la mesa y en las agendas, cuál es la participación política de las comunidades indígenas. Los pueblos deben tener un espacio, de lo contrario seguiremos en la disputa de buscar por espacios adyacentes para ser escuchades, como esta nota de opinión.