Los efectos colaterales de la criminalización extendida, no afectan solamente a la persona directamente perseguida, sino también alcanzan a todo su entorno familiar, comunitario y social involucrando el plano físico, social y espiritual. Reconstruimos estos efectos a través de los testimonios de los protagonistas del Jujeñazo.
Para toda nuestra sociedad es importante recordar que el Jujeñazo representa la lucha y la resistencia de un pueblo que no se doblega ante la demanda geopolítica y económica, que hoy sigue poniendo en riesgo el acceso al agua, el cuidado y la defensa de los bienes comunes, y por lo tanto, la continuidad misma de la vida en los territorios. Estos hechos no son aislados ya que se replican no casualmente en todo el sur global, donde se encuentran los llamados recursos estratégicos ubicados en gran parte sobre territorios indígenas y campesinos.
A dos años de los hechos represivos ocurridos en junio y julio de 2023 —el 16 en Abra Pampa, el 17 en el cruce de Purmamarca, el 20 de junio en San Salvador de Jujuy y el 1 de julio en Humahuaca— los daños sufridos no recaen únicamente sobre las personas directamente agredidas, detenidas o imputadas. La criminalización de la protesta desplegada por el Estado provincial trajo aparejadas consecuencias colectivas que alcanzan a comunidades enteras que fueron denunciadas tanto a nivel local y nacional llegando a hacerse eco hasta en el plano internacional.
La criminalización de la protesta trajo aparejados perjuicios significativos para los derechos y la integridad de las personas directamente implicadas, pero no sólo hablamos de detenidos, reprimidos e imputados, sino de todas las personas que vivieron en sus cuerpos la violencia institucional ejecutada, y cómo los efectos de la misma se extendieron a sus entornos más cercanos (familias, vecinos y allegados); generando impactos diversos y colectivos; desde el plano material y económico hasta llegar a daños psico-emocionales e incluso espirituales.
Los testimonios aquí compartidos fueron recolectados durante distintas actividades desarrolladas por el Área de Derechos de los Pueblos Indígenas de ANDHES – Jujuy, entre 2023 hasta la actualidad, desde las permanencias, en espacios comunitarios, asambleas, talleres y encuentros realizados en territorios de la provincia en los cuales participamos y acompañamos. Fueron registrados con consentimiento informado, resguardando la identidad y el contexto de las personas participantes.
Daños económicos y materiales
Durante estos años hemos podido recabar distintos testimonios que den cuenta de algunas consecuencias de la criminalización extendida, una de ellas se refiere a los daños económicos y materiales.
A través de los testimonios, pudimos evidenciar que gran parte de los y las manifestantes de los cortes y permanencias en la quebrada y puna jujeña, fueron identificados y perseguidos en sus lugares de trabajo, en varios casos recibiendo amenazas de despido de forma directa e indirecta y en otros se produjo la desafectación de sus cargos dependientes del Estado provincial o empresarios afines. A su vez en los relatos de empleados y empleadas municipales de distintas localidades se pudieron identificar distintos métodos para desalentar la participación en las protestas como: sobrecarga de horas adicionales, suspensiones y descuentos salariales injustificados.
Algunos testimonios que reflejan estos hechos fueron los siguientes: "mi jefe me llamó y me dijo que ni me quiere ver cerca de los cortes" (Lucrecia, 34 años empleada de una importante empresa, testimonio recabado el año 2023); "este mes - refiriéndose a junio del 2023- me descontaron casi la mitad del sueldo sin ningún motivo. Dicen que es por estar en el corte." (Mónica, 48 años, empleada municipal); "ya me tienen en la mira, me dijeron que si sigo así me olvide que voy a entrar a planta permanente" (Silverio, 40 años, empleado municipal contratado, testimonio recabado en el 2023).
Daños sociales y políticos
Tal como relatan distintas notas publicadas por medios de comunicación, durante los hechos represivos ocurridos en la provincia, fueron numerosas las personas que señalaron la presencia de efectivos de civil o posibles policías infiltrados. Su participación habría tenido como propósito identificar referentes indígenas y obtener información desde dentro de los espacios de protesta. En varias ocasiones hasta lograron interceptarlos al intentar movilizar a la multitud al descontrol y la violencia, y hasta en una oportunidad ingresaron un bolso con pertenencias policiales. La intencionalidad era clara, se pretendía atacar la imagen de las manifestaciones pacíficas para desacreditarlas como pertenecientes a grupos vandálicos que venían a romper la llamada "paz social".1
Otro punto importante, fue la individualización y estigmatización de cada referente hombre y mujer presentes en los cortes, a través de dinámicas de persecución de cada uno y cada una. como así también la de su familias en sus lugares de origen. Un ejemplo claro es un caso en la localidad de Abra Pampa, donde la policía detuvo en la vía pública a unos adolescentes para interrogarlos sobre la ubicación de sus padres. Una vecina confirmó está información agregando "a los chicos los agarraron en la calle y les preguntaron que dónde estaban sus padres, si se habían ido al corte". Otras personas aseguraron que esta modalidad la usaban con toda la gente que estaba en las permanencias: "Si no era la policía, andaba gente extraña que no era del lugar, preguntando por mi casa. Averiguando con los vecinos si nos habían visto. Menos mal entre nosotros mismos nos cuidamos y nadie informaba nada". (Julia, 47 años, madre de un paraje puneño).
Finalmente en este orden cabe señalar otra forma de criminalizar y perseguir a referentes y defensores de derechos humanos y territoriales fueron los mecanismos de desacreditación y deslegitimación social que se armaban en las redes sociales y medios de comunicación. Como una “práctica de castigo” a quienes sostenían los puntos de protesta, se realizaban campañas de difamación desde perfiles de facebook falsos y desde grupos de Whatsapp, exponiendo la imagen de los referentes, información de sus vidas privadas con datos falsos y hasta vinculaciones político-partidarias para generar odio y rechazo en sus entornos más próximos; generando como consecuencia divisiones internas y desarticulación. En la voz de una referente afectada se pudo notar tal efecto: "No se puede vivir así, te atacan todo el tiempo y se meten hasta con tu familia. Me inventaron cada cosa que a mí no me afecta, pero a mí familia sí. Ellos ya no quieren que siga metida en todo esto, tienen miedo de lo que pueda suceder. Ya no quieren ni salir de la casa porque se ponen mal. No ven la hora de que todo esto se acabe" (testimonio del año 2024).
Sin embargo lo más llamativo de esto es que aún habiendo transcurrido dos años, muchas de las personas manifestantes cuentan que aún padecen estos agravios de forma inevitable. Hacia el interior de cada comunidad, pueblo o paraje ya se conocen todos por ser "pueblo chico, infierno grande". La persecución de quienes han participado de los cortes y protestas se da con represalias en distintos ámbitos, desde la negativa o no respuesta a pedidos formales por parte de las comunidades indígenas a los municipios; el rechazo de las empresas a perfiles laborales que hayan estado vinculados con los cortes de ruta (desempleo); el hostigamiento por parte de punteros políticos dentro de las comunidades que se dedican a atacar de diferentes formas a los defensores de derechos humanos y territoriales. En el caso de las empresas mineras también lograr incidir en estas alianzas adjudicando a sus opositores el rechazo al desarrollo y progreso de tal o cual comunidad, la pérdida de oportunidades laborales en estos tiempos de crisis económica aguda, así como la enemistad con el gobierno provincial que los excluye de ciertos "beneficios" ya sean proyectos, obras o recursos necesarios.
Daños psicológicos y emocionales
Así como lo señalan los informes de organizaciones internacionales de derechos humanos2, las secuelas de la represión vivida en 2023 han socavado de forma traumática a la población afectada. Ya que en los casos de los cortes sobre la ruta 9 la gran mayoría eran personas que por primera vez participaban de una protesta. No se encontraban preparados ni física ni emocionalmente para afrontar una represión tan feroz. Tal cual lo señala el informe de la Federación Internacional de Derechos Humanos del 2024.
Esto ha llevado a producir un estado de shock en muchos y muchas manifestantes, generando cuadros de ansiedad y depresión en muchos casos ante la incertidumbre de no saber cómo afrontar sus vidas luego de estos sucesos marcantes. Sin lugar a dudas tal y cual lo señalan constantemente todas las personas, la represión y persecución del 2023 ha marcado un antes y un después en la vida de todos. Quiénes transitan el cruce de Purmamarca con cierta frecuencia, ese espacio físico de resistencia (hoy ocupado por una casilla policial) trae instantáneamente a la mente todos los recuerdos más dolorosos y tristes que se vivieron: "Para mí es muy fuerte pasar por el cruce, me hace mal, me lo recuerdo todo como si hubiese sido ayer… es increíble todo lo que nos hicieron" (Osvaldo, 39 años, remisero de la zona quebradeña).
Otros casos desconcertantes son los de aquellas familias que luego de haber sufrido la represión se replegaron en sus casas sin salir casi a ningún lado. La gente vecina cuenta que ya no se les ve, se la pasan encerrados y ya no quieren participar de ninguna actividad. Para un dirigente mayor de la Quebrada que ha visto estos casos se trataría de situaciones muy delicadas de las que nadie habla: "es horrible tener que vivir con miedo, a veces uno está más preparado porque ya lo vivió antes, pero está la gente que jamás la pasó. Se encierran en sí mismos sin recibir ningún tipo de ayuda y quién sabe cómo la están pasando".
Los daños también se vieron reflejados de forma indirecta hacia las familias e incluso las niñeces que sabían “a su forma” lo que sucedía en los cortes de ruta. Una abuela relató y solicitó ayuda en la escuela primaria donde asistía su nieto, contó que el niño ya no quería asistir a clases porque no quería que sus abuelos lo dejaran y se vayan al corte. Su abuelo fue uno de los detenidos durante la represión. "Él llora y no quiere que vayamos al corte, tiene miedo a la policía cada vez que ve a uno en la calle. En esos meses iba a la escuela y se deprimía, no hacía las tareas y no quería ni comer.” Todos los niños del pueblo sabían qué era la represión aún sin haberla vivido. (Miriam, 50 años. Abuela de Lucas en ese entonces de 8 años de edad).
Hablar de lo sucedido inclusive con personas ya experimentadas resulta delicado. Al consultar a una representante indígena, que también es sindicalista, por una posible entrevista para contar sobre cómo está su situación luego de estos dos años, la respuesta fue contundente y casi negativa. Aún vivencia -así como la gran mayoría- situaciones de tensión, amenazas y hostigamiento en su cotidianidad. Llegando a darle temor su sola exposición por posibles consecuencias hacia ella o su familia: "Yo sé que es necesario seguir denunciando estos atropellos. Pero ahora debo cuidarme más que antes, ahora siento más peligro con todas estas reformas...debo pensar en mis hijas, porque hasta en la escuela les dicen cosas. Si sólo por defender lo justo nos inventan causas, da mucha bronca pero ahora no me queda de otra más que cuidarme." (Yésica, 42 años, madre puneña).
Daños espirituales
Para el caso de la población indígena jujeña, la noción del ser se complementa entre el cuerpo y espíritu (ajayu o alma). Esta dualidad, en equilibrio, son las propiciadoras del bienestar y también del llamado "Buen Vivir" para el pensamiento andino. La feroz represión ocasionó fuertes lesiones físicas y emocionales pero también espirituales.
El espíritu o ajayu es como el fuego interior que mantiene vivo al cuerpo. Al dañarse o alejarse de su materialidad puede producir daños y trastornos severos dependiendo del grado de afectación.
En el caso de las represiones sufridas en el cruce de Purmamarca, las personas comentan —hasta al día de hoy— que el daño espiritual aún persiste. Así lo expresaron durante la reciente visita de Amnistía Internacional, cuando se presentó el informe sobre los hechos ocurridos3: una hermana de la puna manifestó "Nosotros todavía estamos curando nuestros ajayus (espíritus), hacemos nuestras ceremonias para sanarnos porque todavía no se han curado" (testimonio durante la presentación del informe Amnistía, año 2025). Esto no es menor al momento de reflexionar sobre la complejidad y profundidad de la idiosincrasia indígena, se trata de aspectos y cosmovisiones culturales constitutivas del ser, en una vida interrelacionada entre hombre/mujer - cosmos y naturaleza.
Desde una noción básica de interculturalidad, puede afirmarse que las consecuencias de todos los hechos sucedidos en el 2023 han sido devastadores. Arrasando a quienes defendían sus derechos y sus territorios en su totalidad, desde su más profundo ser y sentir. Incluso desconectándoles de su plano espiritual, con tiempos de curación que exceden los de la sanación física. Una joven relató que por la represión del cruce de Purmamarca hubieron niños que quedaron "asustados" (refiriéndose al mal del "susto": la salida fugaz del alma por causa externa). Hasta un año después continuaban teniendo pesadillas, despertándose por las noches entre gritos y llantos, como si aún oyeran los disparos.
Así como en los niños, los daños espirituales también los sufrieron los mayores. Una abuela de la Quebrada relató sobre su hijo de 40 años: "él quedó como apagado desde que sufrió eso, ya no tiene ganas de hacer nada. Apenas si sale a trabajar y está siempre decaído, hasta el apetito ha perdido y come poco. Está más flaco y yo le digo que vaya a hacerse ver con la curandera pero él no quiere". (Ramona, 67 años).
Así con un leve repaso de algunas de las formas de afectaciones y consecuencias que han recibido los y las defensores de Derechos Humanos y de la naturaleza, podemos dimensionar lo difícil que aún resulta, sobrellevar los efectos de lo que fue el llamado "Jujeñazo" o la lucha contra la Reforma. Todos estos casos, demuestran esta criminalización extendida, los efectos colaterales y colectivos que dejaron marcas tanto materiales, políticas y subjetivas de la violencia vivida. Es necesario actualizar aún más la realidad en cada una de las voces que guardan consigo los testimonios más latentes de este tramo de nuestra historia reciente, que sin lugar a dudas ha implicado y perjudicado a una totalidad de manifestantes más allá de los números de imputados o detenidos; dimensionando así el impacto colectivo de estas prácticas.
¡Justicia para los jóvenes heridos!
¡Absolución para los imputados por luchar!
¡Arriba los Derechos y las Wiphalas!
¡Abajo la Reforma Inconstitucional!
Colaboradoras: Ariadna Espindola Pinela - Rocío Gutierrez
1 Notas periodísticas de referencia: https://www.tiempoar.com.ar/ta_article/el-accionar-de-la-policia-jujena-detras-de-la-represion-uso-de-infiltrados-y-la-caceria-por-los-barrios/
2 Fiebre Por El Litio: Derechos de Pueblos Indígenas Bajo Amenaza en Jujuy, Argentina: Fiebre Por El Litio: Derechos de Pueblos Indígenas Bajo Amenaza en Jujuy, Argentina - FIDH https://es.scribd.com/document/723933775/Fiebre-por-el-litio-derechos-de-pueblos-indigenas-bajo-amenaza-en-Jujuy-Argentina#from_embed
Informe CIDH «Ataques y criminalización…» (2024) Informe de audiencia temática “Ataques y criminalización de personas defensoras indígenas y ambientales en las Américas” en el 190 Periodo de Sesiones de la CIDH - DPLF
Coordinadora del Área de Derechos Indigenas (Jujuy)
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