El 7 de junio se celebra en nuestro país el Día del Periodista y de la Periodista. La fecha fue elegida en honor a La Gazeta de Buenos Ayres, fundada este mismo día en 1810, y valorada por su importancia como medio de difusión de las ideas de la Primera Junta de Gobierno. Desde sus orígenes, el periodismo argentino estuvo ligado a la construcción de ciudadanía y a la defensa de la libertad.

Paradójicamente, La Gazeta, primer periódico nacional durante la etapa independentista del país, ya expresaba la importancia de la difusión de los derechos y el conocimiento de ellos como un antídoto contra el sometimiento de los más poderosos y para combatir la ignorancia. Su propósito era informar al pueblo sobre la conducta de sus representantes, garantizar la transparencia en el ejercicio del poder y fomentar el libre pensamiento.

Mariano Moreno, su fundador, sostenía que restringir la palabra era condenar al error, la mentira y el fanatismo. Hoy, más de dos siglos después, esa advertencia resuena con una fuerza particular. En estos tiempos, en un contexto de creciente autoritarismo en nuestro país, estas ideas fundacionales se ven amenazadas por políticas que buscan silenciar la verdad y uniformar el relato.

Cuando la verdad se vuelve un blanco: los desafíos del presente

“El periodismo es libre o es una farsa, sin términos medios” Rodolfo Walsh

No es casual que el actual gobierno haya elegido al periodismo como uno de sus principales blancos políticos. Tampoco parece ser algo nuevo: toda política autoritaria necesita acallar voces, concentrar narrativas y deslegitimar a quienes osan incomodar al poder de turno. 

Sin embargo, lo que sí parece alarmante es la naturalización del desmantelamiento de medios públicos, como las corresponsalías de Télam y los recortes en Radio Nacional. A esto se le suma la concentración de poder mediático en unos pocos, brindar entrevistas selectivas a medios de comunicación cercanos al poder, las amenazas a colegas que buscan incomodar ante el ejercicio del poder y el sistemático hostigamiento y estigmatización de quienes piensan distinto. Desde el poder, entonces, se impulsa constantemente una narrativa que tensiona los límites entre la libertad de expresión y los discursos de odio, desdibujando intencionalmente esa frontera.

Desde ANDHES, advertimos con preocupación esta avanzada. El periodismo debe cumplir su función pública: visibilizar lo oculto, denunciar las injusticias, fiscalizar el poder e informar lo que otros quieren ocultar, dando voz a los que históricamente han sido silenciados. Cuando esa función se ve amenazada, lo que está en juego no es solo el derecho de quienes informan, sino el derecho fundamental de toda una sociedad a estar informada. 

La censura hacia el periodismo ya no se oculta ni se disfraza. En un clima donde se banaliza el genocidio, se relativiza el terrorismo de Estado y se niega cualquier tipo de violencia institucional, todo parece estar permitido. Los y las periodistas que eligen contar esas historias quedan expuestos a campañas de difamación, estigmatización, hostigamiento digital y amenazas. 

Insultos, amenazas, hostigamientos, estigmatización y difamación: la lista de agresiones hacia periodistas y medios que difieren con las políticas públicas durante la actual gestión es extensa y alarmante. 

Un ejemplo reciente y palpable de esta situación es el ataque sufrido por Pablo Grillo, fotoperiodista agredido por una cápsula de gas lacrimógeno de las fuerzas de seguridad mientras cubría la marcha de jubilados del pasado 15 de marzo. Lejos de ofrecer explicaciones o asumir responsabilidades, la ministra de Seguridad defendió públicamente el accionar policial.

Otro ejemplo reciente es el de Santiago Caputo, asesor del presidente Javier Milei. Caputo tomó una foto de la credencial de prensa de un fotógrafo que estaba realizando una cobertura. El episodio salió a la luz el mismo día que el Presidente de la Nación publicó en sus redes sociales: “la gente no odia lo suficiente a los periodistas”. 

Estos casos, lejos de ser aislados, evidencian un patrón preocupante. Desde Nación se intentó imponer nuevamente la licencia para periodistas; se limitó el número de preguntas en las conferencias de prensa con el vocero presidencial; se impuso un régimen de vestimenta. Todos son casos que buscan obstaculizar el trabajo de los profesionales del periodismo.

Entonces, ¿qué libertad de prensa puede existir genuinamente en un país donde el periodismo es agredido física y verbalmente, con el conocimiento, y a veces la justificación, de las propias autoridades ejecutivas y de seguridad?.

La violencia simbólica promovida por funcionarios a través de redes sociales, las operaciones mediáticas orquestadas contra comunicadores críticos y la consolidación de medios concentrados al servicio de intereses económicos particulares configuran un ecosistema profundamente hostil para el ejercicio de un periodismo verdaderamente libre e independiente. La pregunta latente ya no es solo qué se puede decir, sino qué se está dejando de decir por miedo a represalias. Y esa autocensura impuesta o inducida es también una forma de censura, quizás aún más peligrosa por su carácter invisible.

El rol irrenunciable: visibilizar, denunciar, informar

En este día conmemorativo, desde ANDHES reafirmamos nuestra convicción sobre el rol fundamental del periodismo en un contexto donde la palabra moldea el sentido, legitima la violencia o, por el contrario, abre senderos hacia la justicia y la reparación. Invitamos a reflexionar sobre la urgencia de una comunicación genuinamente comprometida con los derechos humanos; una comunicación que asuma el desafío de visibilizar las profundas desigualdades y los abusos que atraviesan nuestra sociedad, sin caer en la reproducción de estigmas ni la amplificación de discursos de odio.

Celebramos a quienes sostienen la tarea de informar con dignidad en condiciones precarias, con salarios deteriorados, sin pauta, sin respaldo, sin garantías. A quienes desde radios comunitarias, medios autogestivos o espacios alternativos mantienen viva una forma de hacer comunicación con compromiso ético, memoria colectiva y la cercanía a las comunidades.

El derecho a la información es un derecho humano. El periodismo no es enemigo del pueblo ni tiene que serlo: debe ser un trabajo al servicio del mismo, luchando contra el poder y las injusticias que en él se manifiestan. El enemigo es el silencio que se impone, el miedo y la violencia como método, la mentira sistemática y las amenazas como política de estado. 

En este 7 de junio, alzamos nuestra voz en solidaridad con quienes, con valentía y convicción, continúan narrando la realidad, descorriendo el velo de la manipulación y dándole voz a quienes no la tienen. Porque un periodismo que no se arrodilla, un periodismo incómodo para el poder, es también, y fundamentalmente, una forma esencial de justicia social.